PAÍS
Tras una semana marcada por una tensión social y política en ascenso, generada por el requerimiento presentado por el Presidente ante el TC para declarar inconstitucional el proyecto de tercer retiro, aprobado por abrumadora mayoría en el Congreso, el Jefe de Estado tensionó las instituciones a un punto límite antes de apostar por un proyecto propio de tercer retiro, más un bono de $200 mil para aquellos que tienen saldo cero, que le permitiera poner en jaque a la oposición y, así, ocultar una derrota política y doctrinaria al tener que ceder al retiro del fondos de pensiones y, al mismo tiempo, mantener la confrontación con el Parlamento. Lo más controvertido del anuncio presidencial, y que generó rechazo en la oposición, dice relación con el 2% de cotización adicional que llegaría a las AFP en la cuenta individual de los cotizantes –cuyo pago será de 1% con cargo al empleador y el otro 1% como aporte directo del Estado–, el que es visto como un intento solapado de generar una minirreforma en favor de las administradoras de fondos de pensiones. Lo anterior sumaría un nuevo conflicto a la compleja negociación de la reforma previsional, ya que la oposición ha señalado reiteradamente que no está dispuesta a entregarles más dinero a las AFP, sino que a un ente público que administre la cotización adicional.
Durante los últimos días las indefiniciones del Presidente, Sebastián Piñera, han crispado los ánimos y han generado una tensión en el país que, como muchos advierten, podría llevar a un nuevo estallido social en Chile. Y las razones de este malestar radican en la tozudez del Mandatario para no allanarse a ejercer su rol de colegislador en el marco de la tramitación del tercer retiro de fondos previsionales despachado por el Congreso. Pero ahora Piñera –cuya popularidad ha vuelto a desplomarse esta semana al mínimo histórico del 9% de aprobación y un 82% de desaprobación–, intenta darse un respiro presentando su propio proyecto de tercer retiro, que incluye aportes a quienes quedaron con saldo cero en los retiros 1 y 2.
Durante todo el fin de semana las negociaciones en La Moneda fueron intensas y el principal argumento de los dirigentes oficialistas que tuvieron reuniones con el Jefe de Estado fue que los costos políticos de negarse a retirar el requerimiento de inconstitucionalidad presentado ante el TC y no ofrecer alternativas, los tendrían que pagar los candidatos de Chile Vamos para las elecciones de mediados de mayo.
Finalmente, Piñera optó por adelantar para la noche de ayer domingo un anuncio que se había programado para la jornada de hoy lunes: el Gobierno ingresará en las próximas horas un proyecto de retiro de fondos con topes máximos y mínimos de $4.4 millones y $1 millón, respectivamente; que considera la opción de retiro para las rentas vitalicias de hasta un 10% de su reserva técnica; y la entrega de un bono de 200 mil pesos para aquellas personas que quedaron con saldo cero tras retirar sus fondos en los retiros primero y segundo. Con este anuncio, cuyo paquete de ofertas en lo grueso parece superior al proyecto que salió del Congreso, comprueba que el problema no era de fondos sino de voluntad.
Quizá lo más controvertido del anuncio presidencial radica en la idea de entregar un 2% de cotización adicional a las AFP en la cuenta individual de los cotizantes, cuyo pago será de 1% con cargo al empleador y el otro 1% como aporte directo del Estado. Esta idea de inmediato generó rechazo en la oposición, que interpretó este anuncio como un intento solapado de generar una minirreforma a favor de las administradoras de fondos de pensiones.
Bajo la misma óptica crítica, la propuesta podría incluso entorpecer la reactivación y la recuperación de puestos de trabajo, al recargar con un punto, a cargo de los empleadores, la contratación laboral, y además podría complicar –aún más– la negociación de la reforma previsional, ya que la oposición ha señalado reiteradamente que no está dispuesta a entregarles más dinero a las AFP, sino que a un ente público que administre la cotización adicional.
Con todo, los anuncios de anoche constituyen el corolario de una de las semanas más duras y estériles para La Moneda, donde quedó en evidencia, nuevamente, la inoperancia del comité político y del propio Presidente Piñera, que solo pareció despertar cuando ambas Cámaras del Congreso despacharon por amplia mayoría el proyecto de tercer retiro de fondos.
La tarde del viernes, La Moneda activó negociaciones con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, el vicepresidente de la Corporación, Jorge Pizarro, y el senador del PPD Guido Girardi. Varios dirigentes de oposición alertaron, a través de sus redes sociales el mismo viernes, de una nueva versión de la famosa y archiconocida “cocina del Senado”, que amenazaba aspectos relevantes del tercer retiro, como las rentas vitalicias o la exención del pago de impuestos para quienes opten por retirar dichos fondos.
Fue la propia senadora Provoste quien salió al paso de las especulaciones y –por medio de sus redes sociales, cerca de las 11 de la noche del viernes– explicaba que, a solicitud del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y su par de la Segpres, Juan José Ossa, sostuvieron una videoconferencia en la que emplazaron al Gobierno a “retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y promulgar el #TerceroRetiroDel10xCiento tal como fue despachado por el Congreso”, condición que los ministros descartaron en esa misma reunión.
Pese a todas las peticiones, el Mandatario optó sistemáticamente por dar portazos a la posibilidad de abandonar la estrategia del TC. Con algo de desazón, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rafael Prohens, admitía –tras reunirse de con urgencia con Piñera la semana pasada– que “el Presidente dijo que no acoge ninguna de las dos peticiones del partido”.
