Opinión
Los episodios de discriminación racial a indígenas motivan ampliar estas preocupaciones más allá de la esfera de la Convención Constitucional, ya que se trata de prácticas discriminatorias que se eslabonan como parte de una cadena de odio que debe cortarse cuanto antes. El Estado está obligado a combatir eficazmente la discriminación racial y los discursos de odio racista, en cualquiera de sus formas, ya que afectan de manera desproporcionada derechos de los pueblos indígenas y obstaculizan sus esfuerzos para contribuir a una sociedad que reconozca, valore y respete la diversidad cultural.
El primer mes de funcionamiento de la Convención Constitucional acumuló una serie de obstáculos y prácticas discriminatorias que han debido enfrentar representantes indígenas, en la forma de cuestionamientos y descalificaciones recurrentes hacia sus liderazgos, autoridades ancestrales, identidades culturales y uso de lenguas, promovidas por convencionales constituyentes del conglomerado de derecha “Vamos por Chile”, con amplia difusión en distintas plataformas comunicacionales y redes sociales en internet, y que han afectado particularmente a la presidenta Elisa Loncon Antileo y a la machi Francisca Linconao Huircapán.
A modo de ejemplo, Teresa Marinovic Vial (independiente electa en cupo RN) ha calificado como “show” el uso del mapudungun por parte de la machi Linconao, Marcela Cubillos Sigall (independiente electa en cupo UDI) ha acusado a la presidenta Loncon de “pavimentar un camino de tiranía” y, en defensa de la cuestionada participación de Jorge Arancibia Reyes (independiente electo en cupo UDI) en la Comisión de Derechos Humanos, Ruth Hurtado Olave (independiente electa en cupo RN), Katerine Montealegre Navarro (UDI) y Arturo Zúñiga Jory (UDI) han insinuado la responsabilidad penal de la machi Linconao en el “caso Luchsinger-Mackay”, a pesar de haber sido absuelta tres veces.
Además de estas declaraciones, que han motivado un requerimiento a la Comisión de Ética de la Convención Constitucional por parte de la machi Linconao, una campaña en redes sociales promoviendo la destitución de la presidenta Loncon fue instigada por perfiles asociados a posturas de derecha, patriotas y anticomunistas, de acuerdo al análisis de Plataforma Contexto 2021, y entre cuyos promotores se identificó incluso a un diputado (Sergio Bobadilla Muñoz, UDI) que la acusó de perjudicar la causa mapuche.
La presidenta Loncon también ha denunciado constantes amenazas desde sectores de derecha, por lo que hoy cuenta con escolta policial permanente como medida de protección, y ha sostenido que la ignorancia y la falta de respeto han instalado “un acoso racial que afecta a las identidades y diversidades presentes en la Convención”. Por su parte, la machi Linconao ha reafirmado su inocencia: “Soy machi, no soy terrorista”. Ambas representantes mapuche han sido respaldadas por el grupo de convencionales indígenas, así como por la gran mayoría del resto de convencionales.
Abordar las fórmulas discursivas de convencionales “Vamos por Chile” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos nos permite entender que no se trata de meras opiniones políticas o ideas amparadas en la libertad de expresión, sino de formas de discriminación racial basada en motivos étnicos y discursos de odio racista, que pueden manifestarse directa o indirectamente, con impacto diferenciado en mujeres indígenas, y que requieren medidas inmediatas y positivas por parte del Estado para combatirlas efectivamente, incluyendo el contexto de plataformas comunicacionales y tecnologías digitales emergentes.
Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas prohíben cualquier tipo de obstáculo o discriminación en el ejercicio de derechos de personas indígenas, especialmente la fundada en su origen o identidad, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial protege a pueblos indígenas de cualquier forma de discriminación racial y discursos de odio racista, los que pueden emplear un lenguaje indirecto, sin limitarse a expresiones de carácter explícitamente racial. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que la sola utilización de razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios discriminatorios de esta índole violan el principio de igualdad y no discriminación, mientras que la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas ha precisado que tildar como delincuentes a indígenas en posiciones de liderazgo es una forma de estigmatización que horada su representación, genera humillación personal y les expone a un riesgo considerable de ataques violentos.
Ahora bien, existen antecedentes previos de discriminación racial instigada por grupos de extrema derecha a través de redes sociales, que se han traducido en acciones violentas en perjuicio de personas indígenas, recordando las acciones de desalojo de comuneros mapuche que ocupaban dependencias municipales en Curacautín, instigadas por la “Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía” (APRA) y ejecutadas por civiles armados con palos y otros objetos, vociferando consignas racistas, en agosto de 2020, y a representantes del movimiento “Capitalismo Revolucionario” insultando y amenazando mientras pisoteaban un lienzo conmemorativo de Camilo Catrillanca Marín que habían robado desde el sitio de memoria “Londres 38”, en diciembre de 2020.
Las circunstancias antedichas, apreciadas en conjunto, motivan ampliar estas preocupaciones más allá de la esfera convencional, ya que se trata de prácticas discriminatorias que se eslabonan como parte de una cadena de odio que debe cortarse cuanto antes. El Estado está obligado a combatir eficazmente la discriminación racial y los discursos de odio racista, en cualquiera de sus formas, ya que afectan de manera desproporcionada derechos de los pueblos indígenas y obstaculizan sus esfuerzos para contribuir a una sociedad que reconozca, valore y respete la diversidad cultural.
