Una bruma como idea política de país

El debate político nacional está empantanado, pese a que el país ya entró, hace rato, en un estado político de transición y cambio. No es falta de ideas, pues las hay muchas, buenas, malas, y otras obvias o mediocres.

El problema es que los vectores ordenadores de esta fase de transición no alcanzan a cuajar en una idea de país, de su desarrollo social y económico, su orden normativo y estructura de decisiones. Independientemente de que gane el Apruebo o el Rechazo en el plebiscito de septiembre, el país ya vive una transición, y todo indica que no hay vuelta atrás.

Lo anterior requiere un Poder Ejecutivo que efectivamente ejerza de gobierno, una oposición que se valide en diálogos y acuerdos y no apueste a un pasado que ya murió, y un oficialismo que no clientelice las instituciones del Estado, y haga efectivamente la contraparte técnica y política del empate parlamentario actual, que no se va a solucionar con la aprobación o rechazo de la nueva Constitución en septiembre de este año.

El tema no es fácil y el tiempo apremia, por lo que estos tres actores debieran abocarse, de manera cooperativa, a los escenarios de la transición, ejercitando del modo más prudente sus respectivos poderes. Lo contrario es apostar al crack institucional y político del país.

La oposición hoy carece de estrategia para este escenario, excepto la negación con altos y bajos decibeles, pero sin ideas transicionales y con una nota de nostalgia y amargura que la inmovilizan. El Poder Ejecutivo, por su parte, tiene enormes dificultades para armar prioridades y manejar la coyuntura.

Para hacerlo, se ve obligado a recurrir a sus promesas programáticas, lo que lo aleja de la realidad inmediata y hace más notorios sus errores primerizos. Y el bloque político oficialista solo se ordena ideológicamente con el gobierno, pero es errático en muchos temas y se desordena en el manejo de los sectores y las políticas públicas, hasta el punto de desmentirse o desautorizarse mutuamente.

A todo lo anterior, se debe agregar una Convención Constitucional, por cierto, legítima y de cambio, que está en su fase final de trabajo, pero que no evita mantenerse como una fábrica de cambios estructurales proyectados al futuro, sin un sentido integrador que cautele los enormes avances que ha logrado.

Pareciera que, desde el punto de vista de la sociología política, es incapaz de ver los acuerdos y fisuras que impregnan transversalmente a la sociedad chilena, y se contenta con las matemáticas simples en fórmulas de mayoría y minoría. Ninguna Constitución exitosa en el mundo se apoya en mayorías ocasionales y arbitrarias.

Dada la carga de leyes futuras que tiene el nuevo texto constitucional conocido hasta ahora, la Comisión de Normas Transitorias se ha transformado en una comisión de contenido y no puramente en habilitadora del plazo de entrada en vigencia de la nueva Constitución. Ello no es defecto de su trabajo, sino desperfecto de la carga previa del texto entregado en la etapa de elaboración.

Algo similar ocurre con la Comisión de Armonización, habida consideración de la dimensión de cambios estructurales, nuevas instituciones y sujetos constitucionales que se crean.

Entonces, es necesario ordenar los discursos y acciones políticas en torno a la coyuntura y las necesidades de gobierno, antes que en la expectativa de triunfo de cualquiera de las opciones, Apruebo o Rechazo. Para decidir sobre esto, todavía falta un tramo importante, aunque corto, del trabajo de la propia Convención.

Pero el país necesita gobierno y acuerdos ahora. Porque la fase transicional de legitimidad y cambio ya está en curso.