Si bien es cierto es atendible que la política fiscal sea cuidadosa de los equilibrios macroeconómicos, también existe una responsabilidad del Estado en dinamizar la economía.
La economía chilena está en un proceso de pérdida de dinamismo, que la ha llevado de una tasa de crecimiento del PIB de 4% en 2018 a un aumento de 1,8% de la producción en el primer semestre de este año y con bajas perspectivas de expansión.
Los resultados recientes del Imacec indican que, en el mejor de los casos, estaremos alrededor de 3% en el segundo semestre y, luego, el PIB podría crecer en 2019 entre 2% y 2,4%, cifras deficientes que indican lo difícil que está siendo recuperar este año nuestra dinámica productiva.
Revisando alternativas de políticas económicas, se ve más difícil el camino.
No basta con que el Banco Central reduzca la tasa de política monetaria (TPM) para desatar la demanda interna. Sus sucesivas bajas, desde la primera semana de junio 2019, no han logrado reducir la tasa de interés del mercado bancario todo lo necesario para incentivar el consumo y la inversión.
Estos además están afectados por expectativas negativas, reflejadas en, por ejemplo, el Índice de Confianza Empresarial que, precisamente en el mes de agosto, pasó de neutral a levemente pesimista, mientras que el Índice de Consumidores pasó del nivel moderadamente pesimista al pesimista.
Los efectos de la expansión monetaria son aún leves. La TPM ha bajado de 3,0% en junio de 2019 a 2,0% en septiembre (50 puntos básicos cada vez), mientras que la tasa de interés anual nominal de las colocaciones comerciales bancarias, entre junio y agosto, se ha movido de 4,52% a 4,07%.
El mayor efecto se nota en las colocaciones hipotecarias, que en estos últimos meses han bajado de 2,78% a 2,38%, aumentando en 30,1% el monto de sus colocaciones, las que sin embargo representan alrededor del 15% del total. Por lo tanto, el efecto dinamizador es lento y leve.
El gasto fiscal, por presupuesto de 2019, debía aumentar solo 3,2%. Además, desde junio se han impulsado nuevos planes reactivadores de la economía, los que aumentarían finalmente el gasto de este año en 3,9% real. Sin embargo, la ejecución presupuestaria está levemente retrasada este año (64% a agosto), lo que diluye el impacto reactivador.
Tampoco genera expectativas positivas la propuesta de presupuesto para el 2020, que es ajustada, renunciando a constituirse en un factor dinamizador de la actividad económica.
El aumento del gasto fiscal que propone es menor al que está presupuestado realizar este año y, sin embargo, se afirma que sería más eficiente que lo que se ha hecho este año, para aumentar la demanda agregada interna y el producto de la economía.
Para esto, se dice, se “aumentaría el gasto en salud y educación concentrando casi la mitad de los recursos en estas dos dimensiones”, pero eso es lo que ha estado ocurriendo en 2019. La suma de ambos ministerios fue el 45,5% del presupuesto.
También se dice oficialmente que “este presupuesto incrementa el gasto y la inversión en salud en un 5,7%”. Sin embargo, en salud solo el gasto corriente creció, entre 2015 y 2018, en 11,8% tasa promedio anual, y para 2019 tiene contemplado crecer 8,3%. ¿Cómo entonces será más eficiente, este nuevo gasto fiscal, que los actuales y los anteriores?
En el ámbito fiscal, se anuncia que se cumplirá el compromiso de reducir el déficit estructural en 0,2% por año, para finalizar con -1,4% del PIB en 2020. Si bien es cierto que es atendible que la política fiscal sea cuidadosa de los equilibrios macroeconómicos, también existe una responsabilidad del Estado en dinamizar la economía.
En el ámbito de la demanda externa no se puede hacer mucho. La guerra comercial se está convirtiendo en una constante con avances y retrocesos, pero sin término, aunque es posible que para 2020 se tomen acuerdos parciales entre Estados Unidos y China, que podrían generar un escenario global con menor incertidumbre que la de estos dos últimos años.
El PIB de Estados Unidos y de China se ajusta este año, bajando de 2,9% (2018) a 2,2% el primero y de 6,6% (2018) a 6,0% el segundo. Luego, caerán sus demandas, lo que ha estado haciendo descender el precio del cobre en 3,6% (de 264,85 el 2 de enero a 255,03 centavos de dólar la libra de cobre al 2 de octubre de 2019). Efecto aún mayor si consideramos que todo el 2018 se estuvo en esta guerra comercial, año en el cual el precio del cobre cayó 16,9%.
Estos resultados, sin duda afectan nuestra economía, reduciendo nuestras exportaciones (el Banco Central estima que decrecerán este año en 1,6%), la recaudación de impuestos de las mineras que operan en Chile y las utilidades de Codelco, que este año ha reducido sus utilidades en 31%.
Así, entonces, la difícil situación plantea desafíos nuevos para diseñar y aplicar políticas que la resuelvan.
Víctor Salas es economista y académico de la Universidad de Santiago.