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Más allá de las intenciones de algunos comandos presidenciales de no aparecer como protagonistas en la acusación constitucional, de dotarla de una legitimidad jurídica y presentarla de la manera correcta, el factor electoral es inevitable y las candidaturas son conscientes de que no se le puede hacer el quite al tema. Las estrategias y posibilidades han sido distintas. En el entorno de Gabriel Boric algunos quieren alejarla de la elección presidencial, en el de Yasna Provoste –al ser senadora– han derivado la voz cantante a los diputados y la directiva DC. José Antonio Kast no tiene una definición clara y, en opinión de analistas, «no es su objetivo político», mientras que Sebastián Sichel podría ser el más complicado, pues queda en un reducido espacio de movimiento. Se ha manifestado en contra de la acusación, pero pidiendo más aclaraciones de lo que ocurrió en paraísos fiscales, lo que le ha valido críticas de algunos sectores oficialistas.
La historia de las acusaciones constitucionales en manos de la oposición no tiene el mejor balance. De hecho, ha sido siempre un arma de doble filo, que ha profundizado los quiebres internos y sepultado el éxito de estas, al no lograr ordenar todos los votos. Sin embargo, en esta pasada, la oposición se ha mostrado confiada en que el rumbo va a ser distinto, por varios motivos: la gravedad de los hechos, un reiterativo comportamiento cuestionable del Presidente Sebastián Piñera, e, inevitablemente, el factor electoral, que pone en aprietos a los parlamentarios del sector que van a la reelección, si se desmarcan de la herramienta, ante un clima ciudadano que presiona y que observa. A esto se suma la insatisfacción que han manifestado parlamentarios oficialistas con las explicaciones dadas por el Mandatario, y que ha arrinconado a Sebastián Sichel en el camino de ir más allá de la respuesta de La Moneda y pedir mayores aclaraciones.
En el análisis se evaluaron también las esquirlas que puede dejar este proceso en la carrera presidencial, como el desvío del foco político desde los candidatos al Gobierno, el flanco de la estabilidad política en periodo electoral y de una nueva Constitución, así como el aumento de la polarización del terreno político que pudiese favorecer a «los extremos». Con todo eso sobre la mesa, diputadas y diputados opositores manifestaron que, sumando y restando, los costos serán más altos al quedarse fuera que al participar. «Lo que no podíamos hacer era no estar», puntualizó un parlamentario DC, lo que es refrendado por uno de sus colegas, que sostuvo que «no queda otro camino» y que «nadie quiere terminar damnificado por no apoyarlo, ni ser cómplice de la impunidad».
Un punto no menor es que la DC salió con todo a mostrar su respaldo, ante las dudas que se gestaron en un comienzo sobre si se cuadraría o no. El jefe de bancada, Gabriel Ascencio, al respecto señaló: «Mi apuesta es que vamos a tener todos los votos de la bancada de la Democracia Cristiana». Esto, a pesar de que entre algunos diputados existen todavía dudas o al menos algunos matices, como en el caso de Matías Walker, quien se abrió a una acusación, pero con posterioridad a la instalación de una comisión investigadora 2 de Dominga. La mesa directiva del partido, liderada por Carmen Frei, también puso presión. «Esta acusación está dentro de las herramientas que el Poder Legislativo puede y debe utilizar, atendido el mérito de los antecedentes. La gravedad de los hechos conocidos compromete los intereses de nuestro país, vulneran la transparencia y probidad de sus actos como Mandatario, y dañan la imagen de Chile a nivel internacional», dice un documento.
La clave, sostuvieron los parlamentarios, será cómo presentar la acusación. Si bien el texto no está terminado, algunos diputados plantearon que los focos serán el «historial de las pillerías del Presidente Piñera», evidenciar una permanente infracción a la probidad, pasar por su manejo de las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social, el decreto que nunca firmó para establecer un Área Marina Protegida en La Higuera y enfatizar la afectación del honor de la nación con este caso, como ha ocurrido en otros países, por ejemplo, con casos como Odebrecht. Esto, por la dificultad de que el libelo avance en el Senado, donde se requieren 29 votos por quórum de 2/3 –y la oposición tiene solo 24–, pero donde se podrían abrir ventanas. El senador Manuel José Ossandón (RN) aseguró en Radio Pauta que «si es verdad que el Presidente tenía conocimiento o que lo había hecho él, me parece de suma gravedad, y yo, si me toca ser juez, voy a actuar en conciencia, no por orden de partido».
