Crisis social: tres medidas urgentes

La crisis social que estamos viviendo como país ha hecho patente el malestar de la ciudadanía mediante las manifestaciones más masivas de nuestra historia, que sin banderas de partidos políticos fue extendiéndose en un proceso inédito de conversaciones, cabildos y encuentros convocados por los mismos vecinos y todo tipo de organizaciones. Sin embargo, también se han generado acciones de una violencia para las que el país no se encontraba preparado, y que hasta la fecha no han tenido una respuesta política ni policial efectiva.

El valioso acuerdo para una nueva Constitución es probablemente el resultado más significativo que se ha podido alcanzar desde la política institucional en estos días, pero habría sido iluso pensar que ese solo acto bastaría para acabar con la violencia en las calles. Aún no hay una comprensión cabal sobre ella.

Van desde aquellas que involucran a personas con rabia frente a las injusticias de las que han sido víctimas por años, hasta grupos anarquistas que apuestan por el resurgimiento de un nuevo Estado desde las cenizas; desde delincuentes comunes que aprovechan la confusión para el saqueo del comercio, pasando por barras bravas acrecentando su poder de presión, hasta grupos narcos controlando territorios.

Al final, sin importar cuál tenga mayor predominancia, han sido las comunas que concentran altos niveles de pobreza donde estas acciones se manifiestan con mayor rigor, afectando a su vez significativamente la movilidad, servicios y comercio de esa misma población, haciendo más profunda la enorme desigualdad dentro de nuestras ciudades.

A estas alturas no basta con condenar la violencia, eso no la detendrá. Tampoco lo hará desentenderse de las graves acusaciones por excesos y violaciones a los Derechos Humanos por parte de Carabineros. Para avanzar progresivamente en reducir la violencia, los saqueos y el serio daño a los bienes públicos, la respuesta debe ser antes que nada política y no solo policial.

De lo contrario, seguiremos observando un fenómeno que crece, que se organiza y que cada vez será más difícil de abordar. Si continúa este nivel de violencia y daños en las calles, muy pronto llegaremos a un punto de no retorno, es urgente que el Gobierno, la oposición y los movimientos sociales se sienten a conversar para dar en conjunto una salida pacífica a este proceso.

El control de la violencia debe involucrar tres medidas principales. Por una parte acordar a la brevedad los aspectos técnicos del proceso constitucional, de manera que este vele por la máxima representatividad en género, pueblos originarios, grupos independientes, así como por la transparencia del proceso en cuanto a financiamiento y participación.

Esto permitirá estimular un necesario debate para el plebiscito que se llevará a cabo en el mes de abril, dando espacio para que la ciudadanía sea el actor protagónico del proceso. Mientras más debate de ideas haya, menos espacio dejamos para la violencia.

Una segunda medida corresponde a las políticas sociales. La entrega de propuestas a cuentagotas no ha sido una medida efectiva. No alcanzan a ser significativas y, en consecuencia, nunca satisface del todo. Es necesario alcanzar un pacto social más amplio, que involucre a actores políticos, sociales y empresariales, buscando acuerdos que permitan responder de manera significativa a las demandas que dieron origen a este estallido, velar para que pueda tener un proceso institucional que permita implementarlo, y un acuerdo social para sostenerlo en el tiempo. Es fundamental el rol activo de la oposición para ayudar a articularlo.

La tercera medida, y probablemente la más compleja, es respecto a la violencia en sí misma. No hemos logrado comprender bien cómo se compone, cómo evoluciona ni quiénes la lideran. Tenemos suposiciones que no bastan para poder enfrentarla y así revertir su consolidación en las calles.

Hoy quienes tienen el mayor conocimiento de lo que pasa en nuestros barrios son los alcaldes, en especial de aquellas comunas que más han resentido esta crisis en las últimas semanas, como La Pintana, Puente Alto, Renca, Peñalolén, Valparaíso, Antofagasta, La Serena, Osorno y Concepción. Es a ellos a quienes hay que escuchar para comprender este fenómeno, e implementar medidas efectivas que permitan aislarla y reducirla, focalizándose en los sectores más afectados por ella. No hay autoridades más idóneas para ayudar a buscar caminos de solución que los alcaldes.

Hoy Chile se encuentra en una tensión importante, entre encontrar una salida institucional a esta crisis o apelar exclusivamente a la fuerza para alcanzar el orden público. Para avanzar en lo que los chilenos estamos esperando, el diseño de una política pública basada en el resguardo de los derechos sociales, no se puede renunciar al diálogo, eso sería renunciar a la democracia. Este debe involucrar al Gobierno, la oposición y las organizaciones sociales.

Juan Carlos García es miembro del Partido Liberal de la Región de Valparaíso.