La directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, señala que el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2021 tiene serios problemas metodológicos y adolece de menor transparencia que años anteriores, ya que no se explican ni se entienden muchas reasignaciones de recursos, ni aumentos y reducciones de gastos, lo cual está muy por debajo del nivel de transparencia que exhiben los demás países integrantes de la OCDE. Y agrega que muchas cifras ni siquiera se entienden y la Dipres no hace el esfuerzo para que se entiendan. Hace hincapié en que el FMI y la OCDE han alertado que la crisis sanitaria y económica puede llevar a riesgos adicionales en materia de probidad, corrupción, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y al narcotráfico, porque los controles pueden bajar. “Es imprescindible saber quiénes son los dueños finales de las empresas”, menciona. Al respecto, puntualiza que falta un registro público amplio de dueños finales de las empresas, lo cual permitiría saber con exactitud, entre otras cosas, quiénes son realmente los que se benefician de los negocios con el Estado –y también para conocer el nivel de concentración de nuestra economía y los conflictos de interés que la cruzan–.
