Opinión
Entonces, ¿qué se puede esperar tras las controvertidas declaraciones del general director? Quien por un lado nos habla de un mea culpa, pero por otro niega las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron tras el 18 de octubre. ¿Qué podemos esperar de quien debe liderar la tan necesitada reforma a Carabineros? Lamentablemente, la dicotomía que vemos en sus palabras no nos permite ver con claridad y confianza el vital proceso que se viene, tanto para la institución de Carabineros como para el país en su conjunto.
“Debemos hacer un mea culpa respecto a lo que ocurrió”, afirmó el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuando un periodista le manifestó que muchas personas consideraban que él debió haber pedido perdón a las víctimas al momento de asumir el cargo, esto en el contexto de la violencia policial que se profundizó tras el 18 de octubre de 2019.
Hasta aquí la respuesta del general director parecía ir bien. Hacer un mea culpa institucional podría constituir un paso importante hacia el reconocimiento que deben hacer las autoridades de la mayor crisis de derechos humanos ocurrida en Chile tras la dictadura de Pinochet. Sin embargo, lo que siguió después en su respuesta es preocupante y con un tinte negacionista que alarma. “Pero también quiero dejar claro que muchos casos que fueron dados a conocer como verídicos, como el supuesto centro de torturas de Baquedano o los crucificados de Peñalolén o el joven violado en un cuartel policial, se demostró que eran falsos…”. Estos argumentos no son novedosos al momento de defender la labor de Carabineros, y tampoco son absolutamente ciertos. En al menos dos de los tres ejemplos, lo que señala el general director es falso en parte o en su totalidad.
Con respecto al llamado “caso de crucificados” que habría ocurrido en una comisaría de Peñalolén, si bien inicialmente se ha descartado la existencia de una “crucifixión” (lo que fue apelado por la abogada de las víctimas), sí habrían existido torturas por parte de carabineros, lo que, por cierto, no es menor. El fiscal destacó que el análisis de las cámaras de la comisaría reveló delitos de tortura y apremios ilegítimos al interior de las dependencias, lo que sigue adelante investigándose con tres carabineros formalizados, situación que el general Yáñez parece haber olvidado mencionar en su entrevista.
Como sea el caso, ¿que no haya habido crucifixión baja la gravedad de lo ocurrido, siendo que sigue adelante la investigación por torturas? Decir derechamente que el caso de los crucificados es falso es engañoso para la opinión pública, porque sigue habiendo una investigación abierta por graves hechos de tortura.
[cita tipo=»destaque»]El exdirector nacional de Orden y Seguridad al momento del estallido social era el responsable directo de todas las acciones de control del orden público realizadas por Carabineros en ese periodo. Pero el general Yáñez afirmó en un canal de televisión que «en el estallido social no falleció ninguna persona a manos de Carabineros”. Aquí simplemente corresponde recordar que Álex Núñez fue interceptado el 20 de octubre de 2019 por un grupo de carabineros en Maipú, lo tiraron al suelo y patearon fuertemente en la cabeza y tórax. Falleció al día siguiente por la brutal golpiza.[/cita]
Por otra parte, no es la primera vez que Carabineros pone en duda la denuncia del joven que acusa haber sido violado en una comisaría. Tras la publicación del informe “Ojos sobre Chile” de Amnistía Internacional, la policía uniformada emitió una declaración criticando las conclusiones del reporte y en la que también catalogó el caso como falso, porque supuestamente así habría sido declarado por “órganos competentes”. Hoy vemos que el actual general director persiste en esa idea.
Es un deber reiterar que estas declaraciones de Carabineros faltan a la verdad. La investigación de este caso se encuentra actualmente abierta, con siete carabineros formalizados por los delitos de tortura y apremios ilegítimos, dos de ellos por tortura calificada, delitos que no solo hacen referencia a la violación, sino también a reiteradas golpizas tras su detención. De acuerdo a lo informado por la fiscal a cargo, existen informes del Servicio Médico Legal que señalan que las lesiones de la víctima son consistentes con su relato. A la fecha, ningún “órgano competente” ha declarado que el caso sea falso ni que la violación no haya existido. Es más, a fines de noviembre recién pasado, la jueza del 10º Juzgado de Garantía, en la audiencia en que rechazó el sobreseimiento de uno de los carabineros formalizados, puntualizó que “no tiene ningún antecedente para entender que la víctima haya mentido”.
Otro de los puntos que llama la atención de la declaración del general director es cuando menciona con mucha seguridad que, como Carabineros, han sido los primeros en autodenunciarse y poner ante el Ministerio Público los antecedentes en casos como los de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica. Para refrescar la memoria, debe precisarse que tras el ataque a Fabiola, carabineros se fueron sin auxiliarla, negaron lo sucedido y, habiendo contado con imágenes de las cámaras GoPro desde el mismo día de los hechos, recién fueron entregadas a Fiscalía meses después del ataque.
En el caso de Gustavo Gatica, la investigación de la Fiscalía se inició por la denuncia efectuada por su hermano ante la PDI. El parte inicial de Carabineros solo señalaba a quienes habían hecho uso de su escopeta antidisturbios ese día y, lo que es más grave, no mencionaba la presencia del oficial G-3 durante el operativo en que el joven quedó ciego. G-3 tampoco fue incluido en el sumario interno de Carabineros que investigó los hechos, mismo sumario que indicó inicialmente que las lesiones de Gustavo podrían haber sido ocasionadas por los propios manifestantes. Debido a la investigación de la PDI y de la Fiscalía, hoy G-3 está formalizado como autor del delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas contra Gustavo Gatica.
Volvamos entonces a las declaraciones del general director, quien se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad al momento del estallido social, con todo lo que ello implicó. Hay que recordar que él era el responsable directo de todas las acciones de control del orden público realizadas por Carabineros en ese periodo. El general Yáñez afirmó en otra entrevista a un canal de televisión: “En el estallido social no falleció ninguna persona a manos de Carabineros”. Aquí simplemente corresponde recordar que Álex Núnez fue interceptado el 20 de octubre de 2019 por un grupo de carabineros en Maipú, lo tiraron al suelo y patearon fuertemente en la cabeza y tórax. Falleció al día siguiente por la brutal golpiza. Es más, el anterior general director de Carabineros declaró públicamente a la prensa, el 12 de diciembre de 2019, que en este caso había una vinculación con la institución, mencionándolo entre una serie de ejemplos en que se habría llegado a la certeza administrativa de que había responsabilidad de los carabineros involucrados. ¿Qué significan entonces las palabras del nuevo general director? ¿Un alto mando no tiene conocimiento sobre este tipo de información? ¿Es posible llegar al nivel de negarlo?
Cabe hacer presente que Amnistía Internacional en su informe ya mencionado, “Ojos sobre Chile”, concluye que se debe investigar la eventual responsabilidad penal de quien se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros durante el estallido social, junto con la del general director y del subdirector de la época.
Entonces, ¿qué se puede esperar tras las controvertidas declaraciones del general director? Quien por un lado nos habla de un mea culpa, pero por otro niega las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron tras el 18 de octubre. ¿Qué podemos esperar de quien debe liderar la tan necesitada reforma a Carabineros? Lamentablemente, la dicotomía que vemos en sus palabras no nos permite ver con claridad y confianza el vital proceso que se viene, tanto para la institución de Carabineros como para el país en su conjunto.
