Proceso constituyente y pueblos indígenas: ¿cuál debe ser nuestra actitud?

Y bueno, el oasis que algunos pregonaban que era Chile, se cae a pedazos. Lo que nadie imaginaba ocurrió. Un levantamiento popular sacude al país ya por tres semanas. Dicho evento cambio el escenario de la política chilena, dominada por décadas de discurso centrado en la economía y sintetizado en palabras como “libre mercado”, “jaguares”, “crecimiento”, “chorreo”, “primer mundo”, “per cápita”.

La política, con su centro en la lucha por el poder, se ha tomado el escenario, y se refleja en un nuevo vocabulario: “renuncia Piñera”, “acusación constitucional”, “reformas a la Constitución”, “asamblea constituyente”, “nuevo pacto social”, “nueva Constitución”.

Cabildos o asambleas populares, según el gusto de cada cual o la intencionalidad política de cada uno, comienzan a dominar el escenario político estatonacional (unas emergiendo desde la población y otras propulsadas desde el Gobierno); mientras las élites no logran recuperar en control político del país.

El futuro está abierto y cualquier cosa puede ocurrir en términos de salida política. En ese contexto algunos activistas del mundo indígena muestran preocupación porque sus demandas no se desvanezcan en el nuevo Chile que emergerá de la coyuntura, porque parece claro que, cualquiera sea el desenlace, el país no volverá a ser el mismo. Desde la perspectiva de las naciones indígenas, pero también de la nación estatal, ¿qué está en juego hoy?

Iré al grano inmediatamente, lo que está en juego hoy es ni más ni menos que la construcción de la sociedad civil (sociedad política) en la que se quiere vivir en el futuro cercano y ojalá de largo plazo. Lo que se esconde tras el lenguaje convertido en la moda del momento, “nuevo pacto social”, es ni más ni menos que la articulación de un nuevo entramado ideológico, que se constituirá en sustrato de un nuevo Estado emergente de la coyuntura.

A ese entramado se le llama Constitución y representa las nuevas reglas del juego político: el “pacto”. Un pacto al que nunca en Chile se ha invitado a participar a la población.

Todas las constituciones anteriores, incluyendo la presente, han sido impuestas a los ciudadanos coercitivamente y validadas en espurios plebiscitos o por la fuerza bruta. Dado lo comentado antes, esto no es un hecho menor, porque en teoría la fuerza normativa de una Constitución radica en su origen. Y en el origen debiera estar la soberanía del constituyente que no es otro que el ciudadano común, usted(es), yo.

Ese es el valor agregado del proceso constituyente que se huele en el ambiente estatonacional hoy y ese, a su vez, es el gran pecado de la Constitución del 1980 o Constitución de la dictadura, remozada por el Presidente Ricardo Lagos y sus amigos de la Concertación, y presentada como “nueva” al país el 2005.

Cuando algo es impuesto coercitivamente y no es querido, pierde efectividad normativa. El ciudadano no acepta de buena gana la carga de leyes obligadas, se mueve en ellas como el buey con el yugo, no por un proceso conscientemente aceptado sino por coerción-sumisión. De allí que se impone que ese instrumento o artefacto cultural/legal/político sea parido por el poder constituyente del ciudadano y refleje su realidad social diversa (etnonacional, de género, etaria, de clase) de manera generosa, tolerante.

En la medida en que todos esos constituyentes mencionados en el paréntesis, y marginados en el pasado, participen del proceso y vean apertura a sus ideas, el proceso constituyente y sus resultados inspirarán y validarán el instrumento, garantizando su vigencia y una vida política aceptable para los ciudadanos.

Una participación plural, como la que menciono, no puede ser sino rupturista con la historia de las constituciones pasadas de Chile, en términos ideológicos e institucionales, por lo cual hay que tomarse en serio el proceso constituyente renunciando a discursos alienantes, que promueven la indiferencia o actitudes de restarse a estos “asuntos occidentales”.

Qué puede ser más rupturista, desde el punto de vista de la resolución de la cuestión nacional mapuche, por ejemplo, que un nuevo pacto social en que el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado chileno, acompañado de la declaración de Estado descentralizado del país, facilite la apertura a las demandas autonómicas de los pueblos indígenas y la creación de una nueva institucionalidad subestatal, con regiones plurinacionales autonómicas donde no se es mayoría, municipios autonómicos exclusivamente mapuche allí donde son mayoría (o aymaras, rapanui, otros) u otras formas de autonomía.

En otras palabras, que siente las bases para la aceptación del principio de la autodeterminación de los pueblos al interior del Estado.

La invitación, entonces, a los estamentos políticos de los pueblos indígenas y particularmente mapuche, es a sumarse (muchos ya lo están haciendo desde el comienzo o se incorporan ahora) al proceso constituyente que está emergiendo al calor de la movilización plurinacional contra el orden establecido por la dictadura, y velar en las conversaciones, discusiones y debates, por que los intereses políticos de cada nación queden plasmados en ese nuevo instrumento, como una garantía de una sociedad pluralista en términos nacionales hacia el futuro.

Nadie hará por los pueblos indígenas lo que ellos no hagan por sí mismos en dicho proceso constituyente. Esa debe ser nuestra actitud.