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Entrevista Perspectivas de una persona sobre determinados temas.

Jordán por acuerdo con OpenAI: decisión de Lincolao de “celebrar este convenio va al descampado”

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El constitucionalista advirtió que Chile aún no cuenta con una nueva regulación vigente sobre datos personales ni una ley de inteligencia artificial. “La decisión de la ministra de celebrar este convenio va al descampado”, sostuvo en Al Pan Pan.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El abogado constitucionalista Tomás Jordán cuestionó el acuerdo “OpenAI para Chile”, impulsado por la ministra Ximena Lincolao. En Al Pan Pan, advirtió que la postergación de la nueva Ley de Datos Personales y la tramitación pendiente de la Ley de Inteligencia Artificial dejan al país en un escenario de desregulación. También alertó sobre las dificultades para perseguir eventuales responsabilidades por filtraciones de datos si la empresa no tiene domicilio legal en Chile.
Desarrollado por El Mostrador

El abogado constitucionalista Tomás Jordán cuestionó el acuerdo “OpenAI para Chile”, impulsado por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, para incorporar herramientas de inteligencia artificial en la administración pública. El académico de la Universidad Alberto Hurtado advirtió que la iniciativa se desarrolla en un escenario de insuficiente regulación sobre datos personales e inteligencia artificial, lo que, a su juicio, genera riesgos para el Estado.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Jordán planteó que el principal problema no es necesariamente el objetivo de modernizar la administración pública, sino la ausencia de un marco normativo adecuado para implementar este tipo de acuerdos con empresas tecnológicas internacionales.

“Asumamos que ella, la ministra, actúa de buena fe, que quiere lo mejor para el Estado y que este se modernice. Asumamos esa exposición”, señaló.

Sin embargo, el constitucionalista sostuvo que la decisión de suscribir un convenio con una empresa de inteligencia artificial debe analizarse considerando las condiciones legales existentes en Chile.

“Aparece el convenio con una gran empresa de inteligencia artificial, tecnológica, en un escenario en el cual, por decirlo así, estamos desregulados”, afirmó.

Jordán identificó dos factores que, a su juicio, hacen especialmente delicada la implementación de la iniciativa: la postergación de la entrada en vigencia de la nueva legislación sobre protección de datos personales y la ausencia de una ley específica que regule la inteligencia artificial.

Según explicó, la suspensión de la entrada en vigencia de la Ley de Datos Personales deja al país sin las nuevas herramientas institucionales previstas para supervisar el tratamiento de información personal.

El abogado advirtió que esta situación se extendería durante el próximo año, precisamente cuando podrían comenzar a implementarse las medidas contempladas en el acuerdo.

“No sabemos cuál es la ejecución concreta de ese convenio, pero en un escenario en el cual Chile no tiene en vigencia, o no va a tener hoy día y todo este año que viene, una Ley de Datos Personales”, sostuvo.

A ello sumó que el proyecto de ley destinado a regular la inteligencia artificial todavía se encuentra en discusión parlamentaria. “Y dos, que está pendiente todavía en discusión en el Congreso, la Ley de Inteligencia Artificial, que no es menor”, agregó.

En ese contexto, el constitucionalista cuestionó la oportunidad de la decisión adoptada por el Ministerio de Ciencia. “Y en ese sentido, la decisión de la Ministra de celebrar este convenio va al descampado”, afirmó.

La iniciativa impulsada por Lincolao contempla la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el funcionamiento del Estado. Sin embargo, el acuerdo ha generado cuestionamientos por sus condiciones de implementación, incluidas las cláusulas de confidencialidad y las reuniones periódicas previstas con representantes de la empresa.

Uno de los aspectos que suscita preocupación es el eventual tratamiento de datos personales de los ciudadanos y las garantías disponibles para proteger esa información.

Consultado por los riesgos asociados a la participación de una empresa internacional que no cuenta con domicilio legal en Chile, Jordán advirtió sobre las dificultades que podrían surgir si se produjera una filtración de datos.

El abogado señaló que, según entiende, la ministra ha afirmado que el convenio no contempla el traspaso de información personal. No obstante, sostuvo que esa declaración no resuelve por sí sola las dificultades derivadas de la ausencia de la nueva institucionalidad de protección de datos.

“La ministra dijo, entiendo que la austeridad del gobierno, que no se iban a traspasar datos. El problema está que nosotros no tenemos institucionalidad porque está suspendida”, afirmó.

Desde esa perspectiva, explicó que una eventual filtración podría plantear problemas para determinar responsabilidades y ejercer las acciones correspondientes.

“Por lo tanto, es muy difícil prever el efecto concreto de esa fuga de datos eventuales. Lo claro está en que en el marco regulatorio que tenemos, que es una ausencia de marco, sería muy difícil de perseguir”, sostuvo.

El constitucionalista también puso énfasis en las dificultades procesales que podrían presentarse si una empresa tecnológica extranjera no tuviera domicilio ni existencia legal en el país.

Según explicó, para iniciar determinadas acciones judiciales es necesario identificar dónde se encuentra la entidad contra la cual se pretende actuar y contar con mecanismos que permitan notificarla.

“En Chile para poder ejercer una acción tienes que saber dónde está ubicado, tienes que tener un domicilio, poder notificar”, señaló.

Jordán sostuvo que la falta de presencia legal de una empresa internacional podría dificultar la aplicación efectiva de las herramientas jurídicas disponibles.

“Y cuando la empresa no tiene un domicilio, no tiene una existencia legal en Chile, está hablando en el vacío, por decirlo de alguna manera. Está operando en el vacío, y ese es el riesgo al final del día”, cerró.

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