PAÍS
Agencia Uno
Reforma de seguridad sin votos: oficialismo pisa el freno y fuerza a La Moneda a abrir el proyecto
La resistencia dentro del propio oficialismo obligó al Gobierno a desacelerar su reforma de seguridad y abrirse a cambios para buscar los 29 votos en el Senado. La Moneda bajará la urgencia y llevará la negociación a la Comisión de Constitución.
La reforma constitucional de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast entró en una fase de negociación forzada por las diferencias dentro de sus propias filas. Sin garantías de alcanzar los 29 votos necesarios para aprobar la idea de legislar en el Senado, La Moneda resolvió dar más tiempo a la tramitación, concentrar las conversaciones en la Comisión de Constitución y abrirse a modificaciones para intentar ordenar al oficialismo y buscar respaldos en la oposición.
El nuevo giro fue abordado la noche del domingo en la casa del ministro de la Segpres, José García Ruminot. Hasta allí llegaron los presidentes de RN, Andrea Balladares; la UDI, Guillermo Ramírez; Evópoli, Luciano Cruz-Coke; y el Partido Republicano, Arturo Squella. Por el Ejecutivo participaron además los ministros Claudio Alvarado, de Interior y Segegob, y Martín Arrau, de Seguridad.
Según reportó el diario La Tercera, la cita —que incluyó una torta de merengue y frambuesa por el cumpleaños de Balladares— fue la segunda reunión de coordinación entre las mismas fuerzas en una semana y tuvo como telón de fondo las tensiones que ha provocado la reforma dentro del propio sector.
El diagnóstico que los timoneles llevaron hasta la reunión fue complejo para el Ejecutivo: las diferencias persisten y, bajo las actuales condiciones, no existe ninguna garantía de reunir los 29 votos que se requieren para aprobar la idea de legislar.
Los partidos plantearon además que la agenda contra el crimen organizado no podía quedar atrapada exclusivamente en la polémica por la reforma constitucional. Por ello, pidieron acelerar los otros proyectos incluidos en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), varios de los cuales ya se encuentran en discusión en el Congreso.
La respuesta del Ejecutivo fue comprometer urgencias para distintas iniciativas de la agenda y dar más espacio a la negociación de la reforma constitucional, ampliando el margen para su discusión en el Senado.
El ministro Claudio Alvarado explicó que el objetivo es “encausar el tratamiento y el trabajo respecto al perfeccionamiento de la reforma en la Comisión de Constitución del Senado”.
La instancia deberá trabajar a partir de la propuesta original del Ejecutivo, pero con espacio para “recibir propuestas y opciones alternativas de cómo modificar y cómo construir un acuerdo entre todos los sectores políticos”, señaló el ministro.
El principal obstáculo continúa siendo el nuevo estado de excepción por seguridad pública. El proyecto original permite que llegue hasta 240 días sin autorización del Congreso y contempla restricciones a libertades individuales, como tránsito y reunión, además de la posibilidad de interceptar comunicaciones.
El ministro Arrau ya se abrió a reducir considerablemente ese plazo, incluso hasta 30 días. Pero dentro del oficialismo existen sectores que consideran insuficiente modificar su duración y piden directamente eliminar la figura. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, por ejemplo, ha planteado como alternativa fortalecer el actual estado de excepción de emergencia.
Ahí aparece el principal límite que ha fijado el Presidente Kast a la negociación.
“El crimen organizado hoy día no es con los delincuentes habituales, es una especie de Estado paralelo, que funciona con líneas de acción, líneas de trabajo, económicas absolutamente distintas, y que muchas veces está concentrado en algunos lugares, y por eso el estado de excepción no es renunciable”, afirmó este lunes en Radio Cooperativa.
El Mandatario, sin embargo, dejó margen para alterar su diseño: “Entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”.
Esa fórmula mantiene abierta una tensión dentro del oficialismo: La Moneda está dispuesta a negociar prácticamente toda la arquitectura del nuevo régimen, pero el Presidente no acepta que desaparezca de la reforma.
El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, valoró precisamente que se entregue más espacio a la discusión. “Hay que mejorarlo, hay que arreglarlo”, sostuvo, destacando que el debate quede radicado en la Comisión de Constitución mientras avanzan otras iniciativas de seguridad.
La comisión aparece ahora como el escenario central para intentar destrabar la reforma. En el oficialismo esperan abrir conversaciones con la oposición y aparecen como actores relevantes su presidente, Pedro Araya, y la senadora socialista Paulina Vodanovic. Desde el PS incluso se prevé la presentación de indicaciones que podrían ampliar el margen de respaldo a la idea de legislar.
Por ahora, el proyecto ni siquiera está puesto en tabla y se prevé que tampoco sea discutido esta semana, precisamente para entregar espacio a las negociaciones.
La apertura del Ejecutivo fue reafirmada este lunes durante el comité político ampliado en La Moneda. Según quienes participaron, se planteó que todos los componentes de la reforma pueden ser sometidos a cambios en la búsqueda de un consenso.
En conversación con The Clinic, la jefa del comité de senadores de RN, María José Gatica, resumió el nuevo escenario: “Nada está escrito sobre piedra”.
“Una cosa es lo que entra al Congreso y otra cosa son los puntos de consenso”, sostuvo, agregando que ve una “plena disposición del Ejecutivo” para introducir los cambios que sean necesarios.
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