¿Cortemos el leseo?

El origen histórico y milenario del Estado se remonta a 5.500 años, con la aparición de las grandes ciudades. El propósito inicial y único del Estado era ejercer el monopolio de la fuerza, para evitar que los ciudadanos se mataran entre ellos y cayeran en el caos absoluto.

De ahí que fueron apareciendo las diversas instituciones y códigos de la justicia, como la penal y la civil, así como tribunales, jueces, abogados, fiscalías, defensores penales, Carabineros, PDI, cárceles, etc.

Pues bien, hay creciente evidencia en Chile, especialmente desde el 18-O en adelante, de que las instituciones encargadas de ejercer este monopolio de la fuerza e impartir justicia se están deshilachando, al punto de que los ciudadanos e incluso los encargados de su vigilancia, como soldados y carabineros, se sienten cada vez más desprotegidos.

Aquí van a saltar algunos lectores con el triste asunto de los balines en los ojos de los manifestantes y la brutalidad policial. Les digo de inmediato que tienen toda la razón, y que Carabineros es una institución que debe ser totalmente reestructurada. Pero, dicho eso, díganme ustedes si acaso eso justifica los ejemplos que expondré a continuación, cinco de entre muchos más, que delatan una permisividad incomprensible.

[cita tipo=»destaque»] Desde mucho antes del estallido social, Chile venía cayendo en un estado “anómico”, es decir, una situación en que el contrato social, entendido como el respeto por las normas y los derechos de los demás, se comenzó a deteriorar, hasta en la forma en que tiramos basuras en la calle y las playas. Con el estallido, también se expandió masivamente la nube de cultura anómica, posiblemente apoyada, en la mente de algunos desquiciados, en que “si los pacos dejan manifestantes ciegos, yo con mayor razón hago lo que quiero”. Hago lo que se me para la cola y qué fue. Todo vale. [/cita]

La evidencia por medio de cinco ejemplos

Empresario asesinado en Concón: el presunto sicario estaba irregular en Chile:

El 18 de mayo de 2020, un empresario fue asesinado en Concón por un sicario colombiano. El autor del hecho pudo haber sido expulsado de Chile mucho antes, pero una cadena de errores le permitió seguir en el país y transformarse en sicario. Existieron omisiones de Carabineros, de la Fiscalía y de los Tribunales que facilitaron su permanencia ilegal, puesto que ninguno lo denunció. El imputado compareció en tres oportunidades frente a un tribunal sin que a fiscales ni jueces les hubiese parecido al menos extraño que una persona sin residencia, sin pasaporte timbrado y sin ningún dato en el sistema chileno, no registrara en su hoja de vida una denuncia por el delito de ingreso clandestino. ¿Quién le explica esto a la familia del empresario?

Caso de falso instructor en la Región de Los Lagos que resultó ser abusador sexual:

Tras haber pasado 6 años desde la primera denuncia formulada por una víctima, recién en 2019 la Fiscalía de Los Lagos formalizó al imputado por violación, estupro y abuso sexual contra 11 menores de edad. Pese a las primeras denuncias, el sujeto no fue perseguido penalmente, lo que dio espacio a que continuara con la comisión de abusos. ¿Quién les da explicaciones a las madres de esos niños?

Reincidentes y agresores en infracción a la cuarentena:

Hasta mediados de junio de 2020, había 8 mil personas que registran 2 o más detenciones por quebrantamiento de la cuarentena. De ellas, 32 han sido detenidas 6 o 7 veces, y 6 personas registran entre 8 y 16 detenciones por el mismo motivo. Los vuelven a mandar para la casa, a seguir contagiando conciudadanos. No les pasa na-da. Peor aún, mucho peor, durante la pandemia se han registrado nada menos que 119 incidentes en que personas embisten con su vehículo contra patrullas militares que trataban de controlarlos, incluso en toque de queda. Así como lo lee. Desde el 18 de marzo hasta hoy, es decir, durante la pandemia, ya no en el estallido, ha habido 60 miembros de Carabineros, PDI y FF.AA. lesionados. El soldado Hugo Martínez falleció en Puerto Montt el 7 de junio por uno de estos incidentes. ¿Y qué les pasó a estos desquiciados?

Reincidentes por delitos múltiples:

En Temuco un joven de 19 años fue detenido recientemente y contaba con 13 condenas y 35 detenciones. En Valparaíso, un hombre de 53 años cuenta con 126 detenciones y 96 condenas. Casos como estos se repiten a lo largo del país. ¿Qué onda?

