Después que asumió el año pasado la presidencia del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada envió un oficio de recomendación a los distintos órganos públicos para transparentar el gasto de la publicidad estatal, la que el año 2019 llegó a 43 millones de dólares y de los cuales –junto con la gran concentración de los medios que la recibieron– hay un tercio que se desconoce cómo se gastó. Jaraquemada recalcó que actualmente y, pese a que la Ley de Presupuesto ordena a los órganos del Estado, trimestralmente, avisar al Congreso sobre dichos gastos, «eso no se está haciendo y eso sí es exigible». Además, fue categórico sobre la «Agenda Antiabusos» del Gobierno. Señaló que era un avance, pero que «es coja», porque deja fuera aspectos relevantes sobre parlamentarios, empleados, empresas y licitaciones públicas. Respecto al Congreso, precisó que es necesario «avanzar decididamente hacia la dedicación exclusiva», pues el problema actual es que diputados y senadores sí pueden recibir remuneraciones privadas y «todo tiene que ver con el conflicto de intereses, nada sacan con bajarse las dietas».
