Opinión
Sin perjuicio de la relevancia de las normas sobre elección democrática de los gobernadores regionales y el fortalecimiento de la descentralización en nuestro país, el ámbito de la participación ciudadana se verá fortalecido, toda vez que su reconocimiento y la implementación de instancias formales, implicarán el mayor desafío de dichas reformas, a saber, el traspaso real de poder desde la autoridad a la ciudadanía. Así como surgen dudas respecto a la real conciencia que tienen los actores políticos en relación con la modificación de la estructura de los Gobiernos Regionales, y la exigencia técnica y política que requerirá este proceso de las nuevas autoridades, también la propia sociedad civil debe evaluar qué tan preparados se está, para asumir el desafío de una participación ciudadana de carácter vinculante en el ámbito de la implementación de políticas públicas regionales.
La discusión sobre las posibilidades que brindan los procesos descentralizadores son de larga data y se derivan de las lecciones que deja la aplicación de diversos modelos en el mundo. Nuestro país no ha estado ajeno a dicha discusión, toda vez que el anhelo tanto a nivel ciudadano como de la elite política ha radicado en poder brindar mayor autonomía a nuestras regiones, bajo el supuesto de que dicho proceso permitirá desarrollar importantes beneficios económicos y fortalecerá nuestra democracia.
Nuestra propia historia, sin embargo, ha dado cuenta más bien de una “cultura centralista”, que se puede pesquisar hasta la época de la Conquista española, y fortalecida, como señalan diversos autores, por la ausencia de procesos políticos económicos y sociales que permitieron el desarrollo de regiones autónomas, fundamentalmente en el caso europeo, asociados al cambio de la estructura feudal y su evolución hacia el desarrollo de la Revolución Industrial, la reforma a la Iglesia católica, o procesos de reforma política como es el caso de la Revolución Francesa, entre otros.
En ese contexto, son hitos de la descentralización a nivel nacional, la implementación de la Ley 19.175 sobre Gobiernos Regionales y administración regional, dictada en la década de los noventa, y recientemente la publicación de la Ley 21.073, la cual regula la elección de gobernadores regionales a partir del año 2020; y la Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización del país. No cabe duda, que la ley sobre Gobiernos Regionales constituyó una acción concreta destinada a mitigar la lógica del centralismo en nuestro país, definiendo un nivel de gobierno intermedio que no existía en la institucionalidad pública, y desde el cual se inicia un proceso modernización del Estado, bajo la lógica de los consensos políticos.
[cita tipo=»destaque»]La implementación de la nueva legislación sobre descentralización abre una oportunidad cierta para que la toma de decisiones respecto del desarrollo de las regiones por parte de las autoridades sea vinculante respecto de los ciudadanos. A modo de ejemplo, la nueva Ley sobre fortalecimiento de la regionalización establece respecto de las Divisiones con las que contarán los Gobiernos Regionales, que la División de Planificación y Desarrollo Regional, deberá elaborar y proponer estrategias, políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional.[/cita]
Respecto de las últimas leyes publicadas, la ciudadanía pareciera tener menos información y estar menos consciente de su relevancia, a pesar de que su impacto golpeará la puerta a partir de este año, cuando se inicie el año preeleccionario, y muchos intendentes, por ejemplo, deban renunciar para medirse electoralmente en la elección de gobernadores regionales.
La implementación de las nuevas estructuras de los Gobiernos Regionales, así como las facultades que tendrán los nuevos gobernadores regionales, en tanto representantes de la ciudadanía; y por su parte los delegados presidenciales, en tanto representantes del Presidente de la República, abre un espacio creciente de incertidumbre respecto de cómo se coordinarán ambos niveles para la toma de decisiones en el territorio. Aún se deben dictar los reglamentos que pueden ayudar a dinamizar dicha relación, sin embargo, por lo pronto surgen importantes interrogantes que no se han clarificado. Por ejemplo, siendo una facultad tanto del Gobernador Regional como del Delegado Presidencial la coordinación y supervigilancia de los servicios públicos, ¿a quién rendirán cuenta estos? Situación similar acontece con la facultad que poseen ambas autoridades respecto de hacer presente al Presidente de la República la necesidades de la región. ¿A quién escuchará el Presidente en la práctica?
Respecto de la delegación de facultades a las regiones por parte del nivel central, ¿se realizará conforme a su pertinencia respecto de las necesidades del territorio, o con la lógica de control de estos por parte de las autoridades del nivel central? En este nuevo diseño, resulta relevante preguntarse: ¿cómo se relacionará tanto gobernador regional como delegado presidencial con la ciudadanía, cuando se trate de implementar políticas públicas con sello regional?
No se debe olvidar que gran parte del impulso a la reforma del Estado, en cuanto a la descentralización, proviene de las demandas de mayor autonomía por parte de las comunidades regionales, compuestas por las ciudadanos, gremios, partidos políticos y elites locales, las cuales durante varias décadas quedaron fuera del alcance del radar de las distintas administraciones, bajo la lógica de la toma de decisión de carácter centralista que prevaleció durante las últimas décadas en nuestro país.
La implementación de la nueva legislación sobre descentralización abre una oportunidad cierta para que la toma de decisiones respecto del desarrollo de las regiones por parte de las autoridades sea vinculante respecto de los ciudadanos. A modo de ejemplo, la nueva Ley sobre fortalecimiento de la regionalización establece respecto de las Divisiones con las que contarán los Gobiernos Regionales, que la División de Planificación y Desarrollo Regional, deberá elaborar y proponer estrategias, políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional.
Lo anterior supone avanzar de la lógica meramente consultiva de la participación ciudadana a una eminentemente vinculante. Un hito relevante en esa dirección es la obligación de los Gobiernos Regionales para crear el Consejo de la Sociedad Civil, lo cual viene a subsanar lo dispuesto por la Ley N°20.500 sobre “Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, que no consideraba dicha instancia en el ámbito de los Gobiernos Regionales.
Sin perjuicio de la relevancia de las normas sobre elección democrática de los gobernadores regionales y el fortalecimiento de la descentralización en nuestro país, el ámbito de la participación ciudadana se verá fortalecido, toda vez que su reconocimiento y la implementación de instancias formales implicarán el mayor desafío de dichas reformas, a saber, el traspaso real de poder desde la autoridad a la ciudadanía. Así como surgen dudas respecto a la real conciencia que tienen los actores políticos en relación con la modificación de la estructura de los Gobiernos Regionales, y la exigencia técnica y política que requerirá este proceso de las nuevas autoridades, también la propia sociedad civil debe evaluar qué tan preparados se está, para asumir el desafío de una participación ciudadana de carácter vinculante en el ámbito de la implementación de políticas públicas regionales.
Sin duda que, para esto, se requerirá de dirigentes con conocimiento sobre la estructura del Estado y la gestión de políticas sociales entre otros temas, dado que los espacios para discusión de políticas públicas para el desarrollo del territorio regional, implicará atender a dimensiones de carácter técnico de alta complejidad. En ese sentido, es necesario que diversos actores, como la sociedad civil, la academia y el propio Gobierno, colaboren a la formación y fortalecimiento de dirigentes sociales a objeto de que el proceso de descentralización arribe a buen puerto, sin perjuicio de su propia complejidad.
