martes, 2 de junio de 2020 Actualizado a las 19:15

EDITORIAL

Responsabilidad gubernamental en el manejo de las crisis y en el cumplimiento de los compromisos

por 30 abril, 2020

Responsabilidad gubernamental en el manejo de las crisis y en el cumplimiento de los compromisos
No es aceptable, ni ética ni políticamente, la idea que han empezado a divulgar algunos personeros de sectores políticos, respecto a que circunstancias excepcionales como la pandemia del COVID-19 y/o una crisis económica, serían una especie de amnésico social que permitiría desconocer acuerdos previos. Menos aún, si estos acuerdos políticos se orientan a recomponer la vida institucional del país, abriendo un curso de confianza social y estabilidad política que en esos momentos no existía, como fue el caso del acuerdo que fijó un itinerario constitucional.
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Las sociedades no pueden vivir ni en la espontaneidad ni en la permanente improvisación en sus decisiones de Gobierno. Se requiere de certidumbre en las rutinas institucionales. Y cuando estas se ven entorpecidas por circunstancias imprevistas, el imprescindible “sucedáneo” debe provenir del respeto irrestricto de los actores políticos a los acuerdos que hayan adoptado para llevar adelante la vida política-social. So pena de crear, si no lo hacen, un nuevo elemento perturbador en la vida de los ciudadanos.

No es aceptable, entonces, la idea que han empezado a divulgar sectores políticos del país, respecto a que circunstancias excepcionales como la pandemia del COVID-19 y/o una crisis económica, serían una especie de amnésico social que les permitiría justificar un desconocimiento de acuerdos previos. Menos aún, si estos estuvieron orientados a recomponer la vida institucional del país, abriendo un curso de confianza social y estabilidad política que en esos momentos no existía, como fue el caso del acuerdo constitucional.

Tampoco es admisible que, en un régimen presidencialista como el chileno, donde el Gobierno tiene un peso determinante en las iniciativas políticas, él se enrede en señales ambiguas y/o contradictorias, que implicarían no solo incumplir un compromiso, sino que lisa y llanamente cambiar la forma o sentido de los acuerdos, por sí y ante sí. Peor si lo hace mezclando eventuales suspensiones de actos eleccionarios significativos, como el plebiscito, con dificultades económicas y/o imposibilidades sanitarias, cuya ocurrencia, de acuerdo a sus propios argumentos, hoy no puede prever. Hacerlo en estos momentos sería socavar la poca confianza ciudadana que resta.

La ambigüedad con la cual el Gobierno ha respondido a la idea, aún en estado germinal, de que el país no estaría en condiciones de realizar plebiscitos ni votaciones en torno a la generación de una nueva Constitución o elección de autoridades, o que podría ser resuelto por el Congreso Nacional, puede constituirse en un llamado a la incertidumbre total, que sepulte la gobernabilidad del país. Y que la angustia social, política y económica, genere una ira incontrolable frente a todo lo que escenifica la política.

Hoy el Gobierno impulsa al país a una nueva normalidad, basada en la vuelta al trabajo, al estudio y al funcionamiento paulatino del comercio y los servicios, en un ambiente de gradualidad y cuidados sanitarios. De lo que puede deducirse que los plazos constitucionales y electorales actualmente en curso, posiblemente, no requerirán una ampliación, aunque los riesgos no han sido eliminados del todo.

Existe necesidad de que la autoridad muestre una clara voluntad de llevar adelante los actos políticos comprometidos y haga los requerimientos necesarios para que las instituciones, como el Servicio Electoral (Servel), exhiban y realicen lo propio en pos de estar en buen pie para cumplir su tarea profesional. Y los demás actores políticos deben exhibir su disposición sincera a cumplir sus compromisos. Así como el Estado debe ser garante del compromiso frente a los ciudadanos.

No se puede obviar que tanto el gobierno como el Congreso, y los demás actores políticos, no cuentan con la confianza ciudadana necesaria. Los vacíos de credibilidad política y la crisis de representación que expresan, les demanda una actitud especialmente transparente y comprometida sobre su adhesión a lo acordado luego del estallido social, iniciado en octubre de 2019. La crisis de confianza ciudadana pone la legitimidad del Gobierno y de todo el régimen político en estado crítico y se tienen que generar certidumbres en cuanto a que se ha enmendado el rumbo, y no al revés.

La ambigüedad con la cual el Gobierno ha respondido a la idea, aún en estado germinal, de que el país no estaría en condiciones de realizar plebiscitos ni votaciones en torno a la generación de una nueva Constitución o elección de autoridades, o que podría ser resuelto por el Congreso Nacional, puede constituirse en un llamado a la incertidumbre total, que sepulte la gobernabilidad del país. Y que la angustia social, política y económica, genere una ira incontrolable frente a todo lo que escenifica la política.

Existe consenso en que nuestra democracia es imperfecta, pero es todavía una democracia que puede autocorregirse con y por sus ciudadanos. Y mayoritariamente existe convicción de que el actual Gobierno de Sebastián Piñera no ha sido un buen Gobierno, pero hasta ahora no hay razones para poner en duda su vocación democrática ni su legitimidad. Tampoco que la continuidad del mandato presidencial es un gen imprescindible de la democracia chilena.

Por lo mismo, una mayor estabilidad política y social del país es parte sustantiva de la responsabilidad que tienen hoy el Gobierno y toda la elite política, entre otras cosas para ordenar la agenda de normalización institucional y conducir el sistema político hacia el mayor esfuerzo de certidumbre en la hora actual. De hacerlo, su historia pasaría al inventario nacional de esfuerzos por consolidar una mejor democracia.

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