Sin embargo, lo que más preocupa a estas alturas es el clima de tensión social generado por la decisión presidencial de buscar refugio en el Tribunal Constitucional, sin ofrecer alternativas, al menos hasta la noche de ayer domingo. La primera señal de alerta fueron los cacerolazos que estallaron espontáneamente en todo Chile una vez que el ministro Juan José Ossa Santa Cruz comunicó que el requerimiento ante el TC había sido ingresado la tarde-noche del martes 22 de abril. De ahí en adelante, grandes organizaciones de trabajadores portuarios, mineros, la ANEF, la CUT, el Colegio de Profesores y hasta los estibadores portuarios a nivel mundial, han anunciado jornadas de paralización para enfrentar al Gobierno de Piñera y lograr destrabar la promulgación del tercer retiro.
Pero, como advierte a El Mostrador un senador oficialista, Sebastián Piñera cree que todavía puede seguir manejando los tiempos, pero en la práctica sus indefiniciones solo han logrado hacer escalar las tensiones. Fiel a su estilo, apostó por estresar las instituciones y comprometer la paz social.
La noche del jueves pasado, Fuad Chahin, presidente de la Democracia Cristiana, activó una serie de llamados para que el Gobierno viabilizara un acuerdo a través del Senado, para destrabar el tercer retiro, pero también para buscar acuerdos en las materias tributaria y previsional, además de mejoras al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Sin embargo, La Moneda oficializó el viernes por la noche la exploración de un acuerdo e incluso la posibilidad de un proyecto propio para permitir un nuevo retiro de fondos previsionales, solo cuando en la Cámara de Diputadas y Diputados se impuso con una mayoría contundente la aprobación del tercer retiro.
Parlamentarios oficialistas cuestionan que Piñera siga creyendo que puede controlar los tiempos políticos y que incluso crea que, enviando un proyecto propio sobre retiro de fondos, pueda capitalizarlo a su favor ante la opinión pública.
La otra gran preocupación en Chile Vamos apunta al “efecto brutal” que podría tener para las candidaturas oficialistas, de cara a las elecciones de mayo, la posición adoptada por La Moneda en torno al tercer retiro.
Un legislador oficialista, que ha compartido varias encuestas con La Moneda, plantea que el Gobierno ha puesto en riesgo que la centroderecha pueda conseguir el tercio de la Convención Constitucional. Además, están en serio peligro de perderse alcaldías emblemáticas para el oficialismo, lo cual condicionará también las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre.
Con estos elementos, cuesta entender a qué apuesta el Presidente Piñera. Todos los senadores de oposición cerraron filas respecto al proyecto de tercer retiro despachado por el Congreso y afirmaron que “ahora es necesario retirar el requerimiento del Tribunal Constitucional, promulgar la ley del tercer retiro y abrirnos a generar una reforma tributaria que recaude más, que permita enfrentar de mejor manera las ayudas que la ciudadanía espera. El tercer retiro ya fue aprobado por el Congreso Nacional. A continuación de la promulgación de esta ley, podremos iniciar un nuevo dialogo, de cara al país, para emprender las reformas más urgentes que permitan resolver los problemas de una forma oportuna y suficiente”.
En caso de mantener el requerimiento ante el TC, el Gobierno arriesga un escenario de polarización, donde nada le asegura repetir el triunfo a lo Pirro que consiguió cuando María Luisa Brahm dirimió un empate de 5 a 5 entre los jueces que declararon constitucional el segundo retiro versus quienes se pronunciaron por la inconstitucionalidad.
Esta vez es altamente probable que Brahm no pueda votar la constitucionalidad del tercer retiro, ya que un grupo de 57 parlamentarios presentaron un requerimiento de inhabilidad en contra de la presidenta del TC, dada su cercanía con el Presidente Sebastián Piñera, de quien fue jefa de asesores durante el primer Gobierno de este.
Pero no solo los múltiples cuestionamientos a María Luisa Brahm generan un escenario distinto a lo ocurrido con el segundo retiro. También pesa el clima organizacional de un órgano en que sus ministros se acusan mutuamente de maltratos laborales, allanamientos ilegales y donde, una vez más, se ha puesto en tela de juicio el sistema de cuoteo político para el nombramiento de los ministros que integran el organismo.
Y si en el Tribunal Constitucional las confianzas están quebradas, algo similar ocurre en el comité político del Palacio de La Moneda, donde los ministros durante la semana anterior dedicaron buena parte de su tiempo a filtrar datos a la prensa palaciega para endosarse entre ellos la responsabilidad por la redacción de la carta publicada en el diario La Tercera, o para mostrarse más o menos de acuerdo con la estrategia que adoptó Piñera para enfrentar el tercer retiro.
Lo cierto es que las crisis es amplia en la casa de Gobierno, donde han quedado en evidencia la falta de conducción del gabinete por parte del ministro del Interior, Rodrigo Delgado; las fallas comunicacionales, que son responsabilidad del ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio; la impericia política del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa; y la incomodidad de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, que ha debido asumir la defensa pública de un Bono Clase Media diseñado por el Ministerio de Hacienda y que ha sido cuestionado por no llegar con amplitud al segmento de la sociedad más fuertemente golpeado por la crisis económica.
Pero a estas alturas culpar a un equipo de ministros sin experiencia y poco empoderados resulta un camino corto, cuando la responsabilidad de poner en riesgo la gobernabilidad del país y la paz social está radicada en el Presidente de la República, adicto al vértigo de los callejones sin salida y que, como advierten en el propio Palacio de La Moneda, le gusta rodearse de asesores “yes man”, que no cuestionan sus decisiones y que ruegan por que estos 11 meses que quedan de Gobierno discurran velozmente.
