Opinión
Es importante tener presente que el actual modelo concesional minero se ha prestado para ello, para la concentración, el acaparamiento y para especular con las pertenencias mineras.
La controvertida licitación del litio que recientemente adjudicó cuotas de extracción a la filial china de BYD y a la empresa de Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., perteneciente al grupo Errázuriz, no hace más que retratar el tinte privatista que presenta la explotación nacional del mineral y demuestra, una vez más, la escasa planificación y estrategia con la que se ha gestionado su aprovechamiento. Sin duda, este último punto político es una de las principales problemáticas que ha levantado el Presidente electo y su comando respecto de la licitación, en donde, por el contrario, han planteado la necesidad de avanzar en una mesa nacional del litio que asegure el fortalecimiento del rol del Estado en el desarrollo del mineral, como también la creación de una Empresa Nacional del Litio.
Ahora bien, ante dicho contexto cabe preguntarse cuáles son las posibilidades reales de avanzar en una empresa nacional que eventualmente explote el litio en condiciones aceptables para las comunidades locales y para la ecología de los salares, pero que también genere encadenamientos productivos y tecnológicos que nos permitan alcanzar la anhelada transformación del modelo minero extractivista local. Nuestra reflexión al respecto, es que existen diversas limitantes institucionales y legales que eventualmente podrían empañar los esfuerzos que desarrolle el futuro Gobierno, por lo cual es sumamente relevante abrir esta discusión tempranamente.
[cita tipo=»destaque»]Hacemos un llamado a abrir la discusión pública en torno a la propiedad minera y el rol que debería jugar el Estado en la promoción y desarrollo del sector.[/cita]
Si bien, el que se hayan otorgado dos cuotas que permitirán explotar 160.000 toneladas de litio metálico comerciable puede evidentemente competir y restringir el aprovechamiento del Estado del potencial que presentan salares como el de Atacama, Maricunga o Pedernales, lo cierto es que esta no es la principal limitante que necesariamente podría contravenir el desarrollo de una empresa estatal, sino que la constitución y concentración de pertenencias mineras en salares, amparadas en la nefasta Ley de Concesiones Mineras de 1982 y el Código de Minería 1983, resultará ser el verdadero talón de Aquiles de esta futura política pública.
En este sentido, un claro ejemplo de lo expuesto es la concentración de concesiones mineras de exploración y explotación que presenta la empresa SQM en el Salar de Atacama, las que han sido celebradas en un área que circunda el perímetro de explotación de las pertenencias arrendadas por la Corfo a la misma empresa, las que, a la fecha, ya han sido objeto de controversia, representando uno de los motivos del arbitraje que se suscitó entre las partes durante los años 2013 y 2018. En particular, la Corfo en su momento alegó que la constitución de estas concesiones en áreas vecinas a sus pertenencias buscaba hacer inviable la celebración de futuras licitaciones de explotación en el Salar, luego que se termine su contrato con SQM (el año 2030). Sin duda, dicho argumento sirve para ilustrar la problemática que va a presentar una eventual empresa del Estado al momento de intentar aprovechar el potencial de nuestros salares.
Dicho lo anterior, es importante tener presente que el actual modelo concesional minero se ha prestado para ello, para la concentración, el acaparamiento y para especular con las pertenencias mineras. En esta misma línea, Sernageomin publicó en su anuario 2021 que la litífera SQM fue la compañía minera con la mayor superficie concesionada para explotación en el país, con 2.704.015 hectáreas (ha) que representan el 16,8% de la superficie total nacional concesionada para aquellos fines; superando, incluso, a la estatal Codelco y a la minera Escondida –principales productores de cobre en Chile–, que le siguen, con una participación mucho menor del 6 y 3% de la superficie nacional concesionada.
En efecto, SQM, a pesar de presentar un modelo de negocios de minería no metálica, resulta ser el principal dueño del total de pertenencias mineras del país, independientemente del interés metálico o no de su explotación. Considerando, además, que goza de un beneficio legal o rebaja en el pago del amparo por dichas pertenencias. En este sentido, el Código de Minería establece que, para mantener un derecho de concesión, hay que realizar un pago anual que ya es risible, equivalente a un décimo de UTM por cada hectárea (1/10 UTM x ha), y si en aquellas pertenencias se presenta un interés y/o explotación principal de sustancias mineras no metálicas, este se rebaja a un trigésimo de UTM por cada hectárea (1/30 UTM x ha). Modelo perverso que, sin lugar a dudas, ha incentivado el otorgamiento de concesiones en los salares, privatizando, en general, las pertenencias mineras e imposibilitando el desarrollo de una eventual explotación por parte del Estado.
En definitiva, y considerando lo expuesto, desde Fundación Terram hacemos un llamado a abrir la discusión pública en torno a la propiedad minera y el rol que debería jugar el Estado en la promoción y desarrollo del sector. Para ello, es de suma importancia que el Gobierno entrante del Presidente Gabriel Boric revise en detalle y prontamente las restricciones e incentivos perversos que presenta el actual modelo concesional, esto con el objeto de cautelar una implementación efectiva y operante de una empresa del Estado que explote de manera responsable el potencial que presentan nuestros salares.
Asimismo, es de vital importancia que el debate constitucional sea una instancia efectivamente democrática que permita avanzar en el establecimiento de una buena gobernanza sectorial, en donde se defina a las sustancias minerales como bienes naturales comunes cuyo acceso, uso y aprovechamiento busque siempre el interés público y no el privado.
