Dominación de facto

El Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP) del jueves 16 de enero de 2020, develó que solamente un 6% de los encuestados aprueba la manera en que el Presidente Sebastián Piñera está conduciendo el Gobierno y, en cuanto al rechazo a su gestión, este alcanzó el 82%. Es necesario hacer presente que estos porcentajes tan desfavorables, son los más extremos que se hayan registrado en las encuestas sobre la gestión de un Mandatario desde el retorno a la democracia en el año 1990.

Resulta, al menos, curioso que con estos lapidarios resultados revelados por la denominada “madre de todas las encuestas”, sean aún minoría los políticos que exigen la salida del Presidente Piñera. Sin embargo, lo cierto es que para no sucumbir –siguiendo los postulados de Max Weber– los gobiernos requieren necesariamente que sus dominados acaten y aprueben los cursos de acción que ellos establecen, es decir, que experimenten el ejercicio de la dominación con cierto grado de legitimidad popular.

En el caso chileno, la legitimidad de la dominación teóricamente encuentra su fundamento, en primer lugar, en la legalidad, es decir, en el correcto ejercicio de una serie de normas acordadas conforme a derecho y, por otro lado, en la idea que siendo este un Gobierno legalmente elegido, debe enmarcar su acción dentro de principios democráticos, entre ellos, el respeto por los derechos ciudadanos y el ejercicio proporcional, regulado y justificado del monopolio que se posee sobre la violencia.

[cita tipo=»destaque»]No se trata entonces solo de recuperar confianzas mutiladas y pisoteadas por el abuso policial, sino de reformular toda una serie de relaciones o vínculos con la sociedad civil, cuyos puentes fueron quemados intempestivamente al momento de optar por una arriesgada estrategia de control –sacar a los militares a la calle– que solo hizo revivir las viejas heridas de la dictadura, traspasándolas como un legado de resistencia al imaginario temerario de los millennials y centennials que, al hacerlo suyo, han adquirido mayor ímpetu y violencia en sus embestidas.[/cita]

El 6% de aprobación del Presidente Piñera no es, en ningún caso, una cuestión superflua que pueda ser revertida con el tiempo sobre la base del apaciguamiento de la calle, como comentaban soterradamente los cercanos a la actual administración: “Con la llegada de febrero, todo se calmará, el chileno se va de vacaciones… y se olvidará». Esta reflexión, por cierto, extremadamente ligera, peca de ignorancia al pasar por alto un aspecto clave que ha caracterizado al agudo malestar que acompaña a la protesta en Chile y que es el absoluto –¿e inesperado?– desplome de la confianza y legitimidad respecto de quienes ejercen el poder desde La Moneda.

Lo anterior, principalmente debido a un pésimo manejo comunicacional que se arrastra desde el año 2018 –recordemos los múltiples bochornos mediáticos ministeriales masificados en las redes sociales– y una brutalidad sistemática e inédita en la represión policial.

En este sentido, el ejercicio del poder por parte del Gobierno postestallido social se ha caracterizado por adquirir fuertes ribetes de facticidad, limitando el diálogo con la sociedad civil y agudizando su miopía sobre las causas del malestar social. Ello ha dado paso a un cuadro cuya semejanza más cercana se encuentra en las dictaduras cívico-militares en fase de decadencia, las cuales destacan por ejercer su dominación con escasa legitimidad política y social, las que –además– se apoyan sobremanera en el poder duro (hard power), siguiendo la categoría propuesta por el geopolitólogo Joseph Nye.

Un gobierno que domina sin legitimidad es similar a una embarcación en rumbo de colisión, es decir, es cuestión de tiempo para que naufrague y sus restos terminen disgregados en la penumbra del fondo marino. Sin lugar a dudas, revertir esta situación implica una tarea titánica para el Ejecutivo, considerando la sistemática violación de Derechos Humanos que pesa sobre su conciencia y el abismo insalvable que se ha provocado entre la ciudadanía y las autoridades, tanto de Gobierno como parlamentarias.

