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La tragedia del Sename: un grito en la oscuridad

por 26 marzo, 2021

La tragedia del Sename: un grito en la oscuridad
El precio de la corrupción institucional que rodea al Sename es la desolación a nivel transgeneracional de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Los candidatos a la Convención Constitucional tienen un deber natural y básico con los sobrevivientes del Sename: reconocer, en la nueva Carta Magna, el carácter “supraconstitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; reconocer igualmente, la Nulidad de Orden Público Internacional (insaneable, imprescriptible, inexcusable e indivisible) de las normas y fallos nacionales que hayan desahuciado de facto las sentencias de la Corte IDH (y establecer el derecho social a la verdad como una garantía expresamente protegida por el recurso de protección). Una sociedad cruel con las niñas, niños y adolescentes, ciertamente no logrará pasar impunemente en los tiempos que corren. El Estado no ha tenido la altura para protegerlos ni para investigar los delitos que se han cometido respecto de ellos. Esos mismos niños en unos años más serán ciudadanos, y como dice un proverbio africano: “El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor".
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“¡No, por favor, me duele!”, se escucha en el video nocturno que acaparó la cobertura de diversos programas de televisión, durante dos días de esta semana.

Luego el silencio. Todos sabemos lo que potencialmente puede significar aquello, en aquel contexto.

Y a continuación (para los que vieron el video) el silenciamiento interno: aquel que viene por desolación, impotencia, indignación y hasta por vergüenza social.

El silenciamiento sobreviniente es algo sintomático en las violaciones a derechos humanos sufridas por las niñas, niños y adolescentes, como se revela en la exposición sobre el Abuso Sexual Infantil (A.S.I.) publicada hace casi dos años.

El holocausto verificado en el Sename no tiene amigos, porque las niñas, niños y adolescentes no votan. Ellos son la presa de una perversión cuyos depredadores precisan de su máxima vulnerabilidad, abandono y soledad.

El precio de la corrupción institucional que rodea globalmente al Sename es la desolación a nivel transgeneracional de los niños, niñas  y adolescentes de nuestro país. Y no se va a solucionar motu proprio, ni por arte de magia. La razón nuevamente es simple: si se soluciona, deja de ser un negocio.

Y es en este contexto de silenciamiento de lo que ocurre con nuestros niños y con los negocios montados gracias a su condición, que me viene a la mente la persona de Corina Blanco Gómez, sobreviviente emblemática del Sename, quien por milagro derrotó al “silenciamiento”.

Corina no salió a las calles a protestar, ni se saltó un torniquete del Metro, ella fue directamente a los tribunales: y exigió al Presidente Sebastián Piñera –conforme a la Garantía Interamericana del Derecho Social a la Verdad: Corte IDH, Caso Bámaca vs. Guatemala–, que dispusiera la creación de una Comisión de Verdad, para efectos de Justicia y Reparación, que abordara la trágica situación que viven los menores en el Sename.

El Poder Judicial, haciendo lo propio en este acto de abandono del Estado con los menores del Sename, declaró inadmisible su recurso de protección, transgrediendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Corte de Apelaciones de Santiago, Libro Protección, Rol 177521 – 2019 / Corte Suprema, Rol 36582 – 2019).

Naciones Unidas ya había requerido al actual Gobierno de Sebastián Piñera para la creación de una Comisión de Verdad sobre el Sename. Una de las respuestas gubernamentales fue que no había suficiente presupuesto (1 millón de dólares) para ello, como si prestigiosos jurisconsultos internacionales que llevan una vida prestando labores gratuitamente, no estuvieran disponibles para tan loable labor.

Frente a lo anterior, cabe señalar que las AFP (con conocimiento del ente Regulador Estatal) entregaron millones de dólares a Volcom AGF, pese a que, cuando ello ocurrió, no contaba ni con la calificación de riesgo ni la antigüedad precisa para ello.

Así se manejan las urgencias y prioridades en Chile y claramente en ellas no están los niños. El dinero está disponible para comprar misiles, pero no para brindar verdad a Corina Blanco Gómez y a los niños, niñas y adolescentes que han sufrido lo indecible.

Los candidatos a la Convención Constitucional tienen un deber natural y básico con los sobrevivientes del Sename: reconocer en la nueva Carta Magna, el carácter “Supraconstitucional” de la Convención Americana de Derechos Humanos; reconocer, igualmente, la Nulidad de Orden Público Internacional (insaneable, imprescriptible, inexcusable e indivisible) de las normas y fallos nacionales que hayan desahuciado de facto las sentencias de la Corte IDH (estableciendo expresamente un recurso jurisdiccional para tales efectos impugnatorios); y establecer el derecho social a la verdad como una garantía expresamente protegida por el recurso de protección (que actualmente en Chile no cumple con los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), lo que en todo caso no excusa al Poder Judicial del fallo “inconvencional” con que le negaron a Corina Blanco Gómez –y a los sobrevivientes del Sename– el Supremo Derecho a Reparación como garantía de No Repetición).

La buena noticia es que, si la Convención Constitucional no lo hace, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OEA. (vía Activación de la Carta Democrática respecto de Chile) sí lo harán. La prueba de la moral de una sociedad es lo que se hace por los niños. Una sociedad que es tan cruel con las niñas, niños y adolescentes, ciertamente no logrará pasar impunemente en los tiempos que corren.

El Estado no ha tenido la altura para proteger a los niños, para investigar los delitos que se han cometido respecto de ellos, ni para hacer verdad y reparación. Esos mismos niños en unos años más serán ciudadanos, y como dice un proverbio africano: “El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor”.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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