Pareciera que nadie discute hoy en Chile que es el Estado el que debe garantizar la equidad social a todos los ciudadanos. Más aún, luego del estallido social, aumentado por las crisis de salud y de la economía generadas por el COVID-19. Sin embargo, del dicho al hecho hay un enorme trecho. Los criterios doctrinarios dogmáticos sobre el rol del Estado, el juego de intereses de los grandes poderes económicos con capacidad de veto, y el inmediatismo y sentido instrumental que dominan muchas veces las decisiones políticas, han determinado que el país esté paralizado en su perspectiva estratégica y con mucha incertidumbre en su futuro inmediato, pese a haber encauzado institucionalmente la solución de sus problemas y conflictos a través de una Convención Constitucional.

La precariedad económica de una amplia mayoría de la población en los últimos dos años, indujo a la conclusión de que el Estado no podía omitirse de la responsabilidad de equidad. Pero las políticas de ensayo y error aplicadas por el Gobierno para mitigar y controlar la crisis, no previeron la profundidad y persistencia de esta, y contribuyeron a ahondar la imagen del Estado como ente puramente reactivo y lento para anticiparse o actuar eficientemente ante la realidad. 

Un factor de las malas decisiones, sobre todo económicas, fue confundir el cuidado de las personas con una simple necesidad de ayuda social, lo que se intentó con paquetes de alimentos y bonos focalizados, y no con una oportuna política de ingresos que fuera una inyección real de capacidad de compra de la población. Tampoco hubo medidas para sostener efectivamente la producción y el empleo, de manera directa, ambas cosas que para una economía de mercado constituyen ejes principales de su funcionamiento.

En empleo se ideó una fórmula puente, haciendo que sectores laborales recurrieran a sus fondos de cesantía y a medios tiempos laborales, y se decidió que el eje financiero fuera la solución para las urgencias de las empresas. Para ello fueron inyectadas, a través del Banco Central, líneas de liquidez a ser utilizadas por los bancos, para ajustar encajes y créditos de sus clientes, y para las  empresas, además, se pusieron incentivos de tributación y postergaciones en el pago de deudas fiscales.

La política de retiro parcial de fondos previsionales fue originada, precisamente, por la búsqueda de recursos frescos para las personas y por iniciativa parlamentaria, ante la falta de ingresos directos y la inmovilidad gubernamental. Y aunque desde el inicio hubo certeza de ser una mala política pública, pues implicaba descapitalización individual a futuro –sin perjuicio de las magras pensiones que asegura el sistema de AFP–, la iniciativa fue acogida y recién después del segundo retiro de 10% el Gobierno –con la presión del Congreso Nacional– empezó a barajar mecanismos financieros alternativos para las familias, entre ellos, el IFE y el IFE universal. 

Una de las claves fundamentales hacia el futuro será lo que apruebe la Convención Constitucional en cuanto a derechos o distribución y descentralización de poder, y también de los diseños institucionales que permitan adoptar decisiones viables sobre temas difíciles, incluidas las crisis emergentes como la de los últimos dos años.

Una gran falla del Estado chileno, y que devino en el estallido social, es de equidad. Las abrumadoras desigualdades, abusos, y el deterioro acelerado de los bienes públicos e institucionales que brindan ecología y pauta al sistema decisorio de gobierno, colapsó y el país debe remediarlo.

La equidad implica cuidar, mediante políticas públicas, el interés de todos los ciudadanos y la igualdad de oportunidades en la distribución de bienes de la sociedad. El crecimiento con equidad, del que tanto habló la política nacional en las tres últimas décadas, y que en lo central enfatiza la relación virtuosa entre crecimiento económico, estabilidad institucional y paz social, falló en los momentos de mayor crecimiento y bienestar económico del país. Y falló por causa de la política.

Lo que el país enfrenta hoy es una crisis de equidad en medio de un ambiente de empate y parálisis política, cuya solución no dice relación con la elección entre la libertad o el estatismo, sino con la dignidad humana.