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El proyecto es impulsado por la coalición de Gobierno, que busca recaudar fondos para poder hacer frente al aumento del gasto público en el contexto de la crisis agravada por el COVID-19. «Esto no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen, es al contrario (…) estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que le da la situación de extraordinario», dijo el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto. Desde el sector privado, la medida fue ampliamente rechazada, dado que la consideran «confiscatoria».
La Cámara de Diputados de Argentina comenzó a debatir un proyecto de ley que busca recaudar unos 300.000 millones de pesos (unos 3.750 millones de dólares) a través de un aporte único y extraordinario de las grandes fortunas para financiar la ayuda estatal en medio de la pandemia del coronavirus.
El proyecto es impulsado por la coalición de Gobierno, que busca recaudar fondos para poder hacer frente al aumento del gasto público en el contexto de la crisis agravada por el COVID-19. Una vez aprobado por los diputados, la Cámara de Senadores tratará el proyecto en 10 días, según indicó un vocero a Reuters.
El aporte lo harán quienes posean fortunas superiores a los 200 millones de pesos (2,5 millones de dólares), unas 12.000 personas, con una alícuota piso de 2% que se incrementa progresivamente a medida que el patrimonio aumenta.
«Esto no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen, es al contrario (…) estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que le da la situación de extraordinario», dijo el diputado oficialista Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto.
El Gobierno del Presidente Alberto Fernández, que asumió en diciembre en medio de una recesión económica y alta inflación, llevó adelante un fuerte aumento en el gasto público para contener la crisis que profundizó la pandemia del COVID-19.
Lo recaudado por este aporte de las personas afectadas se utilizará para adquirir equipamiento de salud, subsidios y créditos para pequeñas y medianas empresas, urbanizar barrios populares con obras que generarán nuevos empleos, entre otros objetivos.
Desde el sector privado, la medida fue ampliamente rechazada, dado que la consideran «confiscatoria».
«La presión tributaria en Argentina ya es una de las más altas del mundo y la creación de nuevos impuestos para financiar un gasto público creciente en los tres niveles del Estado no va a permitir que salgamos de la prolongada recesión en la que estamos inmersos desde hace mucho tiempo», dijo el Foro de Convergencia Empresarial.
La tercera economía más grande de América Latina se encamina a su tercer año de contracción económica, con una recesión que rondaría el 12% este año y un fuerte aumento de la pobreza, producto del agravamiento de la crisis producto de la pandemia del coronavirus.
«Los argentinos tenemos que ser creativos para generar riqueza, no crear nuevos impuestos. Tenemos 165 impuestos y este sería el 166», sostuvo el diputado por la oposición Luciano Laspina para explicar su oposición al proyecto.
El Gobierno recurrió a la emisión monetaria y al financiamiento del banco central para incrementar el gasto público para ayudar a empresas y a familias afectadas por el prolongado aislamiento obligatorio que se dispuso a mediados de marzo para contener el virus.
Previo a tratar el nuevo impuesto, la Cámara de Diputados aprobó la ley de presupuesto 2021 que establece una proyección de recuperación económica del 5,5% y un déficit fiscal primario del 4,5% del PIB.
La norma, que ya había sido aprobada por el Senado, prevé una tasa de inflación en 2021 del 29%, con un dólar en torno a los 102,4 pesos por unidad, desde los 80,04 pesos el martes.
«La recuperación de la actividad con estabilidad macroeconómica es el horizonte; el presupuesto, la herramienta y pilar de nuestra estrategia», sostuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su cuenta de Twitter tras la aprobación del presupuesto.
