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“Memoria histórica no puede quedar subordinada al ajuste fiscal”: organismos DDHH rechazan recortes CULTURA Crédito: Melian Riffo/Londres 38

“Memoria histórica no puede quedar subordinada al ajuste fiscal”: organismos DDHH rechazan recortes

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La Red Nacional de Sitios de Memoria y la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Patrimonio pidieron al Congreso garantizar los recursos necesarios para la protección de la memoria, la cultura y el patrimonio.


Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos manifestaron este martes en el frontis de la Biblioteca Nacional su rechazo a los recortes a los sitios de memoria y otros en el Presupuesto 2027, según un comunicado.

Según denunciaron desde la Red Nacional de Sitios de Memoria y la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Patrimonio (ANATRAP), en base al proyecto de ley, el financiamiento destinado a Sitios de Memoria disminuiría un 59,6%, el Fondo Concursable del Patrimonio un 69,6% y los recursos para el Mejoramiento Integral de Bibliotecas un 67,5%.

“Estas reducciones comprometen la continuidad de iniciativas fundamentales para la preservación de nuestra memoria histórica, la protección del patrimonio y el ejercicio de los derechos culturales”, indicaron.

“La memoria, la cultura y el patrimonio son derechos, no privilegios ni gastos prescindibles. Su protección constituye una responsabilidad irrenunciable del Estado y una condición fundamental para una sociedad democrática que reconoce su historia, valora su diversidad y garantiza los derechos de las generaciones presentes y futuras”.

Además advirtieron, en particular, que los sitios de memoria y todas las acciones. documentales y de resguardo de la memoria, son, además, componentes testimoniales de la verdad histórica para los avances en materia de justicia.

“Desde el retorno a la democracia, han sido las organizaciones de familiares, de derechos humanos, sociales y de la cultura y los patrimonios, las autoconvocadas a trabajar en la defensa, la protección y conservación de la memoria en sus más diversas formas de expresión. Han pasado 36 años desde aquel momento y se ha recorrido un proceso inconmensurable de trabajo autogestionado, experiencia, y avances concretos”.

Para las organizaciones, hoy el Estado es el sujeto obligado a establecer las garantías de no repetición y a resguardar la memoria histórica como un patrimonio “de nuestra sociedad democrática, y nosotros y nosotras estamos aquí para exigir que esto se cumpla y haremos lo necesario para que el actual gobierno lo respete”.

“En todo el territorio nacional, estas decisiones amenazan con profundizar las  desigualdades en el acceso a la cultura y debilitar el trabajo de comunidades, organizaciones y espacios dedicados a la preservación del patrimonio material e inmaterial y de la memoria colectiva”, alertaron.

Para las entidades resulta especialmente grave la reducción de recursos destinados a los Sitios de Memoria, en tanto espacios fundamentales para la verdad, la justicia, la reparación simbólica y las garantías de no repetición frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en Chile.

“La preservación de la memoria histórica como una obligación del Estado, no puede quedar subordinada exclusivamente a criterios de ajuste fiscal”, expresaron.

Las entidades interpelaron directamente al Gobierno del Presidente José Antonio Kast, responsable de presentar el proyecto de Ley, a asumir las consecuencias sociales, culturales y democráticas de sus decisiones. Asimismo, exigieron al Congreso Nacional ejercer plenamente su responsabilidad en la discusión presupuestaria, revisando estas reducciones y garantizando los recursos necesarios para la protección de la memoria, la cultura y el patrimonio.

“Como organizaciones comprometidas con los derechos humanos y la cultura patrimonial, reafirmamos la defensa de la memoria y los patrimonios como derechos irrenunciables de nuestro pueblo, su identidad y de nuestra democracia”, concluye la declaración.

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