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Esta cláusula del tercer pago es parte de uno de los antecedentes que no habían sido considerados inicialmente en la indagatoria penal que lideró el entonces fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra el año 2017 y que finalmente sobreseyó al Presidente Sebastián Piñera. En esa fecha, según reveló La Tercera sólo se encontró -dentro de la carpeta indagatoria que revisa la Fiscalía- un preacuerdo en español del contrato de compraventa de las familias de Carlos Délano y el Presidente Sebastián Piñera que luego se selló en las Islas Vírgenes Británicas. Consultada la Fiscalía, sólo se limitaron a señalar que la revisión de antecedentes continúa, “pues aún restan aspectos por revisar”, y que el Fiscal Nacional Jorge Abbott aún no toma una decisión. Sin embargo, esto no frenó los cuestionamientos de diputados de oposición, quienes señalaron que los hechos son «gravísimos» porque el Mandatario «faltó a la verdad» y que todo esto cimienta aún más la acusación constitucional en su contra. En tanto, el abogado del Presidente, Juan Domingo Acosta, insiste en la tesis de que todos los antecedentes estaban en conocimiento de la Fiscalía en la investigación del caso Exalmar-Dominga y la cláusula en cuestión está contenida en el documento denominado “Acuerdo” en manos de la PDI y el Ministerio Público [ACTUALIZADA]
La revelación que hizo el pasado domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre los “Pandora Papers” golpeó al Presidente Sebastián Piñera debido al acuerdo que realizó su familia con la de su amigo personal Carlos Alberto Délano para concretar una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas. Si bien el Gobierno salió a respaldar al Mandatario afirmando que no había información nueva en esta materia, hay un dato que permitiría reabrir la investigación en la Fiscalía.
Esto, porque según reporta el diario La Tercera, en la primera investigación comandada por el entonces fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra sólo se encontró un preacuerdo en español del contrato de compraventa de las familias de Carlos Délano y el Presidente Sebastián Piñera que luego se selló en las Islas Vírgenes Británicas. Al contrastar esta información con el contrato filtrado en los Pandora Papers, la cláusula que estuvo a la vista de la Fiscalía en 2017 sería similar, pero no idéntica a la revelada en la reciente filtración, indica dicho medio.
En la reapertura, se podrá indagar una arista distinta, ya que podría investigarse si Piñera realizó u omitió alguna obligación en su calidad de funcionario público respecto de declarar o no la zona en que se construiría Dominga como zona de exclusión, tal como lo requirió el documento firmado en el exterior por ambas familias, y que era una de las condicionantes para realizar el tercer pago. Es decir, una arista penal por eventual cohecho.
Consultada la Fiscalía sobre esto, sólo se limitaron a señalar que la revisión de antecedentes continúa, “pues aún restan aspectos por revisar” y que el Fiscal Nacional Jorge Abbott aún no toma una decisión si abrirá una investigación de oficio.
En tanto, a través de un comunicado, el abogado del Presidente, Juan Domingo Acosta, insiste en la tesis de que todos los antecedentes estaban en conocimiento de la Fiscalía en la investigación del llamado caso Exalmar-Dominga.
“El documento dado a conocer por ICIJ, es sólo la materialización efectiva del negocio acordado formalmente mediante el contrato denominado Acuerdo, de tal forma que la cláusula de saldo de precio es una mera transcripción de la existente en dicho documento. No se puede alegar que la referida cláusula en la compraventa hubiera sido desconocida para el Ministerio Público o no hubiere formado parte de la investigación ni hubiese sido revisado, toda vez que la misma estaba incluida en el documento denominado “Acuerdo”. Por lo tanto y como puede comprobarse de la carpeta investigativa correspondiente, este antecedente efectivamente formó parte de la investigación Exalmar-Dominga, causa que se encuentra terminada mediante sobreseimiento definitivo”, señala.
De acuerdo a Acosta, el 7 de abril de 2017 “y a requerimiento de la Fiscalía que llevaba adelante la investigación, don Nicolás Noguera (el gerente del family office de Piñera) entregó a la Policía de Investigaciones un disco duro que contenía todos sus correos electrónicos para que se revisasen aquellos relacionados relativos a Pesquera Exalmar y al Proyecto Dominga”, entre los cuales se contenía el documento denominado “Acuerdo”.
