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El riesgo totalitario, de nuevo Opinión

El riesgo totalitario, de nuevo

Luis Machuca
Por : Luis Machuca Ingeniero Comercial (U. de Concepción), Magister en Planificación y Gestión Educacional (UDP), docente universitario y consultor.
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Tres ramas de la Defensa Nacional se permitieron emitir sendos comunicados, obviamente coordinados, a raíz de su incomodidad por una parodia en un programa de televisión. Un claro intento de amedrentar que resulta llamativo, considerando que el sketch del programa de humor político aludía a un hipotético general de Ejército y esta rama de las FF.AA. también ha sido afectada por una importante cantidad de irregularidades o francos delitos, protagonizados, algunos de ellos, por excomandantes en Jefe y por otros altos oficiales, que han sido objeto de acciones judiciales de amplio conocimiento.


En Chile, el riesgo totalitario ha estado permanentemente presente a lo largo de su historia. Y en no pocos períodos ha sido no solo mucho más que un mero riesgo, sino también una dolorosa y cruda realidad. Por lo anterior es que las fuerzas democráticas deben estar permanentemente alertas ante las –muchas veces solapadas– manifestaciones de este fenómeno.

Señalo lo anterior a propósito de las recientes declaraciones de las tres ramas de la Defensa Nacional, que se permitieron emitir sendos comunicados, obviamente coordinados, a raíz de su incomodidad por una parodia a un general de Ejército NN, que se emitió en un programa televisivo. Carabineros se restó, posiblemente inhibido por la seguidilla de hechos cuestionables que han afectado su credibilidad e imagen y que ya suman varios años.

[cita tipo=»destaque»]Un tercer motivo de preocupación y alerta es que también, recientemente, se han conocido los detalles del seguimiento efectuado por miembros del Ejército al periodista Mauricio Weibel y al menos a otros cuatro profesionales de las comunicaciones. También a exoficiales y suboficiales de la institución. Ello, agravado además por la utilización de engaños para obtener de la Corte de Apelaciones la autorización de dichos seguimientos e intervenciones telefónicas.[/cita]

El claro intento de amedrentar a los medios de comunicación resulta llamativo por varios motivos. Primero, porque la parodia en cuestión aludía a un hipotético general de Ejército y esta rama de las FF.AA. también ha sido afectada por una importante cantidad de irregularidades o francos delitos, protagonizados, algunos de ellos, por excomandantes en Jefe y por otros altos oficiales, que han sido objeto de acciones judiciales de amplio conocimiento.

Algunas de estas han sido blanco de distintos intentos de obstaculización e, incluso, claro amedrentamiento a una jueza de la República, como es el caso de Romy Rutherford. Ello no fue motivo de inhibición para que la institución Ejército de Chile se permitiera emitir una declaración derechamente deliberante.

Un segundo motivo de alarma lo constituye el rol del Gobierno. El señor ministro de Defensa no solo se abstuvo de pedir explicaciones a las ramas subordinadas a su cartera, sino que derechamente las avaló.

Un tercer motivo de preocupación y alerta es que también, recientemente, se han conocido los detalles del seguimiento efectuado por miembros del Ejército al periodista Mauricio Weibel y al menos a otros cuatro profesionales de las comunicaciones. También a exoficiales y suboficiales de la institución. Ello, agravado además por la utilización de engaños para obtener de la Corte de Apelaciones la autorización de dichos seguimientos e intervenciones telefónicas.

Y todo lo anterior ocurre en el Chile del año 2021. Casi 50 años después del golpe de Estado de 1973 y más de 30 años de terminada la dictadura. Y quizás aquí está el punto. Terminó la dictadura, pero no ha terminado efectivamente la cultura de transgresión a las normas de una democracia en lo que a subordinación al poder civil y no deliberación de las Fuerzas Armadas se refiere.

Pero hoy existe un factor que hace aun más riesgosos y peligrosos los hechos descritos. Y es la pandemia. Sí, porque al amparo de las normas de excepción constitucionales en vigencia, existe el riesgo real de que las FF.AA. estén haciendo un uso inapropiado de las facilidades que el Estado de Excepción les otorga en materias de desplazamiento, presencia en las calles, control de la población civil, etc.

Hay un claro ejemplo de lo anterior en la historia reciente de Chile: la Ley 17.798 de octubre de 1972, conocida como Ley de Control de Armas. Bajo el amparo de esta normativa, las Fuerzas Armadas, en un claro indicio de que se aprestaban a interrumpir la democracia, pudieron salir a la calle a allanar sindicatos, universidades, centros culturales y a sacar a la calle a funcionarios de civil a fotografiar a los asistentes a marchas en apoyo a la Unidad Popular, lo cual luego les permitió facilitar la labor de aniquilación de dirigentes y representantes populares. Ingenuamente, esta ley se aprobó con el apoyo de parte de las fuerzas progresistas. Y, por supuesto, de la Democracia Cristiana.

Es sabido que las FF.AA. –producto de una doctrina que viene del tiempo de las Escuela de Las Américas, hoy denominado Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, que funciona en Fort Benning, Columbus, USA– manejan escenarios en que pudiera ser justificado intervenir en contra del “enemigo interno”. Y siempre dichas intervenciones son apoyadas por las oligarquías locales. Si, además, dichos escenarios se dan en contextos de gobiernos debilitados, entonces las fuerzas democráticas deben redoblar la vigilancia, porque el peligro es real.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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