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Instituto de Tecnologías Limpias: historia del fraude que intentó traicionar el futuro de Chile Opinión

Instituto de Tecnologías Limpias: historia del fraude que intentó traicionar el futuro de Chile

Guido Girardi
Por : Guido Girardi Vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro. Fundador de Congreso Futuro. Ex senador.
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Es fundamental que, lo más pronto posible, el mayor fondo generado en el país para ciencias se utilice para implementar el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), con el fin de aprovechar al máximo las ventajas únicas que nos da nuestra privilegiada posición geográfica. Y así, con la irradiación solar del norte y la fuerza eólica del sur, generar hidrógeno verde capaz de impulsar, con cero emisiones de CO2, una minería de cobre y litio, elementos fundamentales para el desarrollo de la electromovilidad en todo el mundo.


El fallo de la Corte Suprema que acoge el recurso de protección presentado por rectores de universidades chilenas y anula la adjudicación de la creación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) a un consorcio extranjero, no solo restablece el Estado de Derecho, sino que abre una nueva oportunidad de desarrollo para la ciencia chilena y frustra un aparente intento de fraude por parte de un sector de la derecha chilena que debe ser investigado por el Ministerio Público.

En lo inmediato, lo más lógico es que la millonaria remesa de recursos (US$ 193 millones) sea adjudicada a la Asociación para el Desarrollo del ITL (ASDIT) que agrupa a la Corporación Alta Ley, que reúne a la mayoría de las universidades chilenas: Universidad de Chile, Católica, de Santiago, de Concepción, de Talca, Santa María, UC de Valparaíso, UC del Norte, de Tarapacá, de Antofagasta y Adolfo Ibáñez y empresas mineras, de energía e industriales, más 60 proyectos locales de la zona norte, y que obtuvo una mejor evaluación de tres expertos internacionales contratados para esa labor.

Una decisión que las entonces autoridades de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), encabezadas por su vicepresidente ejecutivo Pablo Terrazas –conocido militante de la UDI– escamotearon burdamente.

Recordemos que, en el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, a partir de las concesiones de litio (royalty) se formó un fondo de US$ 193 millones –el más grande generado en Chile– para fortalecer el ecosistema de ciencia y viabilizar las oportunidades únicas que tiene el país en energías renovables e hidrógeno y minería verde. Para ello, se licitó la creación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), cuyo objetivo último sería crear un chasis de tecnología e innovación, impulsar el desarrollo productivo de una minería de cero emisiones, que provea de cobre y litio a la electromovilidad mundial y producir las energías renovables que, almacenadas como hidrógeno verde, se transformen en el sustituto de los combustibles fósiles a nivel planetario.

A la licitación, convocada por la Corfo, se presentó ASDIT y el consorcio Associated Universities (AUI) –entre sus miembros fundadores hay nueve universidades de EE.UU.– y algunas casas de estudios privadas chilenas, de propiedad de históricos militantes UDI. También llegaron Fundación Chile y Plataforma Fotovoltaica, pero no cumplieron los requisitos previos y quedaron marginadas del proceso.

El informe de los expertos internacionales (julio 2020), que valoraba a las universidades chilenas por sobre el consorcio norteamericano, no satisfizo a las entonces autoridades de Corfo, que optaron por convocar a una nueva instancia evaluativa.

Esa opción no figuraba en las bases. Todo apunta a que fue creada con el fin de cambiar el ganador y quedó conformada por personal de la propia Corfo, como su entonces gerente general Felipe Commentz, y asesores de los ministerios de Economía y Ciencias. Pese a que –según los CV que exigimos desde el Senado– ninguno tenía las competencias necesarias, obviaron la decisión de los expertos y les dieron más puntaje al consorcio extranjero y las universidades privadas chilenas (octubre 2020).

La tercera instancia evaluativa era el Comité de Ministros de Corfo, conformado por los titulares de Desarrollo Social, Agricultura, Hacienda, Economía y Turismo, Relaciones Exteriores y el vicepresidente ejecutivo de la institución, pero la resolución final ya estaba tomada y favorecería al consorcio extranjero. La información se mantuvo en privado… hasta que se filtró.

El 22 de diciembre de 2021, algunos de los rectores de Alta Ley –que forma parte de ASDIT– acudieron hasta el Senado Santiago para manifestarme, como presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, sus preocupaciones por el rumbo del proceso. Me dijeron que ya había un resultado, que favorecía a AUI y que sería confirmado en la reunión del Comité de Ministros Corfo citada para al mediodía del 24 de diciembre… momentos en que el espíritu navideño acapara todo espacio comunicativo. Entre Pascua y Año Nuevo, como señala el dicho popular cuando se quiere que algo no se sepa; que pase piola, diría un joven de hoy.

“Es difícil entender que una propuesta que no incluye a las mayorías de las universidades chilenas, ni a la minería ni al territorio de Antofagasta, como eje de la implementación, haya sido la ganadora”; “No sabemos cuáles fueron las bases de asignación, los procedimientos realizados y los resultados del panel nacional. Nunca fuimos citados a explicar nuestro proyecto”; “Es muy extraño que el conjunto de las mejores universidades chilenas no sea considerado idóneo para llevar adelante este proyecto”, argumentaron el exrector Víctor Pérez (director ejecutivo de ASDIT) y los rectores Ignacio Sánchez (UC) y Ennio Vivaldi (U de Chile).