Caso infantes de marina en Lota:

El 13 de mayo de 2020, una patrulla de infantes de marina advirtió la presencia de un vehículo circulando en toque de queda, dando la orden para que se detuviera. El conductor hizo caso omiso y continuó su marcha en contra de los soldados, quienes debieron esquivarlo, disparando al aire con un arma de fogueo y disparando con balines de goma en contra del vehículo, que huyó del lugar. Al presentarse los infantes de marina ante Carabineros para denunciar los hechos de los que habían sido víctimas, se les informó que por orden del fiscal debían declarar en calidad de imputados. El mundo al absoluto revés. ¿Qué ganas les pueden quedar a los infantes y soldados de patrullar el toque de queda que se ha aplicado por la pandemia? ¿Tienen o no tienen ellos el derecho, como lo dice la ley, de ejercer el monopolio del uso de la fuerza para impedir que los ciudadanos se dañen entre sí? ¿O esto ya es una chacra?

El baúl de las explicaciones

Dicen que lo dijo Julio Cortázar, pero no estoy seguro (y lo escribo igual) que “en alguna parte hay un baúl donde están guardadas todas las explicaciones”. Y deben ser muchas. Las primeras son deficiencias en el Código Penal, que en algunos ámbitos sea excesivamente garantista, y que probablemente permite castigar con levedad lo que debiera ser castigado con más fuerza. No estoy por llenar las cárceles como les gusta a algunos derechistanos, que encuentran que esa es la única solución a todos los problemas. Pero estos Códigos deben ser ajustados si contienen elementos irracionales.

La segunda es el deterioro de las instituciones, que permiten conductas como las de ciertos jueces y fiscales a quienes no les apetece particularmente “cortar el leseo”, sea por razones ideológicas, de garantismo mal entendido o por simple desidia. La ciudadanía, especialmente la ciudadanía cuyos derechos han sido atropellados, tiene derecho a conocer en mayor profundidad lo que está ocurriendo en el interior de esas entidades.

La tercera, de difícil abordaje, es la pandemia mental que padece el país. Diversos especialistas han denunciado esto repetidamente, y cual verdad inconveniente, sucesivos gobiernos, incluido el actual, han escogido hacer como el avestruz y esconder la cabeza. En ambientes de estallido social seguidos de encierro y pandemia, aumenta la probabilidad de que distintos ciudadanos con angustia, depresión y violencia endógena cometan aún más desmanes en que atropellen los derechos de los demás. El presupuesto de salud mental del Minsal es irrisorio, y en regiones casi no hay siquiatras.

La última causa es la que más me preocupa, pues no se resuelve ni fácilmente ni en el corto plazo. Las otras tres, con decisión, suficientes recursos y buena gestión, más cambios legislativos en el Código Penal, se podrían tal vez, tal vez, abordar con cierta rapidez. Pero… desde mucho antes del estallido social, Chile venía cayendo en un estado “anómico”, es decir, una situación en que el contrato social, entendido como el respeto por las normas y los derechos de los demás, se comenzó a deteriorar, hasta en la forma en que tiramos basuras en la calle y las playas. Con el estallido, también se expandió masivamente la nube de cultura anómica, posiblemente apoyada, en la mente de algunos desquiciados, en que “si los pacos dejan manifestantes ciegos, yo con mayor razón hago lo que quiero”. Hago lo que se me para la cola y qué fue. Todo vale.

Para parar este fenómeno cultural, aunque sea un poco, no se me ocurre ninguna otra solución que inyectar un cóctel del ADN de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, con unas pocas dosis de Pepe Mujica y Benito Baranda, en el actual presidente y el futuro, a ver si logramos una mutación conductual. Esto solo se logra con liderazgos empáticos, convocantes y entusiasmantes.

En suma

Por mucho que haya diversas explicaciones guardadas en el baúl de Cortázar, nada, pero nada, nada justifica atropellar impunemente a infantes de marina, dejar sicarios sueltos o permitir 40 reincidencias delictuales a una persona sin que le pase nada. Desafía el sentido común. En cualquier país civilizado, arrollar deliberadamente a soldados, carabineros o infantes de marina en acto de servicio es castigado con las penas del infierno, pues de no hacerse es una señal nítida de que el Estado perdió el monopolio de la fuerza. Para allá parece que vamos.

Hora de que cortemos el leseo.