Opinión
Sé que hay un manto de protección de autoridades de la región, que no dejan avanzar las investigaciones que son necesarias y la corrupción convive cotidianamente con los ciudadanos y ciudadanas de la región. Pero no puedo olvidar que son los alumnos que están estudiando a través de los distintos colegios que pertenecen a la corporación municipal de San Fernando, quienes no están recibiendo la educación como corresponde, porque sus profesores y establecimientos están en pésimas condiciones y, porque existen más de 500 millones de pesos que aún no sabemos dónde están. Es urgente que las instituciones llamadas a fiscalizar e impartir justicia, funcionen y “abran los cuadernos de remoción” para funcionarios, asesores, alcaldes y la autoridad de corresponda, con tal de poder volver a confiar.
Las instituciones no están funcionando, por una falta de acción que ha propiciado la corrupción en entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público y -lo recientemente denunciado por el programa Informe Especial- en las corporaciones municipales.
Como presidenta de la comisión investigadora del denominado “Desastre de Rancagua”, he planteado desde el principio que estamos convencidos que el caso de los jueces involucrados en hechos de tráfico de influencias en la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y el fallecido Marcelo Albornoz, es solo la punta del iceberg de un sistema judicial que está en entredicho. Lamentablemente, tras explotar el caso de estos jueces nos enteramos “por la prensa” de las acusaciones mutuas entre el mediático fiscal de la región de O´Higgins, Emiliano Arias y su subalterno, Sergio Moya, como de sus respectivos vínculos con el actual ministro del Interior y el caso Huracán, que los tienen a ambos suspendidos de sus funciones.
Así las cosas, situaciones como las que recientemente el programa de TVN develó respecto de la corporación municipal de San Fernando, no son tan extrañas, más aún cuando aquellas instituciones llamadas a aplicar la ley, no están funcionando como corresponden.
[cita tipo=»destaque»]Pese a toda la desesperanza antes descrita, la reciente decisión de la Corte Suprema de acoger el informe derivado de la investigación de la ministra, Rosa María Maggi, y la decisión del pleno de abrir los cuadernos de remoción para los tres jueces sumariados, es el tipo de medidas que se deben implementar. Algunos criticarán que la decisión fue tardía y solo reaccionó previa denuncia de la Fiscalía o por la presión mediática. Sin embargo, es el tipo de medidas – drásticas y sancionatorias – que deben tomarse para hacer frente a la corrupción.[/cita]
Como diputada por la Región de O´Higgins, desde 2015 que vengo denunciando múltiples irregularidades que tiene dicha corporación municipal y los supuestos vínculos de su máxima autoridad con determinados personajes, para cuya trama «Informe Especial» quedó corto.
Las instituciones claramente no funcionan en la zona y a las ya conocidas situaciones de la Corte de Apelaciones y la Fiscalía Regional, pedí explicaciones -desde la Cámara de Diputados vía oficios- a todas aquellas instituciones que, por deber constitucional, deberían estar funcionando para entregar la tranquilidad y justicia a los vecinos y vecinas que vivimos en la capital de provincia de Colchagua.
Nuevamente emplacé al Ministerio Público, porque debería haber investigado estas irregularidades hace más de tres años. Al Consejo de Defensa del Estado, quien ha sido querellante en un juicio penal y demandante en un juicio civil del año 2017 y todavía no concluye absolutamente nada. A la Subsecretaria de Educación, para que responda por los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) del 2013 en adelante y, a la Contraloría General de la República por informes del 2016 y 2017 que deberían ser evaluados.
A la Superintendencia de Seguridad Social sobre cuánto son los créditos de las cajas de compensaciones que están afiliados a la corporación municipal y que pese a haber sido descontados a los profesores, hoy día no se encuentran pagados y por ende, no reciben los beneficios que corresponden.
Sé que hay un manto de protección de autoridades de la región, que no dejan avanzar las investigaciones que son necesarias y la corrupción convive cotidianamente con los ciudadanos y ciudadanas de la región. ¿Es que acaso las instituciones funcionan para todo Chile y solo se olvidan de la capital colchagüina?.
Sin embargo, no puedo olvidar que hoy son los alumnos que están estudiando a través de los distintos colegios que pertenecen a la corporación municipal de San Fernando, quienes no están recibiendo la educación como corresponde, porque sus profesores y establecimientos están en pésimas condiciones y porque existen más de 500 millones de pesos que aún no sabemos dónde están.
Pese a toda la desesperanza antes descrita, la reciente decisión de la Corte Suprema de acoger el informe derivado de la investigación de la ministra, Rosa María Maggi, y la decisión del pleno de abrir los cuadernos de remoción para los tres jueces sumariados, es el tipo de medidas que se deben implementar. Algunos criticarán que la decisión fue tardía y solo reaccionó previa denuncia de la Fiscalía o por la presión mediática. Sin embargo, es el tipo de medidas – drásticas y sancionatorias – que deben tomarse para hacer frente a la corrupción.
Los sanfernandinos y sanfernandinas no podemos seguir esperando, es urgente que las instituciones llamadas a fiscalizar e impartir justicia, funcionen y “abran los cuadernos de remoción” para funcionarios, asesores, alcaldes y la autoridad de corresponda, con tal de poder volver a confiar y vivir sin corrupción en nuestra ciudad y, por supuesto, en nuestro país.
La premisa es basta de corrupción y es por eso que estamos demandando que las instituciones funcionen en San Fernando, pero también en Chile, pues -como claramente se dijo- ésto es solo la punta del iceberg.
