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Presentan querella contra senador Juan Luis Castro por falsificación de firma de Ximena Órdenes PAÍS Agencia Uno
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Presentan querella contra senador Juan Luis Castro por falsificación de firma de Ximena Órdenes

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La Fundación Fuerza Ciudadana ingresó la acción judicial en Valparaíso y pidió investigar el rol del senador PS en el retiro del permiso constitucional de Órdenes. También solicitó diligencias a la PDI y evaluar su desafuero.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella criminal contra el senador Juan Luis Castro (PS) y quienes resulten responsables por el uso de una firma falsa de Ximena Órdenes para retirar su permiso constitucional. La acción solicita investigar la participación de Castro, incautar documentos y registros del Senado, determinar posibles efectos sobre los quórums del Presupuesto 2027 y evaluar el desafuero del parlamentario si se cumplen los requisitos legales.
Desarrollado por El Mostrador

La Fundación Fuerza Ciudadana presentó este jueves una querella criminal contra el senador Juan Luis Castro (PS) por su participación en la gestión de un documento que habría utilizado una firma falsa de la senadora Ximena Órdenes (PPD) para retirar su permiso constitucional, en medio de la controversia que se produjo durante la tramitación del Presupuesto 2027.

La acción judicial fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y también se dirige contra todos quienes resulten responsables de los hechos denunciados. Además, solicita que se evalúe el desafuero del parlamentario socialista cuando se cumplan los requisitos legales correspondientes.

La presentación busca esclarecer cómo se elaboró el documento cuestionado, de qué manera se incorporó la firma atribuida a Órdenes y quiénes participaron en su tramitación ante el Senado.

El caso se originó después de que se informara el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y del senador Fidel Espinoza (PS), quienes se encontraban fuera del país participando en una gira por Asia junto al Presidente José Antonio Kast.

La situación generó cuestionamientos al interior de la Cámara Alta, debido a que los permisos constitucionales tienen efectos sobre el cálculo de los senadores en ejercicio y, por consiguiente, sobre los quórums exigidos para determinadas votaciones.

El episodio ocurrió durante la discusión del Presupuesto 2027, lo que abrió interrogantes sobre las consecuencias que el retiro de los permisos pudo haber tenido en la tramitación de la iniciativa.

Según los antecedentes expuestos en la querella, el 17 de noviembre el senador Juan Luis Castro habría comunicado o gestionado el retiro de los permisos de ambos parlamentarios.

Ese mismo día, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), informó la situación ante la Sala.

Sin embargo, durante la jornada siguiente surgieron cuestionamientos sobre la autorización de los parlamentarios involucrados.

El senador Pedro Araya (PPD) leyó una carta enviada por Ximena Órdenes al secretario general del Senado, Luis Rojas, en la que la legisladora negó haber solicitado el retiro de su permiso constitucional.

En la comunicación, Órdenes también rechazó haber firmado o remitido algún documento con ese propósito y aseguró que no había autorizado a terceros para realizar el trámite en su representación.

Posteriormente, la presidenta del Senado confirmó que la Mesa y la Secretaría General habían recibido un documento que contenía una firma atribuida a la parlamentaria.

Durante esa misma jornada, los permisos constitucionales de Órdenes y Espinoza fueron restituidos.

No obstante, la restitución no puso término a la controversia sobre la procedencia del documento ni sobre las circunstancias en que se gestionó el retiro de los permisos.

A partir de esos antecedentes, la Fundación Fuerza Ciudadana decidió recurrir a la justicia para solicitar que se investigue una falsificación de firma y las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

La querella pide establecer quién elaboró el documento utilizado para retirar el permiso de Órdenes, cómo se incorporó la firma cuestionada y quién realizó su presentación ante las autoridades del Senado.

Respecto de Juan Luis Castro, la acción judicial solicita esclarecer cuál fue su participación en la gestión del trámite y si tenía conocimiento del origen y contenido del documento.

La presentación no establece por sí sola una responsabilidad penal del senador, sino que busca que esos antecedentes sean investigados por los organismos competentes.

Entre las diligencias solicitadas, la fundación pide que la Policía de Investigaciones (PDI) concurra al Congreso Nacional para recoger los documentos originales relacionados con el caso.

El objetivo es contar con antecedentes que permitan reconstruir el proceso de elaboración, envío, recepción y tramitación de los escritos cuestionados.

La querella también solicita recopilar correos electrónicos, archivos digitales y registros de envío y recepción que puedan aportar información sobre las comunicaciones vinculadas al retiro de los permisos.

Asimismo, pide obtener las grabaciones completas de las sesiones del Senado correspondientes al 17 y 18 de noviembre, jornadas en las que se informó el retiro de los documentos y posteriormente se conocieron los cuestionamientos de Órdenes.

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