MERCADOS
Para algunos actores de la industria, el reciente anuncio de Sebastián Piñera supondría una señal relevante de cambio en la estrategia de compras de insumos médicos por parte del Estado, priorizando la capacidad de negociación de Fonasa como aseguradora versus la de Cenabast, entidad fuertemente cuestionada por el inusitado aumento de compras vía trato directo durante todo el año pasado. Desde el Minsal descartaron que haya un cruce de roles, pues esta licitación busca que los usuarios del Fondo Nacional de Salud accedan a descuentos en farmacias comerciales, siguiendo el modelo de beneficios que tienen los afiliados a Isapres.
Fonasa licitará la compra de más de 2 mil medicamentos. Un anuncio que casi pasó inadvertido en la Cuenta Pública que dio el Presidente, Sebastián Piñera, el 1 de junio, pero que a la luz del actual contexto en la salud pública cobra especial relevancia. Más aún cuando la entidad encargada de esa tarea hasta ahora, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), ha estado en el ojo del huracán sobre los procedimientos y criterios que aplica para la compra de fármacos, la que en el último año ha privilegiado solo ciertos laboratorios y el trato directo.
El anuncio se da en el marco de la Ley de Fármacos II, cuyo principal objetivo es reducir el costo de los medicamentos a través de dos pilares fundamentales: eliminar la integración vertical de farmacias con laboratorios y regular la industria de bioequivalentes, lo que al mismo tiempo supondría una señal relevante de cambio en la estrategia de compras de insumos médicos por parte del Estado. Hoy esa función está radicada en Cenabast, entidad que compra y negocia el precio de medicamentos en el sector público.
«El anuncio hecho por el Presidente Piñera es un cambio en la estrategia de Gobierno, porque en vez de potenciar a la Cenabast en la negociación de los medicamentos del sistema público, ahora le transfiere a Fonasa la potestad de licitar una cartera de medicamentos que nadie sabe en qué condiciones será y si acaso incluirá a todas las farmacias o solo las de grandes cadenas», advirtió el diputado Juan Luis Castro (PS), miembro de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
En el sector salud algunos han apuntado a que el anuncio presidencial tiene un objetivo encubierto: acotar el rol de Cenabast en el mecanismo de compras de insumos médicos en el sector público, al prescindir de su capacidad negociadora. Es más, han puesto el acento en que la medida en la práctica reducirá la cadena de decisiones para la adquisición de fármacos, priorizando la capacidad negociación de Fonasa como aseguradora versus la de Cenabast.
El Ministerio de Salud descartó que haya un cruce de roles y explicó que «esta licitación busca que los usuarios de Fonasa accedan a descuentos en farmacias comerciales, siguiendo el modelo de beneficios que tienen los afiliados a Isapres, por lo que la negociación que alcance Fonasa iría por un carril distinto a las que Cenabast haga para los insumos médicos en los servicios de atención de salud pública».
[cita tipo=»destaque»]»Hoy una farmacia de cadena tiene un descuento base para cualquier ciudadano de alrededor de un 12% según el día y el local y de ahí se puede extender hasta el 30%, según promociones o tarjetas de exclusividad de los clientes. O sea, si Fonasa licita medicamentos sería inimaginable que no sea en el rango que ya ofrece cada farmacia. La pregunta es qué gana cada farmacia y la respuesta es obvia: el tráfico de clientes, es decir, la cartera de 14 millones de usuarios de Fonasa quedaría a disposición de las grandes cadenas de farmacias para su base de datos y fidelizar una clientela de pacientes crónicos que cada mes tienen que despachar un medicamento», agregó Castro.[/cita]
De igual manera, las sospechas persisten. «Es profundamente peligroso, porque saca de la Cenabast el manejo de los medicamentos que podría haberse potenciado con el mismo dinero para mejorar la canasta de medicamentos básicos de atención primaria, pero al pasarlo a Fonasa lo coloca en la lógica más bien comercial del intercambio con las cadenas de farmacias, sin claridad respecto del nivel de descuento que habrá para los usuarios en los medicamentos más caros», recalcó el diputado Castro.
«Hoy una farmacia de cadena tiene un descuento base para cualquier ciudadano de alrededor de un 12% según el día y el local y de ahí se puede extender hasta el 30%, según promociones o tarjetas de exclusividad de los clientes. O sea, si Fonasa licita medicamentos sería inimaginable que no sea en el rango que ya ofrece cada farmacia. La pregunta es qué gana cada farmacia y la respuesta es obvia: el tráfico de clientes, es decir, la cartera de 14 millones de usuarios de Fonasa quedaría a disposición de las grandes cadenas de farmacias para su base de datos y fidelizar una clientela de pacientes crónicos que cada mes tienen que despachar un medicamento», agregó Castro.
