La desorientación estratégica de la inteligencia del Estado

“Chile vive el peor momento de inseguridad en su historia”. Estas palabras no pertenecen a un apologista de la oposición, sino que al actual subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Las preguntas lógicas son: ¿y cómo llegamos a esto? y ¿qué hace el Gobierno para evitarlo?

Pero no existen respuestas convincentes y el país está desconcertado. 

El Gobierno solo ha tenido reacciones ante algunos hechos puntuales, como la ampliación de querellas anteriores o presentando otras nuevas, pretendiendo pasarle la responsabilidad a un Ministerio Público incapaz; como si con eso agotara su quehacer. Las principales autoridades del ramo una y otra vez insisten explícitamente en que la solución debe darla el sistema de Justicia.  

Olvida el Gobierno (¿o quiere ignorar?) que la administración de las medidas de inteligencia, coordinación y fuerza que se requieren para controlar la seguridad, dependen directamente del Poder Ejecutivo. 

El uso eficiente de los instrumentos del poder nacional, como las policías y las Fuerzas Armadas, que –insistamos– son resorte del Gobierno, se gestionan con algo que el país hoy realmente no tiene y que es urgente construir: inteligencia analítica de seguridad, que exponga a las autoridades el menú de opciones viables, para que pueda actuar con información y profundidad. El sistema de inteligencia del país, ANI incluida, no está dando el ancho, desde hace muchos años.

Pero también se requiere de voluntad y capacidad de hacer, lo que el Gobierno, hasta ahora, no ha tenido. Ello no es algo exclusivo del desorden actual, sino que la estructura gubernamental en Chile no ha contemplado un mecanismo adecuado, ni admitido que requiere de inteligencia y de capacidad ejecutiva en temas de seguridad. Es una deficiencia estructural en el ejercicio del poder, en el cual el gobernante no recibe los consejos que necesita y no posee el soporte para la acción que requiere.

Todo país tiene funciones gubernamentales cuya institucionalidad trasciende, en materia de políticas, la temporalidad programática de los gobiernos. Las tiene en materia de funcionalidad macroeconómica y también en Seguridad y Defensa. Un Estado en forma no cambia a cada momento sus orientaciones de seguridad, actúa con prudencia y adopta rectificaciones que lo alejen de criterios de discrecionalidad ideológica, ante la vigencia de orientaciones básicas del Estado democrático. Pero debe proveer de manera eficiente, y desde el primer día de cada Gobierno, la seguridad pública y preservar la integridad del Estado. La continuidad en estas materias no es una muestra de debilidad, sino un requisito de estabilidad para la Seguridad del Estado.

Las apreciaciones críticas de los intereses nacionales que requieren modificarse, se hacen a base de lecciones aprendidas, en períodos largos, y con ellas se definen y afinan los cambios, buscando no lesionar las rutinas de funcionamiento y control de las instituciones respectivas, pero resolviendo los problemas. 

Ante situaciones excepcionales, como octubre de 2019, de hechos o datos imprevistos que alteran las rutinas de control, se requiere también de revisiones excepcionales de los procedimientos, para determinar la envergadura de la amenaza o la alerta no prevista. Es el momento de la verdad del trabajo de los servicios de inteligencia y también de la voluntad y capacidad del Gobierno en ejercicio. En estas situaciones, los servicios armados del Estado, sus mecanismos de inteligencia y el poder político central, deberían operar como un Sistema, que someten los hechos y elaboran los cursos de acción posible, de manera rápida, oportuna, simple y directa. 

Lo que hoy pasa en el país, con un desborde de la violencia y la inseguridad y un Gobierno pasmado, demuestra que Chile no tiene un sistema de esa naturaleza. El descontrol de la información y la evidente descoordinación de las autoridades, incluso entre ellas y sus policías y servicios armados, indican que no existe tal sistema y que la coordinación es nula.

Los hechos de violencia que se suceden día a día en el país muestran que tanto la inteligencia de política criminal del Estado como la de su seguridad nacional sobre la integridad legal y política del territorio, están excedidas por la realidad, y el Gobierno, desorientado y paralizado. 

Los hechos anómalos de violencia criminal maduran a extraordinaria velocidad y complejidad, mientras las policías y la persecución penal van a la zaga. Los actos de insurrección armada de pequeños pero agresivos grupos protoinsurgentes mapuche, solo reciben respuestas de admonición y promesas de diálogo político, sin ninguna acción de control y sanción clara. 

Es inútil pretender reconstruir la historiografía de los servicios de inteligencia que han funcionado durante 30 años de democracia, como parece intentarlo el Gobierno, con las nuevas contrataciones en la ANI. Porque durante todo ese tiempo se careció de la voluntad política de sustraerse a consideraciones ideológicas, y, ejerciendo una diplomacia administrativa, el Estado decidió que no necesitaba inteligencia, abdicando del uso de los instrumentos que legítimamente le entrega un Estado democrático.

Hoy, la inteligencia policial criminal y la inteligencia de seguridad exterior están bloqueadas o desactualizadas. Peor aún, a la ineficacia policial, se suma la omisión de la inteligencia exterior de someterse a una coordinación esencial con el resto de los servicios, para evitar que el país se vea manipulado por poderes transnacionales de cualquier naturaleza, en ámbitos tan importantes como el manejo económico y el control de sus puertos y vías marítimas, por ejemplo. 

Una solución positiva requiere voluntad de gobierno. Es decir, un principio de orden y coordinación que emerja desde La Moneda, quizás un comité especial de seguridad publica dirigido por gente que entienda el problema, y un Presidente de la República con voluntad de actuar e impedir que el país se fraccione o termine corporativizado por bandas criminales, poderes locales disolventes, e incapacitado de mantener su unidad y su prestigio internacional.