Opinión
El discurso mayoritario de los feminismos chilenos de los últimos años se ha enfocado en la violencia de género, denunciando los femicidios, el acoso callejero, violencia en las universidades y en los establecimientos secundarios, a lo que se han agregado otras formas de violencia. Una segunda línea apunta a las carencias en relación con el ejercicio de la sexualidad y las capacidades reproductivas, tanto en la validación de la multiplicidad de cuerpos y experiencias como en la posibilidad de decidir sobre las propias vidas, expresadas en las demandas de aborto legal y educación sexual. A ello se agrega el problema del reconocimiento del trabajo del cuidado no remunerado, que estaba presente en el tema de las huelgas feministas del 8 de marzo y se hizo particularmente evidente durante las cuarentenas producto de la pandemia de COVID. El abordaje bajo una perspectiva interseccional está, en cambio, menos desarrollado. Discursos que logren articular las demandas de género y clase, como las particularidades de las mujeres con doble jornada y precariedad laboral, por ejemplo, o las de las mujeres de los pueblos originarios, o la combinación de estas opresiones con las de las personas de la disidencia sexual, están todavía en construcción.
Estamos en un período en que más de una década de movilizaciones sociales comienza a expresarse en transformaciones institucionales. El estallido social de 2019 fue la culminación de un largo proceso de reconstitución de las actorías colectivas: los movimientos estudiantiles, los movimientos territoriales, contra las AFP, los nuevos feminismos y la diversidad sexual. Todos ellos han expresado el profundo descontento hacia el modelo neoliberal y su institucionalidad restrictiva, cuestionando no solo la falta de democracia en los espacios públicos, sino también en aquellos convencionalmente considerados privados e intocables por las disputas políticas.
El campo feminista tiene una composición notablemente diversa, tanto entre la gente que se manifiesta en la calle, o en sus establecimientos educacionales, como entre quienes no van a manifestarse en la calle, pero que han adoptado el discurso feminista y lo plantean incluso en instancias institucionales y políticas.
Este impacto cultural del discurso feminista es posiblemente su mayor éxito, poniendo en cuestión el patriarcado y su mandato heterosexual, que encasilla y organiza las identidades y relaciones entre los géneros. El campo feminista también está tendiendo a articular discursos y prácticas con las demandas en torno al medioambiente, fundamentalmente, y mundos indígenas. En el contexto de la pérdida del discurso hegemónico del movimiento sindical emergen otras corrientes, como el feminismo y los ambientalismos, que empiezan a reemplazar ese discurso global de comprensión de toda la sociedad. Incluso los feminismos han ampliado el concepto mismo de trabajo, visibilizando los cuidados y las tareas domésticas como real trabajo, que en la combinación con el orden patriarcal capitalista han recaído mayoritariamente y “sin salario y sin horario” en las espaldas de las mujeres.
Los feminismos son un gran discurso, que es coherente para experiencias diversas. Hay uno basal en torno a la igualdad sustantiva de género, pero que contiene problemas también diversos, que reflejan la complejidad de la sociedad donde el orden de género se intersecta con otras opresiones, como la clase, la orientación e identidad sexual, la etnia, vinculada en nuestro caso con los pueblos originarios, la afrodescendencia y con las migraciones, o geográfica, donde el territorio específico que se ocupa define desigualdades brutales en la calidad de vida.
Por consiguiente, las demandas de los feminismos apuntan a problemas que convocan a toda la sociedad. El discurso mayoritario de los feminismos chilenos de los últimos años se ha enfocado en la violencia de género, denunciando los femicidios, el acoso callejero, violencia en las universidades y en los establecimientos secundarios, a lo que se han agregado otras formas de violencia. Una segunda línea apunta a las carencias en relación con el ejercicio de la sexualidad y las capacidades reproductivas, tanto en la validación de la multiplicidad de cuerpos y experiencias como en la posibilidad de decidir sobre las propias vidas, expresadas en las demandas de aborto legal y educación sexual.
A ello se agrega el problema del reconocimiento del trabajo del cuidado no remunerado, que estaba presente en el tema de las huelgas feministas del 8 de marzo y se hizo particularmente evidente durante las cuarentenas producto de la pandemia de COVID. El abordaje bajo una perspectiva interseccional está, en cambio, menos desarrollado. Discursos que logren articular las demandas de género y clase, como las particularidades de las mujeres con doble jornada y precariedad laboral, por ejemplo, o las de las mujeres de los pueblos originarios, o la combinación de estas opresiones con las de las personas de la disidencia sexual, están todavía en construcción.
Todo esto complejiza y enriquece la articulación no libre de tensiones entre quienes participan de las organizaciones de base, autoconvocadas y convocantes, y quienes se expresan también en los partidos políticos, actualmente bastante debilitados y relativamente más porosos a este tipo de demandas, incluso en limitados sectores de derecha. Dentro de los partidos de las nuevas izquierdas las políticas feministas también han sido mucho más de lo que nunca se esperó y en algunos casos se convierten las mujeres en las más legítimas voceras de la totalidad del partido.
Este complejo movimiento enfrenta ahora el desafío de traducir estos éxitos político-culturales de la movilización feminista en los procesos de cambios institucionales: la redacción y aprobación de una nueva Constitución y la instalación de un Gobierno compuesto en buena parte por las y los protagonistas de las movilizaciones de los últimos años. La traducción de la demanda social en transformaciones institucionales es una tarea complicada y desafiante, en particular para quienes la están llevando adelante, más aún en la actual correlación de fuerzas políticas y sociales. Después de dos años de pandemia, en la sociedad chilena la voluntad de cambios sigue presente, pero el cansancio producto de las cuarentenas y la percepción de crisis económica y el aumento de la violencia, pesan en un deseo de que esos cambios ocurran, pero que se recupere también el orden.
Tanto en la Convención Constitucional como en la instalación del nuevo Gobierno ha habido avances en materia de participación e inclusión que son sin duda importantes. En la elección de los y las constituyentes se instaló la noción de la paridad en términos de género, junto con cupos para pueblos originarios. Como resultado, la propuesta de Constitución recoge las principales demandas del movimiento en términos de derechos.
Los gestos del Gobierno también han sido afirmadores de la posición de las mujeres y las diversidades en los espacios del poder. Pero sin duda el mayor desafío estará en traducir esos derechos en políticas públicas que realmente modifiquen la situación de las mujeres y las diversidades sexogenéricas. Sabemos que los mayores costos de la pandemia los han pagado los menos privilegiados; que ha aumentado la pobreza y se pronostica que aumentará aún más. En ese contexto, el Gobierno debería –como se comprometió– abrir espacios para que toda la riqueza y la diversidad de los feminismos puedan expresarse, articularse, y proponer vías para encontrar soluciones sustentadas por las mismas personas que las vivencian.