No se trata entonces solo de recuperar confianzas mutiladas y pisoteadas por el abuso policial, sino de reformular toda una serie de relaciones o vínculos con la sociedad civil, cuyos puentes fueron quemados intempestivamente al momento de optar por una arriesgada estrategia de control –sacar a los militares a la calle– que solo hizo revivir las viejas heridas de la dictadura, traspasándolas como un legado de resistencia al imaginario temerario de los millennials y centennials que, al hacerlo suyo, han adquirido mayor ímpetu y violencia en sus embestidas.

Como resultado, esta alta apuesta por un enfoque fáctico no solo ha sido perdida en términos prácticos, ya que la paz no ha retornado a las calles como se esperaba, sino que la eficacia simbólica de los toques de queda demostró ser prácticamente nula, sumado esto a que a nivel político el fundamento de legitimidad y obediencia civil se encuentra fuertemente socavado, en un grado probablemente irrecuperable, a corto plazo.

En virtud de lo anterior y considerando lo complejo de nuestra situación, existe solamente una opción que podría dotar al Gobierno de un barniz de legitimidad, para que de este modo pueda sobrellevar los dos años que le restan de administración, sin embargo, los efectos son devastadores. Esta opción es una estrategia recurrente utilizada por las dictaduras cívico-militares, a saber: implantar el miedo al “otro”.

Norbert Lechner, tal vez el más lúcido de todos los intelectuales que haya reflexionado en torno a los procesos y cambios políticos de Chile, afirmaba que la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet utilizó y magnificó el miedo que existía al “otro” –al “insurrecto”, “revolucionario”, “marxista” o “desadaptado”– para crear y fortalecer la apreciada legitimidad, cuestión clave para el ejercicio de la dominación. La dictadura reclamó legitimación popular a cambio de poner “orden social”: este último se consiguió sobre la base de encierros, castigos, desapariciones y exterminios.

La implementación de esta legitimidad forzosa por parte de la dictadura, se hizo necesaria para asegurar el statu quo en los gobiernos que vinieron con el retorno a la democracia, derivando en una profunda desconfianza y escepticismo de la sociedad civil chilena respecto de la clase política, expresándose en una alta atomización que –si seguimos la tesis de Pedro Güell– alejó su centro de interés desde la esfera política a la privada, estableciendo nuevos referentes donde centrar la mirada: los deportes masivos, la farándula, el consumo de bienes y servicios suntuarios, etc. Tal desinterés por lo político, se ha expresado con firmeza en los bajos niveles de participación de las últimas elecciones en que el voto obligatorio fue reemplazado por el voluntario.

Esta apatía ciudadana, cosechada por años, tiene actualmente como contrapeso la constatación –por parte de la opinión pública– de que el no hacerse cargo de la responsabilidad política que atañe a cada individuo, actuaría a corto plazo como un búmeran que afecta negativamente el bienestar de toda la sociedad. En ese sentido, las encuestas muestran que luego del estallido existe un alto interés por participar del plebiscito de abril de 2020, dándose por hecho el triunfo de la opción “Apruebo”.

Sin embargo, la permanencia del Presidente Piñera en el poder obstaculizaría el libre desarrollo del proceso constituyente, no solo por su mala gestión de la crisis actual, sino porque su presencia y la de sus ministros implica mantener una alta conflictividad que inevitablemente está llevando a una polarización más extrema –solamente pensemos en el área de la educación y la fallida PSU–, la que a su vez genera una mayor represión de Carabineros, haciendo inevitable el aumento del número de muertos y heridos.

La renuncia de Piñera, ya sea antes o después del plebiscito de abril, no implicaría una solución mágica para el fin del conflicto social desatado desde octubre pasado, sin embargo –y a sabiendas que implica asumir nuevos riesgos y un mayor estrés en las instituciones públicas–, se muestra como la única forma en que el actual estilo de Gobierno, basado en la aplicación de una política del miedo y de la represión, pueda dar un paso a una mejor y más plena democracia e iniciar un proceso de reparación y reivindicaciones sociales, con un nuevo enfoque, donde “la medida de lo posible” no sea el eje rector que aglutine la dirección política.