Embargos a deudores del CAE reabre disputa sobre el costo de una política pública fallida

El embargo de cuentas bancarias a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) abrió una nueva controversia política sobre el tratamiento de las deudas por estudiar y el financiamiento de la educación superior. Mientras desde el oficialismo defienden la recuperación de recursos públicos y el cumplimiento de obligaciones adquiridas, desde la oposición cuestionan la legitimidad de una política que, aseguran, benefició a los bancos y terminó perjudicando a los estudiantes.

En un nuevo programa de La Semana Política, la cientista política del Instituto Libertad, Catalina Riquelme y el abogado del Frente Amplio, Leonardo Jofré, abordaron la polémica luego de la intervención del expresidente Gabriel Boric, quien criticó al Ejecutivo por vaciar “intempestivamente” las cuentas corrientes de los deudores. 

Para Riquelme, el problema actual está vinculado a las expectativas generadas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric respecto de una eventual condonación de la deuda, lo que -a su juicio- incidió directamente en el aumento de la morosidad.

“Se generaron expectativas, lo que claramente tuvo consecuencias y evidentemente los deudores dijeron: si se me va a condonar el CAE, ¿para qué voy a seguir pagándolo?”, afirmó. La investigadora agregó que durante la administración anterior “sube más de 25 puntos la cantidad de egresados morosos, del 28 al 55 por ciento”.

Desde su perspectiva, el actual escenario fiscal obliga a recuperar recursos para el Estado, considerando que la deuda asociada al CAE supera los cuatro billones de pesos. “Tenemos que pensar que la deuda que hoy existe es una deuda que hoy día el Estado le está pagando a los bancos”, señaló, añadiendo que esos recursos podrían destinarse a otras políticas públicas, como la alimentación escolar.

Sin embargo, la analista reconoció deficiencias en la forma en que se está ejecutando el cobro. A su juicio, los mecanismos ofrecidos por la Tesorería General de la República no siempre son compatibles con la realidad económica de los deudores.

“El cobro ha sido imperfecto. (…) Hay que buscar la mejor estrategia, estableciendo medidas más graduales que permitan a los deudores ir poniéndose al día de a poco”, indicó, argumentando que el objetivo debe ser recuperar los recursos sin afectar de manera significativa el sustento familiar.

Por otro lado, para Jofré el debate no puede desvincularse de la naturaleza misma del CAE, al que calificó como una política pública fallida.

“El CAE es una política pública que institucionalizó la usura a favor de los bancos y contra las familias en nuestro país”, afirmó. Según explicó, el sistema se construyó bajo la promesa de que la educación superior garantizaría mejores oportunidades, pero actualmente enfrenta una profunda crisis debido a las dificultades laborales y económicas que afectan a muchos profesionales.

El abogado cuestionó además que el gobierno actual impulse embargos y cobros sobre una deuda que, a su juicio, tiene un origen estructuralmente injusto. “Es decisión de esta administración el cobro que está realizando a costa también de las familias”, sostuvo.

Jofré también recordó que el gobierno de Boric impulsó una propuesta para reemplazar el sistema y avanzar hacia la condonación de las deudas, iniciativa que no prosperó en el Congreso. Por ello, acusó una contradicción en sectores políticos que rechazaron esa reforma y que hoy respaldan las medidas de cobranza.

“Son esas mismas personas que celebraron el rechazo (del FES) y la condonación al CAE mediante ese proyecto, que hoy una vez que son gobierno generan este impacto importante que lleva al vaciamiento de muchas cuentas.

“Veo que hay una contradicción muy grande entre quienes rechazaron ese proyecto y las palabras, por ejemplo, del ministro Alvarado, que delega la responsabilidad al expresidente Boric, pero no asume su responsabilidad en tanto su sector político estuvo en contra de poder avanzar en estas políticas”, dijo.