Opinión
En el mundo soplan nuevos vientos a favor del impuesto a los súper ricos. Hace pocos días, alrededor de 80 hombres y mujeres de alto patrimonio conformaron el grupo “Multimillonarios por la Humanidad”, para instar a los gobiernos del planeta a implementar el impuesto a la riqueza como una forma de financiar la recuperación pospandemia. ¿Habrá voluntad política en Chile?
Esta semana se inicia en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas la tramitación del proyecto de ley que establece un impuesto a los súper ricos para financiar una renta básica de emergencia.
Se trata de una reforma constitucional que permite cobrar, por única vez, un tributo de 2,5% a las hiperfortunas personales con residencia en Chile y se considera el patrimonio declarado por el contribuyente al 31 de diciembre de 2019, tanto al interior como fuera de nuestro país. Este último criterio elimina el riesgo de comportamientos elusivos y además le permite al contribuyente utilizar cierta información que ya está disponible (balances, certificados, tasaciones, entre otros).
De manera conservadora, se estima una recaudación para el Estado de entre 4 a 6 mil millones de dólares. Con estos recursos se puede asegurar a alrededor de 4 millones de hogares un ingreso mínimo garantizado por 3 meses, con un costo de 6 mil millones de dólares, lo que equivale a un 2% del PIB. Por ejemplo, un hogar de 3 personas recibiría 370 mil pesos.
Esta iniciativa surgió ante la lentitud del Gobierno para socorrer a miles de familias que lo están pasando muy mal durante la crisis social, ya que perdieron sus empleos o vieron drásticamente reducidos sus ingresos formales o informales. También se origina en respuesta a la mezquindad de La Moneda y el recurrente abuso de la letra chica para, perversamente, reducir la cantidad de beneficiados y no tocar los recursos del Estado.
Si no se adoptan medidas urgentes, Chile experimentará un aumento de la pobreza y/o de la extrema pobreza. Por esta razón, una forma efectiva para financiar la renta básica de emergencia es mediante una contribución de los sectores más ricos de la población. Quien más tiene, más aporta. Este es un principio básico de la progresividad de los impuestos.
Según la estadística que maneja el banco empresarial Credit Suisse al año 2019, el 0,1% de la población adulta más rica de Chile concentra el 34% de la riqueza privada total neta, vale decir, aproximadamente 264.000 millones de dólares, mientras que el 0,01% concentra el 25% de la riqueza privada. Este último grupo tiene fortunas desde los 20 millones de dólares.
Desde este rango de riqueza patrimonial se propone cobrar el impuesto, porque al ser menos personas es más fácil la fiscalización de parte del Servicio de Impuestos Internos. De todos modos, también se evalúa reducir el piso de la riqueza para recaudar más, aunque sea con la dificultad de pesquisar a una mayor cantidad de contribuyentes.
Al examinar el origen de su patrimonio no solo se aprecian legítimos ahorros, sino que también está compuesto por la creación y apropiación de riqueza ya existente. Y, por supuesto, esta última opción es la más usada en Chile mediante extracción de rentas de recursos naturales, de mercados monopólicos y uso de información privilegiada, entre otros mecanismos.
Por ejemplo, en el estudio “Nuevas Estimaciones de la Riqueza Regalada a las Grandes Empresas de la Minería Privada del Cobre: Chile 2005-2014”, de los economistas Eugenio Figueroa, Ramón López, Gino Sturla y Simón Accorsi, se reveló que Chile regaló a la minería privada del cobre rentas de 120 mil millones de dólares. Con esa riqueza que se fueron a las megaempresas transnacionales se podría haber financiado educación gratuita completa y mejorar el sistema de salud y pensiones de manera definitiva con los US$7 mil millones restantes.
En Chile, por ejemplo, el impuesto se aplicaría a las hiperfortunas de Iris Fontbona del grupo Luksic, quien posee un patrimonio de 15.600 millones de dólares; Julio Ponce Lerou con 3.800 millones de dólares; Horst Paulmann con 3.000 millones de dólares; el mismísimo Presidente de la República, Sebastián Piñera, con 2.800 millones de dólares; y Roberto Angelini Rossi con 2.200 millones de dólares.
Para afrontar la crisis, debemos transitar desde los tradicionales impuestos patrimoniales que existen en casi todo el mundo (casas, tierra, herencia) hacia los impuestos patrimoniales no tradicionales para incluir patrimonios financieros y bursátiles, entre otros.
Los impuestos a las rentas económicas son a futuro. Pero una importante función de los impuestos patrimoniales no tradicionales es recuperar para la sociedad las rentas económicas que han sido apropiadas por un pequeño grupo de súper ricos a través de muchos años, durante los cuales esas rentas no fueron gravadas.
Esta apropiación de rentas ha constituido una transferencia forzada de riqueza desde el resto de la sociedad a los súper ricos. Así, esta transferencia ha sido a costa de los consumidores que han debido pagar precios monopólicos, proveedores de grandes empresas que han recibido precios de tipo monopólico, inversionistas pequeños y medianos que han sido explotados por el uso de información privilegiada por parte de especuladores, y los ciudadanos, dueños verdaderos de los recursos naturales y medio ambiente, que han sido privados de recibir su justo pago por el uso y abuso de ellos de parte de los súper ricos.
De este modo, la justificación para aplicar impuestos al patrimonio no es solamente para generar recursos necesarios para el Estado, reduciendo la desigualdad económica en su raíz más profunda, y compensando por la apropiación indebida de rentas ocurridas a través de muchas décadas, sino que también como un instrumento para generar una mayor eficiencia económica.
El líder de la CPC, Juan Sutil, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se han convertido en la primera línea de los súper ricos para que no se toque un solo peso de las multimillonarias riquezas aposadas.
Entre las críticas más frecuentes se acusa que el impuesto a los súper ricos significaría un desincentivo al ahorro y la inversión. Al respecto, hay que partir diciendo que las grandes fortunas se acumulan en activos de uso personal, tales como mansiones, tierras, yates, aviones, helicópteros, y paraísos fiscales, todo ello consumo improductivo para el resto de la sociedad.
Por lo tanto, los impuestos patrimoniales van a generar desincentivos al súper consumo o a ahorrar en paraísos fiscales, más que a los ahorros que puedan generar beneficios para la inmensa mayoría de la sociedad. Dado que estos impuestos no gravan la rentabilidad de las empresas, sino que solamente las fortunas personales, es improbable que tengan un efecto negativo sobre la inversión.
En el mundo soplan nuevos vientos a favor del impuesto a los súper ricos. Hace pocos días, alrededor de 80 hombres y mujeres de alto patrimonio conformaron el grupo “Multimillonarios por la Humanidad” para instar a los gobiernos del planeta a implementar el impuesto a la riqueza como una forma de financiar la recuperación pospandemia.
Por su parte, el académico conservador de la Universidad de Columbia, Wojciech Kopczuk, férreo opositor a los impuestos sobre la riqueza, afirmó que le parece adecuado que en momentos de crisis como la que vivimos se obtenga financiamiento mediante la contribución de los súper ricos.
En tanto, el Fondo Monetario Internacional se ha abierto a impuestos patrimoniales como una forma de financiar parte de los costos de la crisis.
Las consecuencias de no reconocer el problema en su magnitud y de no abrirse a la implementación del impuesto a los súper ricos agudizarán la crisis social y la desigualdad. Que nadie diga después que no lo vieron venir.
