Opinión
Es importante abrir el debate para ponernos de acuerdo sobre el sentido de este tipo de acciones y la municipalidad debe ser activa en ello. Pero ello no puede hacerse desde la trinchera y el diálogo de sordos ni mucho menos desde la imposición que implica borrar determinada memoria por parte de quienes lo hayan hecho. La posibilidad de poner en valor la memoria de vecinos frente a una experiencia pasada es una necesidad para profundizar el conocimiento del patrimonio y la identidad local, cuestión que puede ser muy significativa para ampliar la democracia.
Hace algunos días apareció la noticia sobre una discusión en la aplicación SOSAFE, a propósito de un mural que la Brigada Ramona Parra realiza como homenaje a Víctor Jara, en la calle Piacenza de la comuna de Las Condes. A corto tiempo de su realización, el mural apareció vandalizado con pintura negra, a pesar de haber sido una pieza autorizada y que se ajustaba plenamente a la normativa vigente sobre el asunto. Y si bien el alcalde, Joaquín Lavín, se manifestó públicamente sobre el asunto y criticó el borramiento, es importante que la municipalidad sea activa en la restauración de la pieza, así como en la creación de espacios de deliberación pública, que permitan procesar estos asuntos en una clave más democratizadora.
Es que la problemática que subyace a esta situación es más profunda, manifiesta intensos debates y disputas que se desenvuelven en el Chile contemporáneo.
Una primera cuestión es la consideración del mural como afrenta al orden público y al civismo, que denotan las aireadas opiniones en la App. Esto supone una oposición especialmente significativa desde el 18 de octubre, entre lo aceptable y lo abyecto en la estética urbana, que implica ideas de limpieza, orden o blancura, enfrentadas a las de suciedad, caos o lo “colorinche”.
[cita tipo=»destaque»]Es interesante hacer notar que la figura particular de Víctor Jara ha sido también foco de disputa. En particular, el impropio uso de “El derecho de vivir en paz” por parte de la UDI para promover el Rechazo, es una evidente provocación hacia los miles que entonaron dicha canción para las protestas de finales del 2019. Pienso que esto es muestra de la mediocridad absoluta de la derecha chilena en términos culturales e intelectuales, y también es un claro ejemplo de cómo las obras culturales una vez que existen, adquieren su propio vuelo –ajeno muchas veces a su “sentido original”– y dialogan muy ampliamente con los contextos, usualmente pasando por procesos de disputa por su significado. Éste es un muy buen ejemplo de eso y desde ese punto de vista, es muestra de la “universalidad” de Víctor Jara y la UDI terminó homenajeándolo a su pesar.[/cita]
En ese marco, la destrucción de otros murales y piezas de arte público ha sido una constante, así como también la negación del estatuto de cultura a las mismas. En un sentido similar se puede leer la obsesión por la limpieza de la Plaza Dignidad, que llega a un paroxismo con la “performance” de las sábanas blancas y la posterior búsqueda de borrar todo vestigio de la revuelta por parte del Gobierno.
Una segunda dimensión importante es la disputa por el pasado, que en Chile tiene como uno de sus ejes principales a la Unidad Popular y a la dictadura militar. En este marco es importante distinguir entre al menos cuatro elementos:
1. Verdad histórica oficial a propósito de las violaciones a los derechos humanos, que existe y está marcada especialmente por las comisiones Rettig y Valech I y II.
2. Historiografía académica, que implica múltiples discusiones más o menos específicas sobre estos sucesos y genera un cierto campo autónomo de conocimiento.
3. Enseñanza de la historia e historia pública, vinculada esencialmente al currículum nacional, pero también a las múltiples maneras en que el pasado se presenta en el espacio público y que, ciertamente, pueden generar álgidos debates.
4. Derecho social a construir memorias democráticas.
En torno a esto último es importante distinguir también dos aspectos. El primero es el rol de la sociedad que ejerce tal derecho, y el segundo es el deber del Estado (en este caso los gobiernos locales) en la protección de ese derecho. Para lograr esto último, es importante buscar las formas de abrir espacios a un diálogo ciudadano que permita desmitificar estigmas instalados especialmente durante la dictadura sobre el comunismo, la militancia política en general o la figura de Víctor Jara, que están de facto vetados en ciertos espacios sociales.
La promoción de un debate que permita enfrentar ese pasado para despojar su carga negativa y, por ende, habilitar procesos de construcción de memorias mucho más libres y democratizadoras resulta fundamental.
Otro elemento es la obligación del Estado para resguardar las expresiones culturales y de memoria, pues su deber es garantizar el ejercicio de ésta. En ese sentido, la búsqueda activa por prevenir situaciones como la actual es importante y resulta problemático evidenciar que existen diferentes criterios para enfrentar situaciones de similar naturaleza en el espacio público.
Por ejemplo, existió un hostigamiento y aún la criminalización de una acción de arte desarrollada por la candidatura de Javiera Toro (siluetazo en recuerdo de las víctimas del femicidio) y también se castigó la protesta pacífica feminista en memoria de Antonia Barra. Pero en este caso, no se está aplicando el mismo rigor ni los mismos niveles de vigilancia. Por cierto, el llamado no es a castigar más, sino a tener un criterio parejo que debe ser más humanizador que punitivo.
En cuanto a la sociedad que ejerce el derecho a la construcción de memorias democráticas, debe hacerse notar el rol que tienen las comunidades locales para potenciar su ejercicio. En este caso, es la misma gente la que se apropia de este espacio y valida la presencia del mural, como intervención cultural que da cuenta de un hecho histórico irrefutable: allí vivió Víctor Jara.
En ese marco, es importante abrir el debate para ponernos de acuerdo sobre el sentido de este tipo de acciones y la municipalidad debe ser activa en ello. Pero ello no puede hacerse desde la trinchera y el diálogo de sordos ni mucho menos desde la imposición que implica borrar determinada memoria por parte de quienes lo hayan hecho. La posibilidad de poner en valor la memoria de vecinos frente a una experiencia pasada es una necesidad para profundizar el conocimiento del patrimonio y la identidad local, cuestión que puede ser muy significativa para ampliar la democracia. Por el contrario, bloquear esa capacidad es un ejercicio autoritario que debe ser resistido, pues querer eliminar una memoria local y subterránea, a través de borrar sus manifestaciones físicas, implica negar la pluralidad de la experiencia humana.
Es interesante hacer notar que la figura particular de Víctor Jara ha sido también foco de disputa. En particular, el impropio uso de “El derecho de vivir en paz” por parte de la UDI para promover el Rechazo es una evidente provocación hacia los miles que entonaron dicha canción para las protestas de finales del 2019. Pienso que esto es muestra de la mediocridad absoluta de la derecha chilena en términos culturales e intelectuales, y también es un claro ejemplo de cómo las obras culturales una vez que existen, adquieren su propio vuelo –ajeno muchas veces a su “sentido original”– y dialogan muy ampliamente con los contextos, usualmente pasando por procesos de disputa por su significado. Éste es un muy buen ejemplo de eso y, desde ese punto de vista, es muestra de la “universalidad” de Víctor Jara y la UDI terminó homenajeándolo a su pesar.
En definitiva, parecen haber sectores que harán todo lo posible por destruir y provocar. Este borramiento es ejemplo de ello. Debemos evitar reducir la discusión hacia estos actos, pues ello propicia un debate que no gira en torno a ideas o posiciones constructivas, sino que queda circunscrito a la pura trinchera. Promover un diálogo auténtico frente a cuestiones espinudas es un deber democrático en este contexto, y construir los espacios para ello será una tarea fundamental.
