Opinión
Es un secreto a voces que Marcos Emilfork aspira a reemplazar a Juan Pablo Gómez como fiscal de la V Región, quien es del círculo cercano de Abbot y esposo de la ex ministra de Justicia, en el primer gobierno de Piñera, Patricia Pérez. Si con su enfoque de ASCAR le mueve el piso a Blanco en el CDE sin incomodar a nadie con poder, es un pepito gana doble con el Gobierno, el que de carambola podría designar un reemplazante del oficialismo en ese organismo ante la eventual renuncia de la ex ministra.
En el crispado ambiente político no pasa desapercibido el juego de Marcos Emilfork con la investigación del caso Ascar. Ella, motivada por la muerte de niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encontraban bajo protección de la red asistencial del SENAME, no avanza con la fluidez que el caso amerita. El foco puesto por la Contraloría General de la República al programa ASCAR (Aseguramiento de la Calidad de las Residencias), que nació como una respuesta de urgencia al tema en el año 2013, pese a los datos que dado a luz, no ha sido suficiente para que Emilfork produzca buenos resultados.
Uno de los aspectos que más se le critican es que ha seguido una pauta comunicacional por la prensa con opiniones en contra de José Antonio Gómez y especialmente Javiera Blanco (entrevistas a Canal 13 y La Tercera), señalando que seguramente los llamaría como imputados, pese a existir una larga lista de ex funcionarios que debían estar en su mira. Lo hecho, va contracorriente de los lineamientos entregados por el fiscal nacional Jorge Abbott, a propósito de una situación similar, en que ordenó un sumario interno en contra de Emiliano Arias por considerar que sus declaraciones sobre el caso Incendios de la VI Región rompían el silencio público obligatorio para del organismo acusatorio.
Con Emilfork no hizo nada, y cuando José Antonio Gómez le reclamó formalmente el hecho, le contestó a través de su jefe de Gabinete que le “había dado traslado a Emilfork para que informara”.
El Informe final de auditoría a los fondos del programa ASCAR de la Contraloría General de la República (59/2018) entregó un conjunto muy amplio de irregularidades cometidas desde los orígenes del programa el año 2013, cuando era ministra de Justicia Patricia Pérez Goldberg, y Subsecretario Juan Ignacio Piña, quien luego fue nombrado por Sebastián Piñera, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, CDE.
[cita tipo=»destaque»]Según la carpeta investigativa a la que tuvo acceso el autor de esta nota, y de acuerdo a lo declarado voluntariamente por la ingeniero comercial Sereli Pardo Zúñiga, sectorialista de Justicia del ministerio de Hacienda, fue Dan Muñoz Silva fue quien le pidió vía correo electrónico en julio de 2013 una reasignación presupuestaria desde Gendarmería a la Subsecretaría destinada a pagar honorarios. Tal solicitud que debiera haber sido hecha a través de un documento formal, como un Oficio, fue pedido de manera irregular con ese correo, según consta en su declaración “debido a la urgencia y a la premura de dar marcha al Programa”, lo que después fue visado por Rossana Costa y el Ministro Felipe Larraín. En el presupuesto siguiente se hicieron arreglos para que el programa tuviera una glosa, pero durante más de dos años funcionó de manera irregular.[/cita]
Estas se refieren especialmente a “ la ausencia de un acto administrativo” que creara el programa, donde “ se establecieran su justificación, los lineamientos estratégicos, objetivos, cobertura, metas e indicadores que permitieran su posterior evaluación”; que al no existir esto no se puede “determinar que los productos y reportes generados(….) hayan significado un aporte concreto al SENAME” ni “se tradujeron en una política pública”; y que las cuentas rendidas sobre los contratos de honorarios (la mayoría de 2013 y 2014), no podían imputarse al programa. Se señala que dadas las observaciones iniciará un proceso sumarial “a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas que puedan involucrar a los funcionarios involucrados”.
