Chile como territorio libre de derechos de autor para la IA

El Ejecutivo, en el marco del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, ha sorprendido al sector cultural y a los generadores de contenido en general al introducir una excepción que valida, sin matices, el uso de obras protegidas por derechos de autor para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

La sorpresa obedece a varios factores. En primer lugar, porque se trata de la misma excepción que el Ejecutivo anterior intentó impulsar —sin éxito— durante la discusión de la ley de Inteligencia Artificial. Es decir, en esta materia, gobiernos ubicados en las antípodas ideológicas, como los de Gabriel Boric y José Antonio Kast, parecen coincidir en sus términos.

Pero no hay que confundirse. Lo que opera aquí es una industria con un poder de influencia y lobby sin precedentes, capaz de alinear a gobiernos tan distintos en torno al debilitamiento de la protección del contenido intelectual creado por personas de carne y hueso frente a la utilización masiva que de él realizan los algoritmos.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos escenarios. En el primer caso, frente a la respuesta crítica generalizada de los creadores y titulares de derechos, el gobierno retrocedió y presentó una indicación que limitaba el alcance de la excepción únicamente a fines de investigación, que finalmente fue desechada.

Hoy, en cambio, el Ejecutivo insiste en la excepción y ofrece una suerte de “propina”, proponiendo la creación de un Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual como moneda de cambio para legitimar esta autorización.

También sorprende que esta excepción se incorpore en un proyecto cuyo objetivo declarado es la reconstrucción y el desarrollo económico del país. De manera, al parecer ingenua, el gobierno supone que reconocer esta excepción incentivaría la instalación de empresas de inteligencia artificial en Chile, promoviendo así el desarrollo económico y social.

Lamentablemente, la realidad parece muy distinta. El verdadero efecto de esta excepción sería convertir a Chile en un territorio libre de derechos de autor para la comercialización de herramientas y servicios de inteligencia artificial destinados a generar todo tipo de contenidos y que, en muchos casos, ya fueron entrenados utilizando enormes volúmenes de obras protegidas.

Y es que, por otro lado, la hipotética instalación de estas empresas en un país que – quiera que no – pasaría a transformarse en un territorio libre de derechos de autor para la IA, no permitirá a dichas compañías justificar la ausencia de autorizaciones o licencias en aquellos mercados donde el contenido intelectual sí continúa protegido.

Este es un mercado global y el hecho de que el acto de entrenamiento se haya realizado en Chile no impedirá que dichas compañías enfrenten exigencias al momento de comercializar sus herramientas en jurisdicciones donde el contenido intelectual sí continúe protegido

En ese sentido, si lo que realmente busca el Ejecutivo es promover el desarrollo económico y atraer inversiones tecnológicas, existen herramientas mucho más razonables y eficaces, como los incentivos tributarios, el fortalecimiento del capital humano, la inversión en infraestructura digital y el apoyo a la investigación y desarrollo, entre muchas otras medidas capaces de hacer atractivo al país para este tipo de industrias.

Lo que no parece razonable es echar por la borda la protección del derecho de autor precisamente en una de las discusiones más relevantes que ha debido enfrentar esta disciplina en toda su historia y que definirá la trayectoria de la creatividad humana frente a la creatividad generada por algoritmos.

De prosperar esta excepción, nuestro país, sin obtener nada a cambio, pasará a contabilizarse como un precedente favorable a la industria de la IA en una discusión que hoy se está dando a nivel global. Y ciertamente, la creación de un Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual no compensa aquello.

Lo que necesita la creatividad humana no es una “propina”, sino un compromiso robusto de las autoridades, expresado en una política pública opuesta al consenso que el lobby tecnológico, en mayor o menor grado, ha logrado instalar en nuestros Poderes Ejecutivos, de lado y lado, y que hoy parece inclinarse en favor de los algoritmos en lugar de defender decididamente la creatividad de los seres humanos.

La esperanza del sector creativo radica ahora en la sensatez de nuestro Poder Legislativo.