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OPINIÓN

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La Constitución de Atria

por 10 octubre, 2020

La Constitución de Atria
Un régimen de distribución y equilibrio de poderes, entre el Estado y el mercado, y al interior del mercado y del Estado, es una manera fundamental de suspender las dinámicas más excluyentes de los dispositivos. Atria, en cambio, condena de antemano al mercado como institución. Allí domina el interés individual y se conforma un contexto comparable al “mundo de Caín”, de condiciones “inhumanas” y donde el individuo “se relaciona con los otros objetivándolos”. Se debe, entonces, desplazar completa y coactivamente al Estado de áreas enteras de la vida social, idealmente de todas, instaurando un régimen de derechos sociales universales, que coincide, precisamente, con ese desplazamiento coactivo.
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Fernando Atria ha desarrollado un pensamiento político que ha sido influyente más allá de círculos académicos y ha sido acogido en parte importante de la izquierda. En este contexto, el reciente libro Razón bruta revolucionaria. La propuesta política de Fernando Atria: Un caso de precariedad hermenéutica (Santiago: Katankura 2020), busca explicar ese pensamiento político y reparar en deficiencias que él acusa, a partir de una reflexión sobre la comprensión política. El Mostrador presenta en forma exclusiva un texto que aborda uno de los temas centrales del libro: la noción de deliberación pública que desarrolla Atria en sus obras.

Deliberación pública

Atria le da especial relevancia a una noción central del pensamiento político: la idea de deliberación pública. Ella alude a una discusión que tiene lugar en una esfera de visibilidad por parte de una generalidad de personas. Atria plantea que quien entra en la discusión pública, lo hace pensando que sus creencias u opiniones poseen una justificación correcta o verdadera, implícitamente acepta que las discrepancias pueden ser zanjadas en ella. Los temas debatidos no son asunto de meras preferencias, no de “mi verdad” y “tu verdad”, sino de “la verdad” (cf. “La verdad y lo político”, en adelante VP, parte I, 28, 34-35; Derechos sociales y educación, en adelante DS, 120, 122).

La pretensión de justificación que asume quien ingresa al debate, importa, para Atria, la exclusión total del escepticismo. El reconocimiento de que se ha alcanzado “en alguna cuestión” el punto en el cual “sólo puede decirse ‘esa es su opinión, yo tengo la mía’ es una posición inaceptable” (Neoliberalismo con rostro humano, 209).

Cancelado el camino de la distribución del poder como modo de debilitar el poder generalizante de la deliberación pública, la propuesta de Atria termina abogando por: (1) una deliberación ocular en cuyos límites intrínsecos no se repara, a la que se le reconoce dogmáticamente la capacidad de producir “reconocimiento recíproco universal”, más plenamente mientras menos impedida sea por una mentalidad egoísta o mercantil; (2) una deliberación apoyada en el poder coactivo de la institucionalidad y un régimen de derechos sociales, que van excluyendo al mercado de áreas enteras de la vida social, idealmente de todas; (3) la exclusión de cualquier duda, del escepticismo respecto de los asuntos que se discutan en la deliberación (la posición de quien duda es declarada “inaceptable”).

Atria entiende, además, que la deliberación, por su propia forma, apuntaría hacia un telos o fin determinado. El proceso deliberativo volvería posible, en último trámite, el “reconocimiento radical” del otro: un “reconocimiento recíproco universal” de todos los seres humanos, en el cual “la comunidad política y la común humanidad devienen términos coextensivos” (VP I 44).

Pese a las virtudes de la deliberación, constatamos, empero, una y otra vez que el consenso no se alcanza. Puesto que siempre hay respuestas correctas, cuando no se logra el acuerdo de las partes participantes en la discusión “debe concluirse que en algún sentido ella ha sido deficitaria” (VP II 53).

Para Atria el déficit no se encuentra en la forma de la deliberación considerada como tal, sino en factores extrínsecos, que afectan su realización y su telos intrínseco.

En un contexto de mercado, como aquel en el que nos hallamos, no es “absurdo creer que vivimos en condiciones de alienación parcial o total, tal que lo que creemos que es una exigencia de justicia no resulta ser sino la radicalización de nuestros intereses privados” (VP II 55). El contexto de mercado “fomenta” en el individuo “perseguir su interés y mostrar indiferencia ante la necesidad ajena” (DS 126-127), de tal suerte que él nos hace “difícil o imposible reconocer nuestra común humanidad” (VP II 53; cf. 61). Vale decir, es el egoísmo mercantil el que dificulta el reconocimiento universal al cual apunta deliberación pública.

Se debe, entonces, despejar el avance hacia el despliegue humano desplazándose al mercado de áreas enteras de la vida social, mediante la instauración de un régimen de derechos sociales universales (cf. VP I 42; Neoliberalismo, 154-156).

Límites de la deliberación

Gracias a las justificaciones y críticas de la deliberación, muchos prejuicios y atavismos logran volverse objeto de consideración y pierden fuerza. Además, intereses eventualmente dañinos quedan expuestos en su carácter de tales. La emancipación, sin embargo, acontece en medio de oscuridades, las cuales se deben a condiciones que no lucen removibles.