Muchos de ellos ya no están en el Ministerio pero si tienen cercano conocimiento del programa y, por lo menos, podrían ser citados como testigos por Emilfork. Como la exministra Pérez Goldberg, el subsecretario Juan Ignacio Piña, iniciadores del programa, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, José Antonio Gómez, Javiera Blanco y Jaime Campos, ministros de Michel Bachelet, los subsecretarios Marcelo Albornoz Serrano, Ignacio Suárez Eytel y Nicolás Mena Letelier, y Dan Muñoz Silva, ex Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Justicia el 2013 y hoy Auditor ministerial del Ministerio de Justicia.
En estricto rigor la lista podría ampliarse incluso a la Jefa de DIPRES de la época, y el Ministro de Hacienda Felipe Larraín, quienes firmaron asignaciones presupuestarias ilegales para el programa en sus inicios.
Según la carpeta investigativa a la que tuvo acceso el autor de esta nota, y de acuerdo a lo declarado voluntariamente por la ingeniero comercial Sereli Pardo Zúñiga, sectorialista de Justicia del ministerio de Hacienda, fue Dan Muñoz Silva fue quien le pidió vía correo electrónico en julio de 2013 una reasignación presupuestaria desde Gendarmería a la Subsecretaría destinada a pagar honorarios. Tal solicitud que debiera haber sido hecha a través de un documento formal, como un Oficio, fue pedido de manera irregular con ese correo, según consta en su declaración “debido a la urgencia y a la premura de dar marcha al Programa”, lo que después fue visado por Rossana Costa y el Ministro Felipe Larraín. En el presupuesto siguiente se hicieron arreglos para que el programa tuviera una glosa, pero durante más de dos años funcionó de manera irregular.
En la auditoría de la Contraloría esta es una observación altamente compleja (AC) por ser una infracción de la Ley de Presupuestos, y eventualmente encerrar la comisión de un delito funcionario.
Los datos de esta auditoría y de otra de 2014 de la Unidad de Auditoría Interna del mismo ministerio de Justicia, que dejan claro donde están parte importante de los problemas de honorarios y malas inversiones como el programa informático, no han sido suficientes para que el fiscal llegue a conclusiones y acelere la causa. Ello sin considerar los antecedentes proporcionados por Sereli Pardo Zúñiga y la propia ex ministra Patria Pérez, quien declaró ya en abril de 2017, aparentemente de manera voluntaria. Con todo, el fiscal ha preferido un ambiguo rol comunicacional que dejan la impresión de parcialidad y de estar notificando a través de la prensa.
La declaración de la ex ministra resulta compleja desde el punto de vista de su responsabilidad administrativa de los hechos. Al final de su declaración después de explayarse más de 11 páginas, ella dice: “No recuerdo si se estableció un catastro de NNA fallecidos en el interior de SENAME. No creo que nunca existiera, porque al momento de asumir ni siquiera existía claridad respecto de los NNA que estaban en lista de espera de atención de salud, todo ello porque la única base de datos era el SENAINFO. Esto fue subsanado por el Director Rolando Melo que asoció toda la lista de espera a un RUT en concreto. Se intentó actualizar la información con el Poder Judicial a través de un convenio. A pesar de que se solicitó a la DIPRES recursos para modernizar la plataforma informática, la Dirección de presupuestos privilegió otras propuestas de servicio…” .
Luego ante la única pregunta que le hace la fiscalía dice “todos los programas impulsados y que detallé (sic) tuvieron por objetivo poder propender a que se pudieran cumplir los objetivos de la ley (sic)20084 y al bienestar de los niños en vulneración de los hechos. Sin embargo no estaba cuantificada la cantidad de NNA que habían fallecido. El sistema estaba construido sobre la base de lo genérico, no de cada caso particular”.
Es un secreto a voces que Marcos Emilfork aspira a reemplazar a Juan Pablo Gómez como fiscal de la V Región, quien es del círculo cercano de Abbot y esposo de Patricia Pérez. Si con su enfoque de ASCAR le mueve el piso a Blanco en el CDE sin incomodar a nadie con poder, es un pepito gana doble con el Gobierno, el que de carambola podría designar un reemplazante del oficialismo en ese organismo ante la eventual renuncia de la ex ministra.
