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OPINIÓN

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¿Cuándo se jodió Chile?

por 15 julio, 2020

¿Cuándo se jodió Chile?
Desde la llegada de Colón en adelante, las instituciones económicas de América Latina, Chile incluido, han sido… adivine... absolutamente extractivas, diseñadas para favorecer a los conquistadores, posteriormente a la elite criolla de la Independencia y, en el último siglo, a los inmigrantes europeos –como mis abuelos– que se apoderaron de otro pedazo de la riqueza a fuerza de trabajo, pero también de algunas prebendas, protecciones arancelarias, estancos, evasiones, elusiones y colusiones. Medio milenio y todavía no podemos liberarnos de este lastre. La gran pregunta de mi desvelo: ¿serán, a la hora de los quiubos, los mismos parlamentarios y cúpulas partidarias los que alteren las reglas del juego político y económico que los han protegido a ellos y a sus financistas? ¿Será por eso que en Chile Vamos andan tan histéricos porque sus alcaldes no podrán reelegirse? Según el implacable North, ningún grupo político altera de buena voluntad las reglas del juego para perder ese poder político.
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En el semidesvelo nocturno pandemioso, me desesperaba con la pregunta, que también se hizo Claudio Fuentes en un gran libro del mismo nombre, donde enhebra distintos momentos e incidentes de nuestra vida política: ¿Cuándo, cuándo? Ahí fue cuando recordé el concepto de “instituciones”, que también es muy importante para la comprensión de lo estructural y añejo… de lo jodidos que estamos.

Partamos por el Premio Nobel de Economía 1993, Douglass North: “Las instituciones formales no son creadas para ser eficientes socialmente, sino para servir los intereses de quienes tienen el poder de negociación para diseñar nuevas normas”. Fuerte lo suyo. Es lo que en 2005 dijo en forma algo más ruda un presidente de Sofofa, Felipe Lamarca, y que le valió el regaño generalizado de sus colegas: "Chile no va a cambiar mientras las elites no suelten la teta".

Fíjese no más y nosotros los ilusos pretendiendo que el Congreso, nuestra elite política criolla, delibere para el bien común, para resolver los problemas de la gente. Un ejemplo al borde del paroxismo ha sido el cuentito este del retiro del 10% de las AFP. Lo proponen a sabiendas que, como la gente entiende poco, cree de veras que le van a resolver sus problemas y por eso vota por ellos. Eso se llama populismo, término que los populistas vilipendian y odian. Nota necesaria de divagación colateral: no todos los parlamentarios son malintencionados, dedicados a su reelección antes que cualquier cosa relevante, populistas o ineptos, basta con que 2/3 lo sean. Conozco a algunos(as) muy razonables.

Según ellos, las instituciones políticas inclusivas son aquellas diseñadas para que el Estado pueda arbitrar sanamente las conductas de los ciudadanos. Son instituciones pluralistas y democráticas, lo cual a su vez asegura que las instituciones económicas sean inclusivas. Las instituciones políticas extractivas, por contraste, son aquellas diseñadas para mantener y hacer prosperar la extracción de rentas de un subconjunto de la sociedad respecto al otro. Por ejemplo, cuando los delitos de cuello y corbata tienen un castigo livianito, ¿le suena?, o cuando la carga tributaria de los más ricos es la mitad que en la OCDE y más encima hay perdonazos del SII, ¿le suena?

Luego, en medio de la leche caliente con galletitas, a ver infructuosamente si recuperaba el sueño, recordé a otros caperuzos autores, Acemoglu y Robinson, en su magistral libro ¿Por qué fracasan los países?, del 2012, (léalo, no se lo pierda), donde plantearon, con lujo de análisis de casos a lo largo de la historia y geografía mundial, que la cultura o la religión explican solo muy parcialmente la desigualdad, la desconfianza o la escasa disposición de las personas a cooperar. Estas son mayoritariamente una consecuencia de lo que ellos, siguiendo a North, llaman instituciones económicas y políticas, es decir, el conjunto de normas que rigen la sociedad, que pueden ser “extractivas” o “inclusivas”.

O sea, no nos jodimos porque “es mala la raza”, como algunos gustan decir en la "República Autosuficiente de Las Condes" (porque ellos no serían de esa raza, of course). No se trata de que los genes o la cultura latina, chilena, indígena, sajona o asiática sean la explicación central de la prosperidad o pobreza de los países. Ni los chilenos somos genética y culturalmente deshonestos ni los finlandeses genética y culturalmente prolijos. Eso es buena noticia, pues significa que sí podemos cambiar. Hay esperanza, ciudadanos. Tomará tiempo, pero en una de esas podremos cambiar… ¿o habré bebido un exceso de Ingenuol Forte?