La deliberación racional es el acto de mentes finitas y no creadoras. El ser humano se halla expuesto a una realidad exuberante, mutable, vital, que acusa una hondura insondable. Existimos, pero no sabemos del acto de nuestro surgimiento en la existencia. “Lo tremendo” (Otto), “lo inquietante” (Plessner), “lo excepcional” (Schmitt) , “la nada” (Heidegger), se ha llamado a esa hondura desde la cual la existencia surge y a la que es remitida. La existencia es siempre más compleja, dinámica, misteriosa que los esfuerzos mentales por determinarla.

Cada individuo, de su lado, es singular. Se halla manifiesto, pero es, también, en último término, inabordable. Hay una parte que queda siempre oculta. Las vivencias afectivas, estéticas, la intuición de sí mismo del yo, las experiencias meditativas, las que emergen del inconsciente, no son sujetables por reglas generales.

La interioridad singular del ser humano y la hondura, densidad y significado de la experiencia, sobrepasan las fórmulas generales. No es de un modo universalizante como podemos comprender lo que está, precisamente, allende todo género, toda objetividad, también de la generalidad que se fija por medio del dispositivo público-deliberativo. Fruto de estas oscuridades constitutivas de la comprensión, en muchos casos no parece haber criterios a la mano para dirimir una discusión. En otros casos, aunque se cuente con tales criterios, es difícil o imposible saber si ellos aplican o no pertinentemente a las situaciones.

Sólo una respuesta al problema del desacuerdo

En un libro previo observé la heterogeneidad entre lo concreto y las generalizaciones público deliberativas y el potencial generalizante y excluyente de la deliberación pública, el cual vuelve imposible la idea de un reconocimiento recíproco universal (La frágil universidad). Pregunté: “¿No puede la forma de la deliberación en cuanto tal guardar en ella una característica que la haga incompatible con un auténtico consenso?” “Más allá de la mera forma de un debate común, ¿existe la comunidad de los intereses o hay un punto en el cual los intereses individuales son de verdad –y legítimamente– incompatibles, irreductibles salvo que se les haga violencia? ¿Basta, dicho de otro modo, la mera forma de la deliberación para fundar una comunidad concreta?”

Atria ha señalado que él sí habría contestado esas observaciones mías (cf. Razón Bruta. Santiago 2018): “La cuestión de si el hecho de que la deliberación no alcance el consenso es un déficit de la deliberación o no es una de las cuestiones centrales de ‘La verdad y lo político’; la pregunta de si existen intereses comunes que la deliberación presupone es también tematizada […]. Aquí la cuestión, por cierto, es si esas formas institucionales son no sólo imperfectas, sino corruptas a un punto en que la idea anticipatoria es sólo un autoengaño […]. Por último, lo mismo ha de decirse de la cuestión de si basta la forma de la deliberación para fundar una comunidad concreta. La deliberación supone comunidad, por lo que cuando deliberamos actuamos asumiendo que nuestras formas imperfectas de comunidad contienen en sí la posibilidad de su radicalización” (RB 115-116).

En su respuesta, Atria no repara, sin embargo, en el sentido preciso de mis preguntas. O no se da cuenta de ese sentido o lo está esquivando.

La cuestión por la que inquiero es si acaso la deliberación pública –y repárese en esto con atención– no por “formas institucionales” “imperfectas” o “corruptas”, sino por su misma forma o constitución, aloja en ella un potencial opresivo y alienante, de tal guisa que, aunque lograra realizarse de manera plena y bajo condiciones óptimas, ese potencial opresivo y alienante seguiría operando.

Esta pregunta no es puesta así en parte alguna de “La verdad y lo político”, ni en “Razón bruta”. La respuesta de Atria en esos textos es la siguiente: basta que la deliberación sea plena y no se halle afectada desde el exterior, para que el reconocimiento sea pleno. Mi pregunta, en cambio, se dirige precisamente a determinar si bastan esa plenitud y tal ausencia de influencia corruptora externa, para aquel reconocimiento. Lo que estoy poniendo en cuestión es la posibilidad de un reconocimiento pleno en una deliberación plena.

Ocurre que aún bajo condiciones óptimas de deliberación, la heterogeneidad de la singularidad de los individuos y la peculiaridad de las situaciones con la generalización que se lleva a cabo en la racionalización deliberativa, torna imposible un auténtico consenso.

El dispositivo público-deliberativo, por su propia forma de operar, tiende a reconocer sólo lo generalizable. Es, precisamente por eso, que, ni aún en condiciones de deliberación perfecta cabe superar la heterogeneidad de sus producciones con la imprevisibilidad de las situaciones y con la singularidad de los otros. La superación de la heterogeneidad entre las reglas de la mente colectiva y la imprevisibilidad y singularidad de la realidad concreta y los individuos en ella, supondría asumir algo así como un intelecto arquetípico o creador en los seres humanos colectivamente considerados, algo francamente inverosímil.

