Opinión
Durante los últimos años, el actual Gobierno ha avalado por acción u omisión el actuar de la institución y se ha dedicado a enfatizar las responsabilidades individuales y caracterizar estos hechos como aislados. Pero la administración ya no puede insistir en ese discurso, sino, muy por el contrario, debe considerar que se advierte un patrón de conducta y, por lo mismo, se requiere hacer valer la responsabilidad administrativa que descansa sobre los altos mandos.
A casi un año del estallido social del 18 de octubre, volvemos a conocer hechos del actuar de Carabineros que solo merecen repudio desde todos los sectores políticos.
En medio de la represión ocurrida en la Plaza de la Dignidad (Plaza Baquedano) el 2 de octubre, vemos a fuerzas policiales usando fuerza desproporcionada en contra de manifestantes. Esta vez, desde el borde del Puente Pío Nono, un joven es lanzado hasta el lecho del río Mapocho por un carabinero de Fuerzas Especiales. Aquí ya no hay uso de balines o de bombas lacrimógenas, sino la fuerza física para lanzarlo desde gran altura, provocando lesiones graves a un adolescente de 16 años. Las reacciones del alto mando, nuevamente, han sido de negar la participación de los miembros de la institución, pero las imágenes que han sido conocidas por la opinión pública desmienten en forma inmediata su versión.
Durante los últimos años, el actual Gobierno ha avalado por acción u omisión el actuar de la institución y se ha dedicado a enfatizar las responsabilidades individuales y caracterizar estos hechos como aislados. Pero la administración ya no puede insistir en ese discurso, sino, muy por el contrario, debe considerar que se advierte un patrón de conducta y, por lo mismo, se requiere hacer valer la responsabilidad administrativa que descansa sobre los altos mandos.
No es sostenible que el Gobierno y los altos mandos de Carabineros mantengan una política de negación sobre la gravedad de la repetición de estos hechos y una pugna con la Contraloría General de la República, la cual intenta asegurar que el funcionamiento de todas las reparticiones públicas sea respetuoso de los Derechos Humanos.
Ya no es solo una cuestión de reformas a la institución, o de aceptar el apoyo técnico que ha ofrecido la Unión Europea para el buen manejo del orden público bajo los estándares internacionales de Derechos Humanos. Se trata de un compromiso genuino de hacer respetar los DDHH. De otra manera, sin ese compromiso, no solo pierde la propia institución, sino también el Gobierno, cuyo discurso terminará por carecer de toda credibilidad. Y, en definitiva, si no se adoptan medidas inmediatas, perdemos todas las personas que habitamos en este territorio.
