Opinión
Cuando terminen los seguros de cesantías y las postergaciones de los pagos y las personas tengan que pagar sus cuentas, ¿qué pasará? No solo esa tasa volvería a aumentar exponencialmente –la morosidad promedio crecería en un 44 %, entre otros importantes indicadores–, sino que nos enfrentaríamos a una situación igual o peor que la actual. Las autoridades no pueden seguir postergando iniciativas para lograr una reactivación duradera y retomar el crecimiento. De lo contrario, los morosos aumentarán de forma progresiva y todos los indicadores económicos seguirán entregando malas noticias.
El panorama económico del país es cada vez más complejo y desolador y el Gobierno no está tomando las iniciativas necesarias para enfrentarlo y enrielarse. Debe poner en marcha con urgencia medidas reactivadoras o en dos o tres meses estaremos en peores condiciones, con indicadores económicos cada vez más negativos y difíciles de remontar.
Los estudios, que se publican casi a diario, dan cuenta de la baja sostenida del Producto Interno Bruto (que experimentó una caída récord, de un 15%, el segundo trimestre), del crecimiento y de las señales reactivadoras y, a su vez, del aumento del desempleo y de los morosos. Esas cifras, por sí mismas, son adversas. Sin embargo, en cada uno de esos casos y áreas los números reales son peores y más críticos.
Por ejemplo, la semana pasada, un nuevo Informe de Deuda Morosa –que elaboran la Universidad San Sebastián y Equifax– indicó que el aumento de los morosos es de un 3% respecto al trimestre anterior, pero el porcentaje es mucho mayor. Es entre un 8 y 10%. Se trata de 4,9 millones de ciudadanos, a los que hay que agregar un 30% de personas en esas condiciones, que se encuentran “ocultos” o se omiten en los estudios por las postergaciones de los pagos.
Puedo asegurar que ese número irá en aumento, de la mano con el incremento gradual de cesantía, que es superior a los 3 millones de personas, ya que ese número no está considerando a los inactivos (las personas que no están buscando empleo por las condiciones del mercado).
Entonces, muchos pensarán y dirán: pero sí con el acceso a 10 por ciento de los fondos de las AFP y al bono para la clase media, los chilenos (que son buenos pagadores) comprarán comida y pagarán las cuentas y, así, todos “los chilenos viviremos felices”.
Seguramente, muchos pagarán sus deudas, pero la cifra de morosos solo bajaría en 100 mil personas aproximadamente, porque el endeudamiento en nuestro país es muy alto. Además, la liquidez del mercado, el aumento de productividad y bonanza no durarán más de dos o tres meses.
De esa forma, en octubre, cuando terminen los seguros de cesantías y las postergaciones de los pagos y las personas tengan que pagar sus cuentas, ¿qué pasará? No solo esa tasa volvería a aumentar exponencialmente –la morosidad promedio crecería en un 44 por ciento, entre otros importantes indicadores–, sino que nos enfrentaríamos a una situación igual o peor que la actual. En tanto, la administración Piñera no parece darse cuenta que la pandemia es un momento excepcional y único en la historia reciente. Y los esfuerzos que eso conlleva.
Los anuncios hechos hasta ahora así lo demuestran. Por ejemplo, la semana pasada, el ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció 30 medidas administrativas para aumentar la inversión. Leyeron bien: “administrativas”. Luego, el lunes 17, se dio a conocer la creación de 250 mil empleos en el área de la construcción de infraestructura. Son solo anuncios, medidas paliativas y acotadas a un sector, pero no solucionan los temas de fondo.
Es urgente generar planes de reactivación, incentivos reales e iniciativas pro empleo. A través de medidas tributarias, como rebajas de impuestos a los sectores más aquejados por la crisis, como el turismo, hotelería y gastronomía, y bajar el IVA. También es necesario postergar o rebajar las contribuciones y la segunda cuota del permiso de circulación.
Tampoco se puede dejar de lado a los trabajadores informales, que alcanzarían los 2,6 millones de personas. Con el objeto de que puedan formalizarse y seguir adelante, la Corfo debería otorgar créditos a esos emprendedores. Eso también está en manos del Gobierno.
Ese escenario se presta, además, para los llamados irresponsables a declararse en “insolvencia” o quiebra. Solo en junio, 3.054 personas quebraron. Puedo dar fe de que nunca es recomendable cortar la cadena de pago, porque afecta a empresas de todos los tamaños y rubros. Siempre es mejor negociar y abonar una parte de lo adeudado. Por otra parte, las consecuencias para quienes lo hacen no son menores: pérdida total de patrimonio, ingreso a Dicom y problemas de acceso al crédito para volver a emprender, entre otros.
A pesar de todo, se podría salir algo más airoso de la pandemia si el Gobierno se endeudara para hacer lo que tiene que hacer. Si no, no me extrañaría que se promueva otra ley para acceder a otro 10% de los fondos de las AFP u otras medidas populistas o no.
Las autoridades no pueden seguir postergando iniciativas para lograr una reactivación duradera y retomar el crecimiento. De lo contrario, los morosos aumentarán de forma progresiva y todos los indicadores económicos seguirán entregando malas noticias. Y en octubre podría ocurrir una debacle.