En los comandos presidenciales han sido más bien cautos. Por un lado, en el Frente Amplio (FA) apostaron por la opción de que Gabriel Boric no sea líder ni protagonista de la discusión, y alejar lo más posible esta acusación de la candidatura presidencial, restándole lo que más se pueda el factor electoral y poniendo el foco en la argumentación jurídica. De todos modos, anoche el candidato marcó una postura favorable, aunque reiterando que tiene que estudiar el detalle. En entrevista con Mega, hizo hincapié en que “tengo que estudiar… no tengo problema en votar a favor de una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, porque creo que ha hecho cosas graves”.
En el caso de Yasna Provoste, no puede pronunciarse por ser senadora y posible jueza si la acción llega a la Cámara Alta, y por eso la idea es que mantenga distancia con un pronunciamiento explícito, para no ser inhabilitada. Por eso es que también la voz cantante la asumió la bancada de diputados de la DC y la directiva de su partido.
En cuanto a José Antonio Kast, no se ha pronunciado aún sobre la medida, pese a que diputados de su partido no han desechado la posibilidad de evaluar la acusación si se agregan antecedentes nuevos que la sustenten. Y el caso más complejo, según observan algunos dentro del propio oficialismo, es el de Sebastián Sichel, que tiene poca capacidad de acción y escasa posibilidad de que el tema no le salpique. Si bien el candidato ha pedido mayores aclaraciones del caso, manifestó reparos a la acusación. «Se ha transformado en un hábito hacer acusaciones constitucionales que dan inestabilidad al sistema político, generando al final crisis», manifestó.
Entre los analistas hay distintas miradas. Para el director de Data Influye, Axel Callís, «esto es un muy mal negocio para todos» en la carrera presidencial. «El más perjudicado puede ser Gabriel Boric, porque en este minuto lleva una ventaja súper importante, está todo caminando funcional a él y esto viene a distorsionar y a instalar una duda más a un proceso presidencial que está siendo bueno para él. A José Antonio Kast no le quita ni le pone, y Sebastián Sichel ya está enterrado con el Gobierno, ya está asociado con el Gobierno. El Gobierno no va a bajar al 5%, ya está en el piso hace dos años, desde el estallido social», explicó.
Mientras, la politóloga y académica de la Usach, Pamela Figueroa, sostuvo que «podría afectar más a los candidatos presidenciales el no apoyar la AC, porque podría parecer que están de acuerdo en no hacer una investigación con una denuncia importante». Sobre efectos particulares, consideró que puede tener un impacto marginal para el Ejecutivo, «porque tiene una muy baja aprobación y eso se ha traspasado negativamente al candidato del Gobierno, que es Sebastián Sichel, que incluso intentando alejarse de La Moneda igual ha tenido un deterioro de su candidatura, distinto al otro candidato de derecha (Kast), que alejándose del Gobierno ha tenido un aumento de consideración. Kast ya ha ocupado la estrategia de crecer electoralmente al cuestionar al actual Gobierno».
Por su parte, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central (UCEN), cree que «en la medida que la situación de los Pandora Papers polarice afectivamente, que la ciudadanía sienta que detrás de esto hay una intención de encubrir la pulsión de Piñera por los negocios, puede ir permeando también a los senadores oficialistas. Quedan 157 días de Gobierno y Piñera ya no es un problema, los parlamentarios tienen que velar por su propia sobrevivencia y va a estar influida por lo que piensa la opinión pública de Sebastián Piñera».
Moreno agregó que es posible que senadores no se pronuncien para evitar ser inhabilitados, o que bien «algunos busquen inhabilitarse y, con eso, sacarse de encima el peso de tener que votar en contra de la acusación a pesar de que crean que haya elementos para que Piñera responda». Sobre la posibilidad de que Kast pueda obtener algún rédito político de esto o se le pueda traspasar algún tipo de responsabilidad, opinó que «es muy difícil, porque su objetivo político no es sacar a Piñera de la Presidencia. Más que botar a Piñera, él tiene que convertirse en un liderazgo para la derecha. Para él es suficiente con que todo el mundo sepa que él ha sido crítico con la derecha, no necesita hacer nada más».
«En el caso de Boric, el clima destituyente lo va a obligar a ponerse a la cabeza de eso, y en el caso de Yasna Provoste, va a ser la manera en que demuestre que puede alinear a su sector, que los parlamentarios voten a favor del cuarto retiro y que esté la DC detrás de la acusación, y eso lo logró en parte», indicó.
Con todo, el equipo de abogados de la oposición trabaja el texto que –dicen– intentará demostrar que, más allá del tiempo en que sucedió la millonaria venta de acciones (antes de arribar a su primer mandato y hace más de 10 años), las consecuencias de los hechos para el país y la institucionalidad presidencial llegan a la actual administración.
