Fin a la injusticia ambiental en Chile: algunas propuestas

La calidad ambiental en la que viven las chilenas y chilenos es muy desigual, como también lo es el acceso que tienen a los bienes y servicios que provee la naturaleza, y que son fundamentales para la reproducción de la vida. A esta realidad, se le denomina «injusticia ambiental», que es otra forma de la injusticia social que caracteriza a nuestro país.

Una pequeña parte de la población vive en un medio ambiente relativamente libre de contaminación, mientras una gran parte se ve obligada a vivir en lugares donde el aire, el suelo o el agua están contaminados, como ocurre de manera dramática en las llamadas “zonas de sacrificio”. También esto se observa en otros espacios habitados que están próximos a actividades contaminantes o en que se encuentran residuos acumulados de actividades productivas del pasado. Asimismo, los servicios básicos de los que depende la calidad del ambiente, como son la recolección de basura y el alcantarillado, también se encuentran provistos de manera muy incompleta.

La misma situación de injusticia se produce en el acceso a recursos tan fundamentales como el agua, que algunos sectores minoritarios acaparan mientras otros la reciben escasamente, a través de un camión aljibe, una vez a la semana o la obtienen de un pozo que se seca. Lo mismo pasa con las plantas silvestres de uso alimenticio o medicinal, que se van haciendo cada vez más inaccesibles en los espacios rurales, lo cual no solo menoscaba el bienestar material de estas familias, sino que conlleva también la pérdida del conocimiento rural. Y lo mismo pasa con el acceso a ciertos espacios naturales que, prácticamente, han sido privatizados, impidiendo el acceso a ellos a la mayoría de la población.

A todas estas situaciones de injusticia se suma la amenaza de la crisis climática que, entre otros efectos, traerá la intensificación de los fenómenos climáticos extremos –como los aluviones–, los cuales golpearán con mayor fuerza a los grupos más vulnerables, que son los que se encuentran geográficamente más expuestos y quienes cuentan con menos recursos para hacerles frente.

Creemos firmemente que la búsqueda de la justicia ambiental debe ser un compromiso del Estado, al igual que lo es la conquista de la justicia social. La institucionalidad ambiental debe poner este objetivo en el centro de su quehacer y promover los cambios legislativos y administrativos que esto requiera. Lo mismo deben hacer los otros sectores del aparato público a la hora de diseñar e implementar sus políticas, las que deben considerar la condición ambiental en que viven las personas.

Terminar con las zonas de sacrificio al 2030, avanzando en la transición energética, especialmente la transformación tecnológica de las empresas públicas. Ampliar las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente y de los tribunales ambientales, para hacerse cargo de acoger y actuar en situaciones de injusticia ambiental. Modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dándoles mayor participación e incidencia a la ciudadanía y a las comunidades y gobiernos locales, son algunas de las propuestas para avanzar en justicia ambiental, social y territorial. 

El Estado en su conjunto debe asumir el objetivo de corregir las situaciones de injusticia ambiental que históricamente existen en nuestro país. El desafío es muy grande, pero las comunidades y el medio ambiente ya no pueden seguir esperando.