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Crédito: ATON
El abogado del Presidente, Jorge Gálvez, acompañado por el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, señaló ante la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Mandatario que el libelo “se basa en hechos falsos y en meras especulaciones” y “no tiene y no ofrece prueba de sus dichos”. El defensor además se jugó la carta de endosar responsabilidad al Gobierno de Bachelet al señalar que durante el primer período de Piñera “no existió intervención de su parte” y en esta segunda administración el Mandatario solo se ha dedicado a “restablecer la institucionalidad maltratada en la administración anterior”. A la salida de la instancia -que volverá a recibirlo este sábado- el ministro Ossa dijo que solo se trata de una «acusación electoral» y que el abogado realizó una «defensa técnica y desapasionada de cómo es que el Presidente de la República y sus hijos no tuvieron ninguna participación” en el negocio de Dominga “y ha explicado que las obligaciones tributarias de esa operación fueron cumplidas”.
Cuando el reloj marcó las 15:00 horas de este viernes, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera por los «Pandora Papers» recibió al equipo jurídico del Mandatario, liderado por el abogado Jorge Gálvez, quien fue acompañado por el ministro de la Segpres, Juan José Ossa.
Según Gálvez, su misión en la sesión de hoy era “dar una relación y explicación respecto de los principales aspectos de la defensa, en la cual hemos centrado las justificaciones para recomendar a esta comisión que en su informe sugiera el rechazo total y absoluto de la AC, que ha demostrado que carece de todo argumento fáctico y jurídico”.
Antes de iniciar su exposición, Gálvez felicitó a la instancia revisora, conformada por los diputados Maya Fernández (PS) como presidenta, Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.UDI). “Me he percatado que existe un auténtico deseo de comprender los hechos que en la AC se expresan de manera poco clara. A nuestro juicio, hay situaciones que se intentan forzar, generando algunas confusiones en el plano fáctico, lo cual dificulta comprender adecuadamente los hechos que se imputan. (…) Asistimos a una AC que más allá de un inteligente uso del lenguaje y un serie de recursos para adecuar mañosamente la realidad de los hechos, no establece a ningún hecho constitutivo de ilícitos constitucionales”, dijo.
Posteriormente detalló que la acusación contra Piñera “se basa en hechos falsos”, “no tiene y no ofrece prueba de sus dichos”, “se basa en meras especulaciones”, “se basa en hechos ocurridos en el anterior periodo presidencial”, y “contradice fallos judiciales firmes y pronunciamientos de Contraloría, SII y SVS”.
En la parte final de su exposición, la que continuará mañana, el profesional afirmó que Piñera no interviene «en las decisiones de los órganos técnicos relacionados con la calificación ambiental del proyecto Dominga. El informe favorable ocurre en la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. Se basa en un proceso de largos años de duración y numerosas iteraciones con el titular de la comunidad y los órganos del Estado con competencia ambiental”.
Al jugarse la carta de endosar responsabilidad al Gobierno de Bachelet, Gálvez insistió en que el informe técnico favorable ocurrió en la administración pasada y recordó que en dicho Gobierno hubo “públicas recriminaciones de miembros de coalición de gobierno y funcionarios acusando intervención política”, incluyendo renuncias de ministros, aludiendo a la salida del titular de Economía, Luis Felipe Céspedes.
En este sentido, el representante del Presidente mostró una gráfica con las declaraciones del ex director del SEA, Jorge Troncoso, funcionario que salió de su cargo por diferencias con el ministro de Medio Ambiente de Michelle Bachelet, Marcelo Mena.
En la gráfica exhibida por Gálvez, se recordaron los dichos de Troncoso asegurando que en el rechazo de Dominga en 2017 en el Consejo de Ministros “hubo intervención política”. Además, remarcó que el exdirector del SEA acusó “presiones” y dijo que el Comité de Ministros “violaron de manera burda reglas y procedimientos básicos”.
“Si he demostrado que durante el periodo del Presidente de la República entre 2010-2014 no existió intervención de su parte, y que esto está judicialmente establecido, pero además se explica por la propia dinámica de a estructuración del mismo negocio del Proyecto Dominga; lo que he hecho es demostrar fehacientemente que en lo que toca los actos de esta administración y la evaluación ambiental, que no ha sido otra cosa que acatar fallos judiciales, actuar en consecuencia y restablecer el derecho e institucionalidad que había sido maltratada en la administración anterior. No se puede advertir desde ningún punto de vista una actividad ni ilegal, ilícita ni la configuración de ilícitos constitucionales de tal gravedad que supongan la posibilidad de destituir a un Presidente de la República en ejercicio”, cerró ante los diputados.
El plazo para que Piñera presentara su respuesta venció este jueves 28. En el texto, de 242 páginas, se calificó el libelo contra el Mandatario como “una maniobra política mañosa y con claros fines electorales”, además de señalar que los hechos acusados “son manifiestamente falsos, mañosamente relatados y atribuyéndole intenciones en meras suposiciones”.
A la salida de la comisión, el abogado aseguró que, a su parecer, mostró «de manera elocuente que la presenta acusación malentiende, quiero creer, que se trata de un entendimiento inadecuado de la estructura del negocio que probablemente se deba a que esta fue presentada de manera apresurada».
En ese sentido, argumentó que «los diputados que sostienen la acusación, una vez conocidos los antecedentes de los ‘Pandora Papers’ no dieron el tiempo adecuado a sus asesores para efectos que pudieron tener una adecuada revisión de los antecedentes del caso para que pudiesen entender la operación y se apresuraron a sacar conclusiones desacertados en términos de sugerir que existía una intervención de la familia del presidente».
Finalizó remarcando que su expectativa es que los diputados «comprendan la gravedad y la importancia no solo para este momento electoral, sino para efectos de la historia de la República y la estabilidad democrática de este país y los tiempos turbulentos que se vienen a futuro, que entiendan la gravedad de lo que está en juego hoy».
Por su parte, el ministro Ossa, aseguró que se trata de una «acusación electoral» y que el abogado realizó una «defensa técnica y desapasionada que ha explicado con toda claridad cómo se gestó la operación de venta de minera Dominga, cómo es que el Presidente de la República y sus hijos no tuvieron ninguna participación (…) ha explicado que las obligaciones tributarias de esa operación fueron cumplidas».
