El incidente Siches

En La Araucanía, los partidarios de la acción política violenta frente al Estado no comparten la idea de que el Gobierno de Gabriel Boric debe vivir sus cien días de gracia en relativa calma, hasta su primer Mensaje Presidencial al Congreso Nacional dentro de pocos meses. Tampoco la teoría sembrada por el subsecretario del Interior de que las autoridades no están investidas de la representación del Estado en sus actuaciones, y que cuando concurren a actos en temas tan importantes como La Araucanía, no van como meros mediadores o verificadores de buena voluntad, sino que representan todo el poder del Estado.

Es razonable pensar que dentro de algunos meses la ciudadanía podrá apreciar la decantación de las prioridades políticas del gobierno manera clara, su manera de planificar su trabajo y la mano de su administración ante los problemas del país. Y a lo mejor para entonces, los violentistas cambian hacia el diálogo y no se endurecen, como podría ocurrir si perciben la debilidad del Estado. Sobre todo, considerando el empate político en que hoy se encuentra el país, y que los puntos de diálogo y de expresión de su autoridad, no parecen todavía definidos por nadie.

Por ello, el Incidente Siches en la zona, que los voceros y altos funcionarios de gobierno se empeñan en denominar Wallmapu, sin tomarle el peso simbólico a tal concepto, pone un alerta sobre lo que realmente puede ocurrir, pues se insertan en una señal de escalada, al margen de las consecuencias y las responsabilidades involucradas, que las autoridades se han empeñado en minimizar. Porque si bien se trató de un intento gubernamental que debe ser valorado positivamente como voluntad y actitud positivas, la ministra del Interior Izkia Siches improvisó en un trato directo con el mundo mapuche, sin resguardo adecuado ni de su persona y ni de su investidura de Estado. Y hubo respuestas a balazos, antes siquiera de escucharla. Ella no iba a la casa de los Catrillanca, iba como autoridad a La Araucanía.

Por otra parte, la racionalidad policial y de seguridad en la zona -incluido el incidente mismo- deja en claro que el Estado de Chile carece de la inteligencia policial y política para evaluar adecuadamente las acciones, los tiempos y el tipo de seguridad que debe enfrentar para sus representantes frente a los conflictos difíciles que debe enfrentar.

Decimos el Estado de Chile, pues no es un problema de propiedad del gobierno, al margen de la evaluación superficial previa que se le pueda imputar al actual, que no lleva una semana en funciones. Es evidente que las rutinas políticas en la zona operan donde en el vacío de rutinas de seguridad (para realizar las acciones y no para encontrar el hueco y salir ileso). Que la ministra o alguien de su comitiva hayan terminado sanos y salvos es solo un dato del Incidente. Porque el herido grave es la autoridad y presencia del Estado en la zona, una vez más.

Y ello es un tema antiguo. Los dos gobiernos anteriores, de distinto signo político entre ellos, legaron una institucionalidad policial y de inteligencia absolutamente en quiebra. Y aunque nadie duda de las buenas intenciones que animan al novel gobierno, sus autoridades superiores, sus asesores políticos y la gente del gobierno con mayor experiencia, debieran estar conscientes de la necesidad de construir rutinas de estabilidad y vocerías adecuadas, y no titubear en un relato que entrega señales de martirologio político del propio gobierno, por simple ingenuidad o improvisación.

Es indispensable no crear ni climas de desconfianza ni buscar complots o actividades obstruccionistas que le señalen con escarnio al gobierno lo difícil que resulta gobernar el día a día de un país con un problema de carácter violento. donde una parte no quiere deponer la actitud beligerante. Ello porque, además, y eso es grave, no se debe dar por descontado que haya actores de tercera intención, que lucran en la incompetencia y el desorden, y no desean que se acabe el problema pues se acaba el negocio. Detrás de cada conflicto hay gente que gana dinero, legal e ilegalmente, con el mismo. Y para ellos, la buena voluntad es solo una variable de tercer orden, cosa que ya debiera estar en la mesa de seguridad del Gobierno.

El actual, como todos, prometió una reforma de las policías, que deberá hacer con las mismas policías que hoy tiene, y negociar su factibilidad política con una derecha dura, que posiblemente tratará de resarcirse políticamente de toda incompetencia de Sebastián Piñera en este tema.

Lo peor es que antes de pasar a la administración pura y dura apenas con dos días en el ejercicio del Gobierno, es evidente que uno de los principales problemas del país es el alza delincuencial y de violencia. En un momento en que aumentan los mandos policiales y militares investigados por malversación de recursos públicos, lo que, sin autoridad, puede desatar una crisis de inseguridad social que requiere control anticipado. A ello no ayuda la insistencia de justificar los errores propios ni los titubeos del Subsecretario del Interior.

El gobierno no cuenta con ni una sola institución que esté en condiciones de darle certidumbre y respuestas a pedido de su programa o doctrina de gobierno. Las existentes, son instituciones del Estado y -bueno o malo- es lo que tenemos. Para obtener buenas respuestas, el personal político a cargo debe ser racional, simple y directo; técnicamente avezado y un interlocutor que de confianza a esos servicios armados, los que operan bajo doctrina, son corporativamente, y están aburridos de ser instituciones de ajuste o compensación política.

Está por verse, entonces, si el incidente Siches tensa de verdad la racionalidad del gobierno, y si la trilogía Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conjuntamente con el núcleo estratégico de inteligencia- si es que existe o si el gobierno lo tiene- son capaces de sacar adelante la tarea. Por el momento, puras dudas.