Derechos y naturaleza: certezas en la nueva Constitución

La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes Naturales y Modelo Económico ha entregado su primer informe al Pleno de la Convención Constitucional y en él se presenta una propuesta de 38 artículos más 2 transitorios sobre el Bloque A, que comprende normas sobre crisis climática, reconocimiento y protección de los Derechos de la Naturaleza, Medioambiente y Bienes Comunes Naturales, biodiversidad, principios ambientales y democracia ecológica y plurinacional.

Toda esta propuesta de articulado entrega una sola gran certeza al país: estamos redactando una nueva Constitución con las transformaciones que requiere el nuevo Chile. Y es que durante años se gestó un nuevo Chile, que una minoría poderosa decidió no ver, no oír y no considerar, pero aquí poco a poco se va plasmando en la propuesta de nueva Carta Magna que construimos.

La redacción se está llevando a cabo de manera participativa, transparente y consensuada por una mayoría sólida y representativa de las demandas socioambientales de Chile. La participación se ha visto reflejada en cada una de las comisiones, particularmente en la de Medio Ambiente, con 298 audiencias públicas de diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos. También recibimos propuestas a través de audiencias por lobby, cabildos y encuentros desarrollados en nuestras semanas territoriales. Todo para dar cabida a las ideas y propuestas de todas y todos.

Es así como la Comisión de Medio Ambiente levanta estos 38 artículos de su primer informe, del que destaco el artúculo 1°, que señala que “El Estado reconoce la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana”, lo que por cierto no lo ha inventado esta comisión ni nosotros los Eco Constituyentes sino que el Informe del IPCC ya lo reconocía en 2014, argumentando que la actividad humana es actualmente la causa principal del calentamiento global, algo que se ha agudizado.

Otro artículo fundamental de aprobar en el pleno de la Convención es el 4°, que reconoce los Derechos de la Naturaleza, al señalar que la naturaleza “tiene derecho a que se respete y proteja integralmente su existencia, restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos naturales, estructura, funciones, equilibrio ecosistémico y diversidad biológica”. Protección que no es nueva en el mundo, sino que se encuentra en las constituciones de 161 países y se entiende como aquella que establece la obligación del Estado y/o de las personas de protegerla o preservarla.

El artículo 8 también responde a demandas históricas y sentidas de las comunidades de territorios fuertemente impactados, tal como conocimos en la Región del Biobío en nuestra primera semana de «Región Constituyente» y también manifestadas en todas las instancias de participación con las presentaciones de localidades tristemente reconocidas como “zonas de sacrificio”, artículo que establece que “El daño a la naturaleza será sancionado conforme a un régimen de responsabilidad estricta”. A este se suma el artículo 29, que establece que “El Estado reconoce como vulneración gravísima de los derechos de la naturaleza, la extinción de una especie o población de esta, la destrucción total o parcial de un ecosistema nativo, o la eliminación de una condición específica para el equilibrio de la naturaleza”.

Por otra parte, la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, en su artículo 19, “reconoce a todas las personas el derecho de acceso peatonal, gratuito, eficaz, universal y temporal para recorrer los bienes naturales comunes, a través de bienes públicos o privados, extendiéndose esta facultad a montañas, bosques nativos, salares, ríos y riberas, mar y playas, humedales, lagos, lagunas, y caminos ancestrales, sin perjuicio de los límites que establezca la ley y el derecho de los pueblos indígenas y de la naturaleza establecidos en esta Constitución”. Este artículo ha sido incluido para reconocer constitucionalmente este derecho que, a pesar de estar considerado en el artículo 589º del Código Civil y en el Decreto Ley Nº 1.939 de 1977, es vulnerado constantemente por quienes se apropian del espacio público con carteles de “acceso cerrado”, o donde no hay acceso o impiden la entrada, como hemos visto en varios videos virales, uno de ellos el del presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, que expulsó a mujeres del que llamó “mi jardín”.

El artículo 27 viene a hacer justicia, al establecer que “El Estado tiene el deber primordial de proteger, conservar y garantizar los derechos de la naturaleza, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la democracia ecológica”, ante el actual artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de 1980, que solo habla del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y al no estar normados todos los contaminantes, pues muchas industrias han logrado esquivar su responsabilidad en la grave contaminación que han generado a los habitantes y ecosistemas en distintas zonas de sacrificio del país.

Finalmente, destaco el artículo 33, que reconoce el derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales. Artículo que si estuviera vigente no permitiría arbitrariedades como las del Gobierno saliente que, a través de un ilegítimo Comité de Ministros, aprueba la termoeléctrica Los Rulos en la V Región, en las cercanías de la reserva de la biósfera La Campana.

Tenemos la certeza de que con este articulado y los ya aprobados (democráticamente y por una mayoría sólida) de los primeros informes de la Comisión de Justicia y de la Comisión Formas de Estado, le estamos dando respuesta a una serie de demandas presentes en los últimos 30 años que nunca fueron satisfechas por la institucionalidad, les estamos dando certeza a quienes nunca la han tenido y que quieren una Constitución que represente sus anhelos y sus sueños para el Chile de las próximas décadas.