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Para Punta Peuco no alcanza: oposición introduce indicación a proyecto de indultos del Gobierno para que no beneficie a violadores de DDHH

por 26 marzo, 2020

Para Punta Peuco no alcanza: oposición  introduce indicación a proyecto de indultos del Gobierno para que no beneficie a violadores de DDHH
Los senadores De Urresti, Latorre y la senadora Provoste lograron que se aprobara en la comisión de Constitución del Senado una cláusula que impide a este tipo de condenados acceder al beneficio de conmutar su pena en el intento de descongestionar las cárceles por el COVID-19. Hoy, precisamente la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, abogó para que algunos de los condenados por estas causas -como aquellos que tuvieron "participación indirecta" en los crímenes- pudieran ser beneficiados con el arresto domiciliario. [ACTUALIZADA]
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Una de las inquietudes que surgen a partir de la pandemia de COVID-19 es la situación de las personas que se encuentran encerradas en las cárceles y otros lugares de confinamiento donde representan una posibilidad alta de propagación del virus. Durante esta semana, tanto la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, así como representantes de otros organismos internacionales, han llamado la atención sobre esta arista de la crisis sanitaria gatillada por el virus.

"Las autoridades pueden examinar caminos para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables al COVID-19, como los reos enfermos y los más mayores, para reducir drásticamente la población de las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible, se debería también considerar la liberación de los presos poco peligrosos. Algunos países ya han comenzado a hacerlo. Ahora más que nunca los gobiernos deberían liberar a las personas que están encarceladas sin la suficiente base legal", pidió Bachelet a través de un mensaje en redes sociales ayer.

En Chile, para hacer frente a este asunto, el Gobierno de Sebastián Piñera -a través del Ministerio de Justicia- presentó un proyecto de ley que se discutió esta tarde -en su primer trámite constitucional- en la comisión de Constitución del Senado, luego pasa a la sala esta misma jornada y mañana debería tramitarse en la Cámara de Diputados.

El proyecto comprende indultos generales conmutativos, de penas privativas de libertad, tratándose de personas que tengan más de 65 años de edad, que sean mujeres embarazadas o que tuvieren un hijo o hija menor de dos años de edad. El indulto consistirá en la conmutación de la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria total por todo el saldo de sus respectivas condenas.

La iniciativa consideraba una situación excepcional, constituida por la población penal mayor de 75 años, pues a diferencia de todos los otros grupos beneficiados, se prescinde de cualquier exigencia de cumplimiento mínimo de condena, y se prescinde también de cualquier exigencia de saldos máximos de condena que resta por cumplir. Lo anterior, por considerarse el grupo de mayor riesgo, debido a que dicha etapa de la vida se caracteriza por procesos degenerativos, tanto físicos como psicológicos, lo que impacta de forma negativa en las posibilidades de sobrevivencia frente al contagio del COVID-19.

En este punto es donde surgió la controversia y la preocupación en sectores de la oposición, porque se abría la puerta para que accedieran al beneficio personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos. Contra reloj,  los senadores Alfonso de Urresti (PS) Juan Ignacio Latorre (RD) y la senadora Yasna Provoste (DC), introdujeron una indicación que fue aprobada en la comisión.

"Ni respecto de los condenados que la sentencia en conformidad con el derecho internacional, hubiere considerado como genocidio, crímenes de lesa humanidad, o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación que dichas conductas hayan tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la Ley 20.357", reza la indicación al artículo 15 del proyecto.

Provoste precisó vía Twitter que esta indicación es "para que criminales de Punta Peuco no puedan cumplir sus condenas en sus casas. Esperamos sea aprobada en la sala del Senado"

La UDI

Los temores de la oposición respecto a que la "omisión" del proyecto gubernamental, que no excluyó del beneficio directo a los violadores de Derechos Humanos, no estaban de más. Hoy, precisamente la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, abogó para que algunos de los condenados por estas causas -como aquellos que tuvieron "participación indirecta" en los crímenes- pudieran ser beneficiados con el arresto domiciliario.

La timonel UDI dijo que "probablemente no pudiera ser un beneficio que se les pueda dar a todos, pero me parece que tampoco corresponde hacer una discriminación de esa naturaleza, porque efectivamente dentro de las personas que están condenadas por ese tipo de delitos hay personas que fueron condenadas con penas muy bajas, producto de que no tuvieron una acción directa".

Añadió que "personalmente conozco a algunos que eran cabos y que eran chofer, y por lo tanto fueron condenados como habiendo participado indirectamente de alguna situación y sin ningún poder de mando, sin embargo, hoy día están en un recinto penitenciario con hacinamiento, muchos de ellos con enfermedades graves y todos adultos mayores".

Fuentes de la oposición explicaron sobre este último punto que los presos en Punta Peuco están en mejores condiciones que el resto de la población carcelaria del país.

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