Si bien en la actualidad el Ministerio de Salud y los servicios de salud deciden qué compras realizar, la entidad que las ejecuta, que conoce los precios y define las modalidades de adquisición de los productos solicitados, es la Cenabast.
Desde la industria afirmaron que este modelo de compras aplicaría como un «voucher», con descuentos para los pacientes del sector público en las cadenas farmacéuticas que hayan obtenido convenios con el Estado.
Por un lado, el Estado lograría sinergias al descomprimir sus centros de distribución, considerando la alta presencia de farmacias en el país, pero desde otra perspectiva se advirtió una potencial concentración de mercado, ya que resultaría previsible que solo las grandes cadenas se adjudiquen esta licitación.
Al no considerar a la Cenabast en la cadena de decisiones –pese a que hoy pesan cuestionamientos sobre el organismo– se mermarían las posibilidades de un mercado transparente. «Mientras más concentradas estén las decisiones, mayor es la posibilidad de que haya malas prácticas», dijo un actor de la industria de la salud.
El anuncio presidencial se hizo en un complejo contexto para la Cenabast, debido al estudio de la ONG Observatorio del Gasto Fiscal, que dio cuenta de que en el año 2018 –por primera vez– las compras directas del organismo alcanzaron los $239.962 millones, versus los $204.463 millones de las realizadas por licitaciones públicas.
Nunca antes la Cenabast había tenido un mayor volumen de compras directas que el de licitaciones, una política que se dio con el arribo de Juan Carlos Corbeaux como coordinador técnico de abastecimiento de la entidad, quien tiene más de 20 años de trayectoria en el sector privado, principalmente como alto ejecutivo del laboratorio GlaxoSmithKline (GSK), firma de la cual llegó a ser el responsable para toda Latinoamérica.
De hecho, GSK pasó de venderle al Estado la suma de 7.182 millones de pesos a hacerlo –vía trato directo durante el 2018– por un total de 20.140 millones de pesos, solo en medicamentos para tratar el VIH y el cáncer. Un dato no menor es que, además de su vínculo con GlaxoSmithKline, Corbeaux fue director de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, gremio que agrupa a los principales laboratorios que operan en Chile, posición desde la cual participó en 2017 en reuniones ante el Ministerio de Salud.
Este pasado levantó las sospechas respecto de potenciales conflictos de interés por parte de Corbeaux, teniendo que acudir en abril al Congreso para rendir explicaciones. Su exposición ante los diputados dejó todavía más interrogantes sobre el sospechoso cambio de política de compras de la Cenabast.
Desde la industria, llamó la atención que en esa exposición se presentaran datos de gestión de ahorro, contrastando los precios de los productos contra los precios promedios obtenidos a partir de compras realizadas por otros servicios públicos a través de Mercado Público, lo cual podría ser inadecuado, «ya que los volúmenes de compra de Cenabast generan de manera inmediata una diferencia importante con la compra realizada por el resto de las instituciones, debido a que por volumen los precios a los que puede acceder la institución son menores, por lo que la compra no es comparable», recalcó una fuente de dicha industria que prefirió mantener el anonimato, dado que el mercado de la salud es pequeño y todos se conocen.
«Asimismo, la comparabilidad debería estar dada con compras previas realizadas por la institución, y de similar volumen; sin embargo, los precios deben ser corregidos, ya que la tendencia de los productos farmacéuticos es a bajar, por ello existen metodologías que permiten ajustar los precios y determinar si efectivamente hay una baja superior a la tendencia, que se deba a competencia y gestión», agregó.
«Se mencionó que las empresas GSK, MSD, Gador y BMS dejaron de percibir utilidades por varios miles de millones de pesos debido a la reducción de precios, sin embargo, sería importante transparentar cómo se llegó al cálculo de estas pérdidas, así como las modalidades de compra que se utilizaron para esas contrataciones. Si el sistema es tan eficiente, ¿se podrá pensar en auditorías obligatorias para empresas farmacéuticas que venden ciertos volúmenes al Estado, para mostrar todos sus gastos de ‘marketing’ y descartar pagos adicionales?», concluyó.
