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20 litros de agua al día: el drama de El Melón que destapa el incumplimiento legal del Presidente Piñera en Estado de Excepción

por 23 julio, 2021

20 litros de agua al día: el drama de El Melón que destapa el incumplimiento legal del Presidente Piñera en Estado de Excepción

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En Chile cerca de un millón de personas no tienen asegurado el suministro de agua para consumo humano. En el sector de El Melón, en la Quinta Región, sus habitantes vienen dando una feroz batalla contra la sequía y la pandemia, pero fundamentalmente contra la instituciones del Estado para que se les respete lo ordenado por la Corte Suprema hace seis meses, cuando estipuló que debían recibir un mínimo de 100 litros diarios. Actualmente, una parte de la población sobrevive con apenas 20 litros al día. Esta realidad es una más de los tantos casos invisibles que afectan al país y que debían ser corregidos, luego que en junio pasado entrara en vigencia la Ley 21.348, que obliga al Presidente de la República -mientras esté en vigencia el Estado de Excepción Constitucional- a "asegurar el uso prioritario de agua para consumo humano" y a informar al Congreso de todas las medidas adoptadas, con un plazo máximo de 15 días después de la entrada en vigencia de la ley. Hasta ahora el Mandatario no ha cumplido y se estudia la presentación de un recurso de protección en su contra.
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El pasado 17 de junio se aprobó la Ley 21.348 que indica que, durante la vigencia del estado de excepción constitucional, el Presidente podrá usar sus facultades para “asegurar el uso prioritario de agua para consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia en cantidad y calidad adecuadas al contexto de calamidad pública”. Según lo establecido en la legislación, al  Primer Mandatario se le agrega una obligación: debe comunicar “detalladamente las medidas adoptadas” al Congreso en un período de 15 días desde la publicación de la ley.

El plazo se venció hace algunas semanas y el Mandatario no solo no ha informad0 al Congreso sobre las medidas adoptadas, sino que en algunos casos ni siquiera se ha aplicado medida alguna, como es el caso de la comunidad de El Melón, en la Quinta Región, donde una buena parte de su población sobrevive con apenas 20 litros de agua diarios, un 80 % por ciento menos de lo que en diferentes fallos la Corte Suprema ha establecido como mínimo, en coherencia con lo sostenido por la Organización Mundial de la Salud y la ONU.

El drama de El Melón

Esta localidad perteneciente a la provincia de Quillota, una de las ocho provincias de la Región de Valparaíso que actualmente están calificadas como zona de escasez hídrica por la Dirección General de Aguas (DGA), y cuyos habitantes están dentro del millón de personas que hoy, en nuestro país, no tienen asegurado el suministro de agua para consumo humano. 

A esta difícil situación, la pandemia sanitaria hizo que la realidad fuera mucho más dramática, al no tener el elemento básico para la prevención: el agua para el lavado de manos. Esto fue lo que impulsó a que 13 vecinos de El Melón interpusieron un recurso de protección contra la empresa Anglo American,  por lo que calificaban como un aprovechamiento excesivo de sus derechos de agua en la minera “El Soldado”, ubicada en este mismo sector. Los querellantes alegaron que “la escasez de agua potable tiene su origen en el uso desmedido” de los derechos de la minera. 

Según los habitantes eso derechos privados de aprovechamiento, provocaron “serios problemas de acceso y abastecimiento de agua potable, al no disponer de agua suficiente para beber, cocinar y para su higiene personal”.

La Corte, el 18 de enero pasado, eximió de responsabilidad a la empresa pero ordenó a la Municipalidad de Los Nogales a abastecer de agua potable a los pobladores de El Melón.  El suministro estipulado no podría ser inferior a 100 litros diarios por persona.

Pero una cosa es lo que la Corte ordena, y otra, que esa orden se cumpla.

El fallo establece que la municipalidad debía pedir la transferencia de recursos al Ministerio del Interior. El abogado que representó a los querellantes, Adolfo Ortega, relata que a la municipalidad se le notificó el 5 de febrero de 2021 de sus responsabilidades. Así lo dice también un documento que envió la alcaldesa subrogante, Leslie Salinas. 

Recién el pasado 29 de junio se solicitó al Gobierno los recursos para “atender a situaciones de emergencia y al pago de gastos extraordinarios relativos a la compra de camiones aljibes destinados al abastecimiento de agua potable”, indica el oficio de la alcaldía de Nogales. 

Pero el municipio “aún no transparenta cómo va a usar los recursos ganados en este recurso de protección, porque el recurso obliga al Ministerio de interior a entregar plata a la municipalidad para que arregle el problema que ellos se adjudicaron”, establece una de las querellantes, Ximena Gallardo, que es ingeniera ambiental y dirigente del grupo ambientalista que llevó la causa a la Corte Suprema. 

