Si la idea es financiar facturas de clientes sin actividad, de deudores no calificados o sencillamente otorgar préstamos sin el debido análisis, las probabilidades de morosidad y no pago serán inmensas. El riesgo de tener que ejecutar la garantía estatal será otro condimento a este suicidio. No quisiera pensar el efecto que significaría en la opinión pública que esta “nueva inversión” de las AFP tuviera además que pagarse con nuestros propios impuestos.
En el reciente mes de abril, las AFP y la Superintendencia de Pensiones, dieron a conocer a la prensa modificaciones a su normativa para implementar un mecanismo que les permitiera invertir a través de Fondos de Inversión o Administradores Generales de Fondos (AGF) en empresas de factoring o entidades elegibles y con ello dotar de “liquidez” a las pymes de Chile. La condición para perseverar en ello: contar con garantía estatal.
Si se hace el análisis debido, este mecanismo podría significar el comienzo del fin. Desoyendo su mandato exclusivo, están ingiriendo la primera cucharada de veneno al aceptar entrar a un negocio del que los privados se están saliendo, seducidos por un aval estatal y una supuesta justa causa. De ahora en adelante lo único que cabe esperar es algún justo motivo que requiera de financiamiento, para que, con la garantía del Estado, imitemos lo ocurrido en Argentina, y esta nueva cucharada de veneno sea mortal.
¿Exageramos? Creemos que no, pero vamos por parte.
El rol de las AFP, como hemos dicho, no es el de implementar políticas públicas. Es el de administrar los fondos de pensiones de los chilenos y rentabilizarlos de la mejor forma para obtener más y mejores pensiones. Además, por definición, la buena política pública es aquella que se sustenta en el tiempo. Este apoyo a las pymes será coyuntural y, como veremos, completamente inútil.
¿Por qué razón, en época de crisis, algunas instituciones financieras extrabancarias no tienen dinero suficiente para financiar a las pymes? Ello básicamente porque sus acreedores, inversionistas o aportantes han dejado de “creerle” al negocio o bien están considerando un riesgo alto en dichas inversiones y, por tanto, deciden retirar sus fondos.
Efectivamente, los manejos temerarios al financiar facturas de deudores no calificados, órdenes de compra e incluso dar créditos bajo una falsa operación de factoring, sin hacer el debido análisis, terminan pasando la cuenta. También incide una administración “desordenada” a la hora de estructurar sus pasivos. De ahí el dicho que reza que “cuando baja la marea, se ve quien está alegremente sin traje de baño”.
Por lo mismo, esto no se puede clasificar como un problema de liquidez, sino más bien como un problema de solvencia. Las pymes con facturas de deudores calificados no están teniendo problemas para financiarse. Es más, se está haciendo en forma rápida, eficiente y con precios ajustados al correspondiente riesgo.
Distinto es el caso de aquellas pymes cuyos rubros están impedidos de desarrollar su actividad por una disposición del mismo Estado, tales como restaurantes, turismo, etc. Ellas si requieren de la ayuda estatal, a través de un subsidio directo mientras dure la crisis, pero no a través de una fórmula para financiar su caja o su capital de trabajo, ya que justamente lo que no tienen es la actividad necesaria para dicho financiamiento.
Si la idea es financiar facturas de clientes sin actividad, de deudores no calificados o sencillamente otorgar préstamos sin el debido análisis, las probabilidades de morosidad y no pago serán inmensas. El riesgo de tener que ejecutar la garantía estatal será otro condimento a este suicidio. No quisiera pensar el efecto que significaría en la opinión pública que esta “nueva inversión” de las AFP tuviera además que pagarse con nuestros propios impuestos.