Opinión
Ante la falta de regulación sobre el financiamiento de las campañas políticas, podemos estar en presencia de un plebiscito en donde las personas jurídicas, al contrario de lo que ocurre para las restantes elecciones tras la reforma del 2015, puedan contribuir, y no solo eso, lo puedan hacer sin límite alguno. De esta forma, se da pie a que en los próximos días seamos testigos de campañas electorales con dos grandes inconvenientes en extremo perniciosos para nuestra salud democrática. Por un lado, una total asimetría entre las posiciones en disputa y, por el otro, una total falta de transparencia relativa al origen del financiamiento de estas campañas
Estando a menos de 90 días para la celebración del plebiscito del próximo 25 de octubre, surge la gran interrogante respecto al financiamiento de las campañas por el Apruebo y el Rechazo y a todas las implicancias que de ello se derivan.
En efecto, el artículo 130 de la Constitución Política de la República de Chile, introducido por la Ley N.º 21.200 que establece el procedimiento para la elaboración de una nueva Constitución modificando el Capítulo XV, no hace alusión a la Ley N.º 19.884, Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, dejando en tierra de nadie lo relativo a cómo se van a financiar las campañas y cuál será el límite de gasto que cada opción tendrá, dejando en la opacidad absoluta aspectos tan fundamentales como son la transparencia y la rendición de gastos.
Por otro lado, al no reglamentar lo referente al vínculo entre dinero y campañas electorales se deja abierto el que se vulnere uno de los principios basales de nuestra legislación en el ámbito de financiamiento político, cual es la prohibición de todo aporte de origen extranjero.
Asimismo, producto de la falta de regulación, podemos estar en presencia de un plebiscito en donde las personas jurídicas, al contrario de lo que ocurre para las restantes elecciones tras la reforma del 2015, puedan contribuir, y no solo eso, lo puedan hacer sin límite alguno.
De esta forma, se da pie a que en los próximos días seamos testigos de campañas electorales con dos grandes inconvenientes en extremo perniciosos para nuestra salud democrática.
Por un lado, una total asimetría entre las posiciones en disputa y, por el otro, una total falta de transparencia relativa al origen del financiamiento de estas campañas, pudiendo ser solventadas con recursos provenientes de grupos de interés tanto nacionales como extranjeros e, incluso, de asociaciones ilícitas.
Ambos fenómenos son preocupantes, pues uno de los avances más importante en los últimos años para nuestro sistema democrático fue, precisamente, y tras recordados episodios de escándalos con implicancias judiciales, el poner un límite claro entre dinero y política, transparentando el financiamiento electoral, impidiendo el aporte de las empresas y garantizando recursos públicos a los partidos, de modo tal del que el dinero no siguiera siendo una condicionante en la competencia electoral
De esta forma, urge que cuanto antes se legisle al respecto, estableciéndose las fuentes y los límites al financiamiento de las campañas, con total transparencia respecto al origen de los recursos. Estamos frente a una elección trascendental para nuestro país, por lo que una cuestión tan fundamental como el financiamiento de las campañas y el dar condiciones de igualdad a las opciones en disputa, no puede ser pasada por alto.