Con 20 litros diarios

Aurora Estay es una de las afectadas por la falta de agua que se vive en la zona. Ella es dirigente social del sector el Navío, que pertenece al distrito El Melón. Esta es una de las zonas más alejadas de la municipalidad, por lo que reciben agua una vez a la semana mediante un camión aljibe. En El Navío son 78 familias, por lo que son aproximadamente 650 personas las que viven ahí. Aurora relata que “a la semana te dejan agua según el bidón o estanque que tengas. Si tienes dos garrafas, dos garrafas te dejan”.

La dirigente social tiene un estanque de 200 litros, este lo llenan una vez a la semana. En su terreno viven un total de 10 personas, que viven en 3 casas distintas, que sobreviven la semana con 20 litros de agua por persona. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud una persona requiere consumir en promedio 100 litros de agua para satisfacer las necesidades tanto de consumo como de higiene. Según este mismo organismo, en una ducha promedio de 5 minutos se gastan 95 litros de agua.  

Cuando el agua se les acaba, lo cual es recurrente, Aurora acude a su vecino que tiene “buenos pozos”, pero nunca ha recibido ayuda de la municipalidad.  

Entre los vecinos del sector se organizaron y pagaron un camión aljibe que entrega agua cada vez que a alguno se le acaba. Aurora dispuso de dos estanques para la comunidad de 500 litros. “Entonces se llenan esos dos estanques y se le da al vecino que necesite”, relata.

Fuente: Rodrigo Sáez / Greenpeace

Al día de hoy, las personas de los Nogales no están recibiendo los 100 litros de agua diarios que corresponden por persona. Así lo aseguran vecinos del sector. Gallardo explica que un 40% de los 9.000 habitantes del sector acceden al agua mediante la red municipal que provee de agua. Pero, el otro 60% de la gente no está recibiendo ningún litro por parte de la municipalidad. 

Esta parte de la comuna se abastece de agua mediante sistemas de agua potable rural (APR) o en cooperativas de vecinos, que se juntan y financian la realización de un pozo profundo por lo que ellos se autoabastecen de agua. Los demás son agricultores que tienen su pozo noria.

“No se está asegurando el agua a toda la gente que tiene pozo noria, tampoco se está garantizando las cooperativas que tienen que estar entre vecinos juntándose para tener agua. Entonces no está representando al total de la gente”, sentencia la ingeniera ambiental. Subraya que “este fallo fue a favor de la gente pero no se ha concretado”. 

Recurso de protección contra Piñera

La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados está en pleno conocimiento de la situación de El Melón, y ante el incumplimiento presidencial de informar al Congreso sobre las medidas adoptadas para corregir casos el que afecta precisamente a estos pobladores y pobladoras, están evaluando interponer un recurso de protección en favor de la comunidad contra el Presidente Piñera.

La información que debe entregar el mandatario es considera como fundamental porque en los hechos implica un catastro de cuánta gente está desabastecida de agua. La directora política de Greenpeace, Josefina Correa explica que está “haciendo seguimiento político” y en realidad “no tenemos idea. En Chile no se sabe cuánta gente se abastece mediante Agua Potable Rural y a cuánta agua se le entrega agua. Porque esto se maneja a través de presupuestos de riesgo que ingresan a través de la Onemi y a través de plata que pasan a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que luego entrega a los municipios”.

La abogada recalca que en la práctica no se está cumpliendo el fallo, “es decir las personas de El Melón están teniendo que ingresar todo el rato escritos a la corte pidiendo que se cumpla esto y que se haga efectivo. Mientras siguen recibiendo el agua en las mismas condiciones que recibían, que están muy por lejos de los 100 litros diarios, ya que siguen recibiendo agua una vez a la semana”.

El diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social fue el que inició esta moción de ley. El presidente de la ​​Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados y Diputadas, subrayó que hasta el día de hoy el Presidente no se ha comunicado con los parlamentarios para informar sobre las acciones tomadas para proveer de agua a la población. “No ha existido ningún oficio hacia el Congreso de ninguna información, ni ha solicitado ninguna asistencia a exponer las medidas por parte del Ejecutivo. Nosotros conversamos con la Secretaría General de la Presidencia y no tienen ninguna información por lo tanto entendemos que no se ha cumplido con la ley”, sostuvo el diputado.

El agua como derecho humano

Este miércoles y  tras 10 años en tramitación, se dio inicio a la discusión en el Senado de la Reforma al Código de Aguas, que prioriza el consumo humano del agua por sobre su uso productivo. El proyecto fue ingresado el 17 de marzo de 2011. Esta reforma presenta avances históricos, porque establece que el agua es un bien nacional de uso público, por lo tanto, propiedad de todos los chilenos. 

Si esta reforma es aprobada, se consagra definitivamente que el derecho al agua debe ser garantizado por el Estado y se establece que es prioridad su uso para el consumo humano, por sobre el uso productivo con fines de lucro. También instaura concesiones temporales con un período de 30 años como máximo, entre otros cambios. 

Este tema también será debatido en la Convención Constituyente donde al parecer existe un amplio consenso para consagrar este derecho fundamental en la nueva Carta Magna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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