Según el abogado, dicho documento “firmado por todos los comparecientes, da cuenta de la totalidad de los términos y condiciones relevantes de la venta a Inmobiliaria Duero Limitada de la totalidad de derechos sociales en Andes Iron Limitada, entre otros derechos y acciones, estableciendo la oportunidad, precio y forma de pago aplicables a la transferencia del Proyecto Dominga (…) así como las condiciones a las cuales quedaba sujeto dicho pago”.
Añade que “su contenido es exactamente el mismo del contrato de compraventa, pues dicta sus términos (…) tanto es así que en agosto de 2017 un medio de prensa informó al público-entre otras cuestiones- de la existencia de esta cláusula, incluyendo el monto del saldo de precio, fecha de pago y sus condiciones”, dijo aludiendo a la publicación de ese entonces de Radio Bío Bío.
En efecto, dicho documento que según Acosta está en manos de la Fiscalía contiene en el punto 3.03 la cláusula que fija el plazo para el pago del saldo de precio “a menos que se determine que el lugar donde esta emplazado el proyecto Dominga corresponde a una zona de exclusión o un parque nacional o reserva natural”, una condición que justamente ha levantado una sombra de dudas sobre la transparencia de la actuación presidencial en esta materia.
A la espera de lo que decida el fiscal Abbott, diversos parlamentarios ya han reaccionado a estos nuevos antecedentes. El diputado DC Gabriel Silber señaló que «esto hecha por tierra el principal argumento del propio Presidente señalando que estos antecedentes ya eran conocidas por la Justicia. Si este tema ya era grave, hoy día es gravísimo tener a la primera autoridad de la República investigada por cohecho. Toma más fuerza que nunca la acusación constitucional».
El diputado Marcelo Díaz (UNIR) aseguró que estos nuevos antecedentes son «de tremenda gravedad, y amerita que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer, que se investigue penalmente si se cometieron delitos. También reafirma la pertinencia de la acusación constitucional»
«Me parece bien que la Fiscalía inicie de oficio una investigación. La ciudadanía exige la mayor transparencia y que se investigue a cualquier persona, tenga la investidura que tenga. Se tiene que investigar caiga quien caiga», dijo el diputado RN Jorge Durán.
«Es una revelación muy importante, abre nuevas perspectivas. La Justicia debería reabrir la investigación o generar una nueva contra el Presidente Sebastián Piñera, ya que el juicio que lo absolvió no contaba con todos los antecedentes que se conocen. Los delitos de cuello y corbata, de gente poderosa con poder político y económico, son gravísimos y no pueden quedar en la impunidad», agregó el diputado PC Daniel Núñez.
El diputado Gonzalo Winter recordó que «el Presidente Piñera hace 72 horas le dijo al país que había sido sobreseído con conocimiento de la Fiscalía sobre estos antecedentes. Estamos hablando que o la Fiscalía hizo una investigación absolutamente irregular o estamos enfrentándonos a que el Presidente Piñera faltó a la probidad hace 72 horas mintiéndole al país».
«Una vez más el Presidente Piñera le mintió a todo el país. Seguimos conociendo más antecedentes para la acusación constitucional en su contra y esperamos que, esta vez, el Fiscal Nacional esté a la altura e inicie una investigación penal contra el Presidente y contra su primo Carlos Alberto Délano. Ni los favores, ni las redes de contacto, los apellidos o el dinero pueden marcar una diferencia a la hora de enfrentar la justicia, pero vemos que hasta ahora ocurre todo lo contrario», dijo la diputada Catalina Pérez (RD).
Marcelo Mena, coordinador de campaña de Yasna Provoste, señaló: «Al final nuevamente se faltó a la verdad. No solamente le habían pagado al Presidente Piñera por no decretar un área protegida donde los pingüinos de Humboldt, sino que no había sido un hecho juzgado. Nos encontramos ante un Presidente que está bajo investigación por conflicto de interés, lo que nos demuestra que siempre hay que poner en duda lo que se nos dice».
«Nos parece de suma urgencia que la Fiscalía avance con la mayor premura posible, estamos hablando del Presidente de la República, y es necesario que se transparente cada uno de sus conflictos de intereses. Además esto fortalece la posición de la acusación constitucional», afirmó Miguel Crispi (RD).
El diputado PS Marcos Ilabaca calificó la información como «gravísima. El Presidente ha faltado a la verdad a Chile. Los documentos no estaban incluidos en la investigación criminal que desarrolló el Ministerio Público el 2017. Presidnete Piñera usted no le ha entregado la información completa a los chilenos. Esto es de una gravedad absoluta».