Según estos autores, la explicación va por otro lado: instituciones económicas “inclusivas” son aquellas reglas del juego, leyes u organizaciones, que posibilitan la participación de la gran mayoría de las personas en actividades que aprovechan lo mejor de sus talentos y habilidades y permiten que cada individuo pueda elegir lo que desea. Allanan el camino, obviamente, a la tecnología, la innovación, el comercio, el intercambio justo y no coludido, y por supuesto a la buena y equitativa educación.

Por contraste, las instituciones económicas “extractivas” son aquellas que tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto. Unos pocos se hacen ricos y poderosos y el resto que se chupe el dedo. ¿Le suena conocido? No solo se chupan el dedo, sino que se mueren antes, fíjese. La tasa de mortalidad por COVID-19 es cinco veces mayor en La Pintana que en Vitacura. Cinco veces, no 5%, no 50%: 500%, lector querido. Mientras las mujeres de Vitacura y Providencia tenían una esperanza de longevidad de 88 años, en La Pintana llegaba a 77 años… antes de la pandemia.

Desde la llegada de Colón en adelante, las instituciones económicas de América Latina, Chile incluido, han sido… adivine… absolutamente extractivas, diseñadas para favorecer a los conquistadores, posteriormente a la elite criolla de la Independencia y, en el último siglo, a los inmigrantes europeos –como mis abuelos– que se apoderaron de otro pedazo de la riqueza a fuerza de trabajo, pero también de algunas prebendas, protecciones arancelarias, estancos, evasiones, elusiones y colusiones. Medio milenio y todavía no podemos liberarnos de este lastre.

Mantener un bajo nivel educativo en la ciudadanía ha sido parte crucial de este entuerto, por acción u omisión, de manera explícita o implícita. Si hasta Andrés Bello y monseñor Mariano Casanueva, fundadores de la U y la PUC, afirmaban en textos que las escuelas para pobres no debían mezclarse con las de los profesionales adinerados. “No solo no sería beneficioso, sino hasta inconveniente”, escribían sin empacho. Si no me cree, las citas están aquí. Por supuesto que sería inconveniente. Por ejemplo, si estuvieran bien educados se darían cuenta de la chiva con el 10%, y además, no elegirían a algunos diputados de cuyo nombre no me quiero acordar en algún lugar de la Mancha Metropolitana, cuyo nivel educativo es congruente con el de los votantes que los eligieron.

Durante el divagador y deshilachado desvelo, también se me vino a la cabeza otro luminoso botón de muestra. Por ahí por el 2009, hace comparativamente poco tiempo, el decano de una facultad de una universidad privada del sur de Chile, cuando todavía no había ranking de notas, desarrolló un novedoso y exitoso sistema para ingresar alumnos de bajo nivel social y educacional, aún cuando sus puntajes de ingreso no lo permitían. Al asumir el cargo un nuevo rector, este le pidió que suspendiera el programa “porque la Universidad está comenzando a llenarse de gente fea, y eso deteriora la imagen” (sic). El decano renunció. Chile seguía plenamente jodido.

Otro argumento central de Acemoglu y Robinson es que el poder económico, en contubernio con el poder político, constituyen el cepo perfecto para la extracción de riqueza de una parte de la sociedad a la otra. Esta es como la versión de Harvard y MIT –pero más sofisticada– de la lucha de clases.

Según ellos, las instituciones políticas inclusivas son aquellas diseñadas para que el Estado pueda arbitrar sanamente las conductas de los ciudadanos. Son instituciones pluralistas y democráticas, lo cual a su vez asegura que las instituciones económicas sean inclusivas. Las instituciones políticas extractivas, por contraste, son aquellas diseñadas para mantener y hacer prosperar la extracción de rentas de un subconjunto de la sociedad respecto al otro. Por ejemplo, cuando los delitos de cuello y corbata tienen un castigo livianito, ¿le suena?, o cuando la carga tributaria de los más ricos es la mitad que en la OCDE y más encima hay perdonazos del SII, ¿le suena?

La gran pregunta de mi desvelo: ¿serán, a la hora de los quiubos, los mismos parlamentarios y cúpulas partidarias los que alteren las reglas del juego político y económico que los han protegido a ellos y a sus financistas? ¿Será por eso que en Chile Vamos andan tan histéricos porque sus alcaldes no podrán reelegirse? Según el implacable North, ningún grupo político altera de buena voluntad las reglas del juego para perder ese poder político.

Por eso… #YoApruebo. Con poca esperanza pero… #YoApruebo.

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