Intermediación laboral para la recuperación

Ya en los tiempos lejanos de la prepandemia, señalaban los empleadores que, en Chile, enfrentaban grandes dificultades para llenar sus vacantes con trabajadores jóvenes que tuvieran las competencias requeridas para ellas, en particular, las habilidades socio-emocionales necesarias. El estudio “Millennials en América Latina: trabajar o estudiar” coordinado por Espacio Público, señaló el año 2019 que los jóvenes sí contaban con altos niveles de habilidades de este tipo. Parecía entonces ocurrir que, por alguna razón, no se estaba produciendo el encuentro en el mercado laboral, entre lo que los empleadores demandaban y lo que los trabajadores, jóvenes en este caso, ofrecían. 

El estudio “Jóvenes en la mira: violencia y discriminación en América Latina y el Caribe”, que realizamos en Espacio Público el 2020, evidenció una serie de explicaciones para estos desencuentros. Estas iban desde las más estructurales -como el desacople entre los requerimientos del mercado laboral y el sistema educativo-, a las más subjetivas, como la prevalencia de conductas estigmatizantes hacia los jóvenes. De acuerdo con nuestra investigación, las y los jóvenes no lograban señalar sus habilidades en el mercado laboral por carecer de experiencias laborales previas, o de credenciales educativas capaces de dar cuenta, de manera creíble, de sus competencias. Como consecuencia de esto, con frecuencia quedaban excluidos del acceso a trabajos o contratados para trabajos para los que no estaban calificados. O simplemente, en los que no estaban interesados. 

Esta situación es especialmente crítica para las mujeres. En su caso, a las dificultades ya descritas se les suman aquellas que derivan de su mayor participación en las responsabilidades domésticas y de crianza y, más generalmente, de la prevalencia de definiciones tradicionales acerca de las habilidades, los roles y las responsabilidades de cada género. Todo esto limita aún más sus opciones, aumentando el riesgo del desacople entre sus habilidades y preferencias, y los empleos a los que acceden.

Es probable que, una vez superada la crisis sanitaria, nos enfrentemos a un mercado laboral distinto. De partida, uno con mayor desempleo y mayor inactividad. Pero también uno donde muchas de las funciones anteriormente ejercidas por trabajadores de menores calificaciones habrán sido reemplazadas, automatizadas o transformadas. ¿Cómo propiciar una recuperación que aproveche estos cambios para terminar con la exclusión laboral de estos grupos, toda vez que incremente la productividad de las empresas? 

La publicación “Hagamos la pega: propuestas para activar laboralmente a los grupos excluidos” recientemente presentada por la Fundación Emplea del Hogar de Cristo y Espacio Público, arroja algunas luces. De acuerdo con este estudio -que describe e identifica los principales aprendizajes de la experiencia de esta fundación-, la intermediación laboral (esto es el conjunto de acciones que busca “mejorar la calidad y eficiencia de los procesos de ajuste entre quienes buscan trabajo, las vacantes disponibles y las oportunidades de capacitación”) constituye una política pública costo-efectiva para facilitar las transiciones laborales de los trabajadores y las empresas en contextos de crisis como la que vivimos actualmente. Esto, por al menos tres razones.

Primero, porque permite articular el sistema de formación y capacitación con las necesidades post-crisis de las empresas. Segundo, porque concebido como un sistema integral de atención a los usuarios, contribuiría a aportar soluciones para los grupos más golpeados por la crisis y aquellos que sufren de mayores niveles de vulnerabilidad, como las mujeres y los jóvenes. El sistema de intermediación laboral puede servir para conectar a estos grupos con servicios como la nivelación de estudios, las capacitaciones, las redes de apoyo para el cuidado de los hijos o la atención integral de salud, de manera que estos logren superar las barreras que les impiden integrarse al mercado del trabajo. Tercero, porque fomenta la formalización. El no encontrar trabajo en el sector formal puede ser un gatillante del trabajo informal. Y el aumento del trabajo informal es una amenaza en el contexto de la recuperación que debiese evitarse a toda costa, en tanto se asocia a altos niveles de precariedad entre los trabajadores y a una menor productividad de la economía de los países.  

Si bien en Chile existe un sistema de intermediación laboral, con las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL) y la Bolsa Nacional de Empleo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) como instituciones principales, sus resultados son insuficientes. A partir de la experiencia de Emplea se hacen algunas propuestas para mejorar su desempeño. Por ejemplo, adoptar un enfoque integral y progresivo que acompañe a la persona a lo largo del proceso completo de inclusión laboral. Que parta de un diagnóstico de su situación a la derivación a redes de apoyo, la orientación laboral y el apresto para el trabajo, la intermediación y, finalmente, el acompañamiento.

Además, se propone crear estrategias diferenciadas para distintos grupos de la población, por ejemplo, saliendo a buscar a los inactivos, creando alianzas entre liceos y empresas en el caso de los jóvenes u ofreciendo opciones adaptadas a las posibilidades de tiempo y movilidad de las mujeres. Se enfatiza la necesidad de avanzar hacia roles más proactivos de los organismos que conforman el sistema de intermediación laboral con respecto a las empresas. Tan importante como el trabajo con quienes buscan trabajo, es el trabajo con las empresas que buscan trabajadores, para generar encuentros efectivos y exitosos. Se sugiere fortalecer los equipos de la red de intermediación laboral, profesionalizando el área de las OMIL, así como potenciar el uso de sistemas, plataformas y herramientas digitales, entre otras medidas.

La crisis del COVID-19 amenaza con retrocesos en décadas de progreso en escolaridad, empleo y empoderamiento económico de la mujer, en desarrollo humano, entre otros. Sin embargo, puede ser también una oportunidad para revertir algunos de los factores que están en el origen de los altos niveles de desigualdad en la distribución de las oportunidades que prevalecen en Chile, como es, por ejemplo, el acceso segmentado a empleos de calidad. El estudio que aquí se presenta busca ser una contribución en ese sentido, un aporte a la construcción de una nueva y mejor normalidad.