Además, la deliberación racional se efectúa públicamente. La publicidad importa la apertura de un ámbito de ocularidad, una arena bajo las miradas, el escrutinio, el análisis de los participantes. En público el ser humano queda expuesto, en cierta manera, desnudado. El foco de la publicidad se opone a la oscuridad de lo íntimo y lo concreto. Sólo ciertos aspectos se dejan mostrar no forzadamente en ese campo de vulnerabilidad. En el foro, el individuo se arriesga no sólo a la crítica, sino al ridículo. Hay una parte en él que no admite ser expuesta sin violencia. Hay una oposición fundamental que evidencia la interioridad de los sentimientos humanos, las honduras de la psique, con la exposición representativa y conceptual propia de la facultad ocular.

La oposición se intensifica en el momento en que tal facultad ocular radicaliza su inclinación al constituir el ámbito público, al erigir el coliseo donde los ojos indagatorios tienen plena facultad de operación. Como ejecución de un enfoque intrusivo, la deliberación pública se inclina, por su propia manera misma de operación –basta ella sola y más perfectamente mientras más plena ella sea–, a resultar hostil a lo raro, lo singular, a lo íntimo, a las honduras psíquicas, a la peculiaridad de las situaciones concretas. Ella puede acabar circunscribiéndose a los límites de lo “políticamente correcto”, a la circunferencia -como el círculo del ojo- de la mentalidad específica de un dispositivo que es consistente consigo mismo en la precisa medida en que se cierra a la irreductible inconsistencia de lo real.

Más aún, en un contexto deliberativo determinado explícitamente por un discurso como el de Atria, la inclinación a la exclusión de la singularidad del otro se acentúa. Recordémoslo: se trata de un discurso según el cual la deliberación pública efectuada bajo condiciones óptimas no puede sino conducir a decisiones correctas y, en último trámite, al consenso, al telos de la “común humanidad”, del “reconocimiento recíproco universal”; de un discurso para el cual, además, la posición escéptica o de quien duda es declarada de antemano “inaceptable”.

División del poder

Dado que tanto el mercado como la deliberación pública son generalizantes, se ha de reparar en el potencial obliterante de ambos. Sólo entonces resulta posible llevar adelante con pertinencia el complejo arte de diseño y las permanentes adecuaciones y correcciones dirigidos a facilitar la suspensión de los dispositivos generalizantes cuando ellos dañen el espontáneo despliegue de las situaciones y los individuos, de la realidad concreta popular y social. Un régimen de distribución y equilibrio de poderes, entre el Estado y el mercado, y al interior del mercado y del Estado, es una manera fundamental de suspender las dinámicas más excluyentes de los dispositivos.

Atria, en cambio, condena de antemano al mercado como institución. Allí domina el interés individual y se conforma un contexto comparable al “mundo de Caín”, de condiciones “inhumanas” y donde el individuo “se relaciona con los otros objetivándolos” (VP II 61). Se debe, entonces, desplazar completa y coactivamente al Estado de áreas enteras de la vida social, idealmente de todas, instaurando un régimen de derechos sociales universales, que coincide, precisamente, con ese desplazamiento coactivo.

Atria dice que “defender la idea de derechos sociales no me obliga a buscar eliminar el mercado” (RB 67). Pero si se revisa los textos, se aprecia que él mismo asume explícitamente la exigencia de superar al mercado con alcances ilimitados. Escribe: “Por eso”, a saber, porque “[e]ntre todas” las “dimensiones” sociales –“salud, vivienda, seguridad social, etc.”– “hay desde luego implicaciones recíprocas”, “la intervención” de la que aquí se trata “debe ser holística” (DS 111), o sea, abarcante o total. El carácter totalizante de la intervención queda bien expresado en la manera en la que termina la frase en la cual alude a las dimensiones que deben ser intervenidas: un “etc.”; también en la referencia de Atria a que “todas” las dimensiones sociales están recíprocamente implicadas, lo que las hace a todas, en principio, asunto de intervención.

Cancelado el camino de la distribución del poder como modo de debilitar el poder generalizante de la deliberación pública, la propuesta de Atria termina abogando por: (1) una deliberación ocular en cuyos límites intrínsecos no se repara, a la que se le reconoce dogmáticamente la capacidad de producir “reconocimiento recíproco universal”, más plenamente mientras menos impedida sea por una mentalidad egoísta o mercantil; (2) una deliberación apoyada en el poder coactivo de la institucionalidad y un régimen de derechos sociales, que van excluyendo al mercado de áreas enteras de la vida social, idealmente de todas; (3) la exclusión de cualquier duda, del escepticismo respecto de los asuntos que se discutan en la deliberación (la posición de quien duda es declarada “inaceptable”).

El potencial opresivo de una tal propuesta resulta llamativo.

*Nota de la Redacción: El libro Razón bruta revolucionaria. La propuesta política de Fernando Atria: Un caso de precariedad hermenéutica (Santiago: Katankura 2020) es del mismo autor de esta columna, el académico Hugo Herrera.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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