Mandatado por las comisiones de Minería y Futuro me comuniqué con el vicepresidente ejecutivo de Corfo para invitarlo a la Comisión Desafíos del Futuro el lunes 4 de enero, a las 15.00 horas, para que nos explicara la decisión. La idea era tener un proceso transparente que evitara cualquier duda o sospecha y por eso le pedí formalmente, que, hasta esa fecha, suspendiera la reunión del Consejo y la asignación de la propuesta.

Terrazas fingió aceptar, se comprometió a que con anterioridad a la asignación se reuniría con la comisión del Senado, pero, para nuestra sorpresa, en la mañana de ese lunes 4, en forma apresurada, se reunieron dos ministros y tres subsecretarios, pues los titulares debieron inhabilitarse por tener algún vínculo con las universidades. Lo mismo ocurrió con el vicepresidente de Corfo, quien fue reemplazado por el gerente general Felipe Commentz.

Aunque ninguno contaba con la experticia necesaria, le otorgaron mayor puntaje al consorcio extranjero que a las universidades chilenas. Más tarde Terrazas asistió a la Comisión Desafíos del Futuro, para intentar justificar lo injustificable: haber roto el compromiso e impulsado una decisión «entre gallos y medianoche» (para seguir con la sabiduría popular). Fue duramente cuestionado y le dijimos que este era un «pecado planeado» y que haríamos todo lo posible para que no se concretara.

Al día siguiente, junto a la senadora Yasna Provoste, presidenta de la Comisión de Minería y Energía; Alejandro Guillier, senador por Antofagasta; los diputados Luis Rocafull y Raúl Soto (jefes de bancada PS y PPD), Gabriel Silber (DC) y los rectores Ennio Vivaldi, Ignacio Sánchez, Carlos Saavedra (U. de Concepción); Darcy Fuenzalida (U. Federico Santa María) y la presidenta de la Academia de Ciencias, Cecilia Hidalgo, denunciamos las graves irregularidades en la asignación del mayor fondo (US$ 193 millones) para el desarrollo de las energías renovables y del hidrógeno, anunciamos que acudiríamos a la Contraloría, pedimos una sesión especial del Senado y apoyamos la creación de una comisión investigadora en la Cámara.

La Comisión de Minería, incluidos los senadores Alejandro García-Huidobro (UDI) y Rafael Prohens (RN), solicitó a Corfo “los antecedentes académicos y profesionales” de los integrantes de las instancias evaluadoras nacionales y pedimos un pronunciamiento a la Contraloría, pues el monto asignado son recursos públicos y no dineros privados, como aseguraba Terrazas y el propio Presidente Sebastián Piñera.

La sesión especial del Senado (14 de enero), citada para analizar el tema, se extendió por más de tres horas y toda la oposición firmó un proyecto de acuerdo solicitándole al Presidente Piñera que “declarara desierto el proceso licitatorio e instruya una investigación administrativa para determinar la existencia de irregularidades y eventuales responsables”. La derecha no dio la unanimidad y se debió votar unos días después: fue aprobado por 24 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

Los principales argumentos del documento apuntan a que se trata de “dineros públicos”, pues provienen de un contrato de arriendo entre Corfo y SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama, por lo que debió “someterse a la Contraloría General de la República (CGR)”, lo que implicaría “un vicio de origen”.

La Cámara de Diputados creó una Comisión Investigadora y evacuó un informe, aprobado en abril de este año por 122 a favor, dos en contra y 21 abstenciones, donde figuran conflictos de intereses, decisiones de Estado adoptadas por inexpertos y aspectos poco claros. Recomienda dejar sin efecto la adjudicación, realizar un nuevo proceso de licitación y derivar los antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público.

Creemos que es muy importante que la Fiscalía indague, porque en diciembre de 2020, con las propuestas ya presentadas y evaluadas, se modificó la cláusula decimoquinta del contrato original y de los US$ 193 millones se estableció un máximo de US$ 142 millones, que era el monto solicitado por AUI, lo que dejó US$ 51 millones de libre disposición y poco claro destino.

De manera paralela, los rectores de las universidades birladas presentaron un recurso de protección. La Corte de Apelaciones declaró inadmisible la acción judicial, pero fue acogida por la Corte Suprema, la cual determinó que el doble rol jugado por el gerente general de Corfo, Felipe Commentz (en la Comisión Evaluadora y en el Consejo de Ministros), es una “irregularidad manifiesta (…) lo que impide reconocer la legitimidad necesaria” al procedimiento.

Las actuales autoridades de Corfo ya dijeron que acatarán “la sentencia judicial”, pero lo importante es que, a la brevedad, se evalúe si es posible adjudicar los recursos al consorcio de universidades chilenas –tal como sugirieron los expertos– o si se llama a un nuevo proceso de licitación.

Es fundamental que, lo más pronto posible, el mayor fondo generado en el país para ciencias se utilice para implementar el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), con el fin de aprovechar al máximo las ventajas únicas que nos da nuestra privilegiada posición geográfica. Y así, con la irradiación solar del norte y la fuerza eólica del sur, generar hidrógeno verde capaz de impulsar, con cero emisiones de CO2, una minería de cobre y litio, elementos fundamentales para el desarrollo de la electromovilidad en todo el mundo.

Asimismo, Chile podría abastecer de HV2 a buena parte del planeta y, con ello, ayudar a erradicar el uso de combustibles fósiles y salvar de la crisis climática a toda la humanidad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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