Opinión
La oposición será puesta a prueba y tendrá sobre sus hombros gran parte de la responsabilidad de sostener un proceso constituyente con características muy particulares. De partida, porque nació a pesar del Gobierno e impulsada por la ciudadanía. Por otro lado, será un evento único en el mundo. Si todo sale bien, tendremos la primera asamblea constituyente paritaria, y la primera Constitución redactada después de la crisis sanitaria y económica global. Una oportunidad excepcional para diseñar nuevas formas de gobernanza que se hagan cargo de las complejidades del siglo XXI.
Hace unos días se materializó la voluntad de coordinación desde los diversos sectores de la centroizquierda en torno al plebiscito del 25 de octubre. En particular, se ha acordado articular acciones conjuntas y coordinadas para impulsar el Apruebo. De esta forma avanza la discusión sobre cómo la oposición enfrentará los desafíos futuros que se aproximan, dando cuenta de dos líneas posibles: unidad o dispersión.
En tal sentido, cada vez se hace más evidente que la disposición de tender puentes y generar entendimientos constituye un imperativo frente a la crisis política y la tensión social instalada, que han llegado a un punto límite en el transcurso del actual Gobierno. Sin embargo, dicho entendimiento debe darse sobre una base de contenido programático que defina los objetivos más urgentes y que proyecte una mirada de largo plazo. Esto implica superar la etapa de impugnación y pasar a conformar una alternativa.
La fase impugnatoria ha tenido una importancia primaria, que supone reconocer aquellos aspectos ante los cuales se comparte una visión crítica. Consensos preliminares definidos en negativo, es decir, referidos a lo que se rechaza. Pero levantar alternativas de futuro supone acuerdos en positivo, que definan el contenido del proyecto que se planteará como opción frente a lo actual.
Ya no basta solo con reproducir el mantra de “desmontar el neoliberalismo”, hoy se hace necesario construir una agenda de bienestar y fortalecimiento de lo público, a fin de avanzar progresivamente hacia la consolidación de un Estado garante de derechos sociales. Dichas reformas implican el diseño de políticas públicas concretas, y ese elemento añade dificultades ineludibles.
Por eso el proceso constitucional otorga el primer paso en la conformación de una alternativa. La impugnación ha derivado en un escenario que permitirá establecer un nuevo marco político-institucional, por tanto, las oposiciones, entendiendo y respetando su diversidad, tienen el deber de llegar al plebiscito y a la futura convención con un marco de entendimiento mínimo respecto a los contenidos constitucionales, que permita comenzar a construir una Carta Magna que siente las bases de un nuevo modelo de desarrollo.
Algunos elementos que pensamos- no deberían quedar fuera son crear una arquitectura institucional que supere el hiperpresidencialismo y las rigideces del Estado unitario, fortaleciendo el rol del Poder Legislativo y distribuyendo poder hacia los gobiernos regionales y locales; fomentar una nueva relación entre la sociedad civil y las instituciones, mediante consejos colegiados u otras herramientas de incidencia efectiva; rediseñar el catálogo de derechos dando prioridad y exigibilidad a los derechos sociales; reconocer a los pueblos originarios en su calidad de tales y dotarlos de derechos especiales como la autodeterminación; y plasmar un nuevo trato de la sociedad con sus territorios y el medioambiente, cuestión esencial en un país que tiene la capacidad para transformarse en una potencia verde global.
Es necesario abrir desde ya un proceso de deliberación colectiva, poniendo a disposición toda la capacidad técnica y política de la centro-izquierda, en un ejercicio que requiere de humildad y generosidad. El tiempo apremia y hay que poner rápido sobre la mesa los consensos y disensos sobre el Chile de las próximas décadas, más que la recurrente crítica sobre lo que hicieron o no otros gobiernos en el pasado, superando así la fase impugnatoria del modelo.
La oposición será puesta a prueba y tendrá sobre sus hombros gran parte de la responsabilidad de sostener un proceso constituyente con características muy particulares. De partida, porque nació a pesar del Gobierno, pues el piñerismo solamente se abrió –a regañadientes– al acuerdo constitucional una vez que los hechos hicieron tambalear su administración.
Por otro lado, será un evento único en el mundo. Si todo sale bien, tendremos la primera asamblea constituyente paritaria, y la primera Constitución redactada después de la crisis sanitaria y económica global. Una oportunidad excepcional para diseñar nuevas formas de gobernanza que se hagan cargo de las complejidades del siglo XXI.
Frente a desafíos de tal envergadura, resultados óptimos abrirán la puerta a un entendimiento que permita pensar en un gobierno de unidad con objetivos acotados, aunque de trascendencia histórica: reformar áreas prioritarias –que han quedado en evidencia con la pandemia–, como la previsión y la salud, impulsar una agenda de reactivación económica audaz y sustentable y, por sobre todo, poner en marcha la primera Constitución democrática con la que contará nuestra República.
Definitivamente, Chile transita por un punto de inflexión que nos exige pasar de la impugnación a la alternativa.
