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Quiroz abre fisura en el comité político

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La divergencia estalló por un artículo específico de la ley de reconstrucción nacional que obligaba a las empresas de servicios básicos (luz, gas y agua) a reponer de forma gratuita el suministro a deudores morosos en zonas declaradas bajo catástrofe.


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Algunos dicen que fue en el Comité Político. Otros, que en una reunión con cercanos de RN y la UDI. Pero el lunes 10 de agosto pasado el biministro del Interior y portavoz de Gobierno, Claudio Alvarado, a puerta cerrada, defendió que cobrar por la restitución de servicios básicos en plena emergencia o reponer ese acápite en la megareforma era un yerro, ya sea con veto presidencial o recurriendo al TC.

  • Quiroz, sin embargo, tenía una visión distinta: la cosa iba mejorando. Así que había que comenzar la tramitación de su segunda megarreforma: el mercado de capitales. Ahí se enredaron las cosas. El martes 11 de agosto, el biministro Claudio Alvarado enfrentó los micrófonos de la prensa en el Congreso y admitió públicamente que desconocía que el Ejecutivo había acudido al Tribunal Constitucional (TC).

Su reacción dejó una marca de disconformidad simbólica en el debate público: con ironía ante las cámaras, comentó que al parecer sus pares ministeriales no tenían su número, lo que provocó que su contacto telefónico se viralizara rápidamente en diversos grupos de WhatsApp.

  • Detrás del bochorno se ocultaba una maniobra ejecutada pocos días antes cuando los ministerios de Hacienda (Jorge Quiroz) y de la Secretaría General de la Presidencia (José García Ruminot), entre otros, firmaron el requerimiento ante el TC, contando con el acuerdo final del propio Presidente de la República.

Esa misma noche, una llamada telefónica directa entre Quiroz y Alvarado rompió el hielo formal; el biministro del Interior fue tajante al advertirle al de Hacienda que “así no se puede seguir” y que era indispensable establecer una comunicación real dentro del gabinete.

  • La respuesta inicial de Quiroz —quien catalogó públicamente la omisión como un simple “problema de comunicación”— no logró contener el revuelo político, especialmente tras revelarse que en la interna reaccionó señalando que “no es mi responsabilidad estarme haciendo cargo de informar a cada una de las personas”.

La divergencia estalló por un artículo específico de la ley de reconstrucción nacional —originado por una indicación de la diputada comunista Sofía González— que obligaba a las empresas de servicios básicos (luz, gas y agua) a reponer de forma gratuita el suministro a deudores morosos en zonas declaradas bajo catástrofe.

  • En el comité político del lunes 3 de agosto, Alvarado defendió firmemente que no se debía acudir al TC porque perderían la impugnación. Su argumento era que como el proyecto se había presentado como una “ley miscelánea” u ómnibus, el Ejecutivo no tendría piso técnico para sostener que dicha reposición vulneraba la “idea matriz” del proyecto.

La postura de Alvarado incomodó a los equipos de Hacienda. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por Susana Jiménez, argumentó en columnas que el artículo instalaba una “brutal señal” de incertidumbre jurídica. Quiroz, fuertemente alineado con esta visión y empeñado en sentar un precedente constitucional de largo plazo para evitar que futuros congresos vulneraran el derecho de propiedad en mercados regulados, prefirió forzar la vía del TC.

  • En los equipos políticos de Interior y la Segpres ya existía molestia acumulada por la conducción del jefe de Hacienda, a quien le recriminaban que su menor experiencia política exponía al Gobierno a costos altos, recordando un fallido acuerdo previo con el PPD que se desplomó exclusivamente por un error de redacción de su cartera.

La molestia escaló al punto de que sectores de la oposición comenzaron a catalogarlo como un “interlocutor no válido”. La lección en este sentido fue clara: cuando uno de sus pares se salta al jefe de gabinete directamente con la firma presidencial, es el Ministerio del Interior el que queda fuertemente golpeado frente a la oposición y su propia base.

  • “Y en lugar de celebrar la aprobación en tiempo récord de una compleja ley de reconstrucción, la noticia es su propia desunión y las heridas autoinfligidas.Lo peor es que, al ser un defecto derivado del diseño estratégico original de Kast, esta parálisis no tiene arreglo. Es un costo hundido e irreversible que se repetirá factura tras factura. Y Quiroz sigue siendo el rey”, dice una fuente conocedora de la derecha.
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