“Una que nos una”… la ilusión de la unidad

En esta crucial coyuntura política en la que estamos por decidir el marco constitucional que nos podría regir por las próximas décadas, hay quienes apoyan la opción del Rechazo arguyendo que el texto elaborado por la Convención Constitucional divide a Chile y que, por tanto, necesitaríamos una Constitución que nos una. “Una que nos una”, es el alegato de estos ciudadanos. Su deseo de unidad nacional se manifiesta fundamentalmente en el rechazo a la propuesta de plurinacionalidad de la propuesta. Se ha dicho que esta destruiría al Estado, que nos dividirá irremediablemente, incluso algunos osadamente han señalado que es una propuesta «racista». Considero que es fundamental responder algunas de estas afirmaciones desde un punto de vista histórico, simplemente para precisar algunos puntos de la discusión.

En primer lugar, resulta fundamental responder esta afirmación sobre el racismo. Es erróneo y casi ofensivo que se diga que la propuesta de plurinacionalidad es racista. Racismo es lo que define a una serie de prácticas que buscan diferenciar grupos humanos en función de una supuesta naturaleza o esencia entre grupos. El racista es quien cree ser parte de un grupo superior y aborrece a los que cree inferiores porque los considera peligrosos, repugnantes, etc. El racismo, por lo tanto, se define por los discursos y prácticas cuyos objetivos son mantener esas jerarquías entre grupos humanos. Al contrario, la política de la plurinacionalidad busca remediar el racismo histórico a través de una política del reconocimiento. Por lo tanto, la propuesta constitucional reconoce que hay grupos dentro de la sociedad chilena que no han sido considerados iguales al resto de los chilenos y se declara que esos grupos tienen el derecho de asumir su identidad reconocida por el Estado.

Vale señalar que una Constitución no debería aspirar a unir a la sociedad, debe transformarse en un marco de convivencia legitimado democráticamente. La plurinacionalidad es un avance en la convivencia, contrario a lo que señalan desde el Rechazo. Esto, porque reconoce que hay grupos excluidos históricamente y que pueden asumir su condición de pueblo dentro del marco jurídico del Estado chileno. El Estado chileno, así como todos los Estados modernos, se construyeron sobre la base de la exclusión de algún grupo; reconocer aquello es un avance en la convivencia nacional. La unidad que algunos quieren no se logra haciendo oídos sordos a los racismos históricos de Chile.

La política de reconocimiento de la propuesta constitucional no se agota ahí, la paridad de género y el derecho al cuidado que están plasmados en la propuesta constitucional se hacen cargo de deudas históricas del Estado chileno.

La unidad es una ilusión porque nunca hemos estado unidos, lo que nos unió fue la imposición de un orden. El orden es deseable, se requiere orden para la vida en sociedad. Si bien ninguna sociedad es estática, siempre están en movimiento, siempre dinámicas, las sociedades requieren que los sujetos sientan estabilidad. El problema es que siempre hay grupos perjudicados en el proceso de construcción de orden. Ya sean las clases populares, los pueblos originales o afrodescendientes, históricamente hay algún grupo excluido de la toma de decisiones, de la cultura nacional o de los privilegios del mismo orden. Difícilmente una Constitución puede unir lo que ha estado desunido. La propuesta constitucional al menos reconoce las diferencias y les da potestad a quienes han sido históricamente perjudicados de asumir su identidad reconocida por el Estado.

Será labor de las fuerzas políticas, democrática y transparentemente, ver si se deben dar reformas a la propuesta, pero el marco de convivencia, con las garantías de derechos y la plurinacionalidad, hacen de la propuesta constitucional un marco de convivencia razonable y auspicioso.

Las críticas a la performance de la Convención son legítimas, pero no debemos olvidar que esta fue electa democráticamente, con presencia de escaños reservados para pueblos originarios y con paridad de género; difícilmente otro órgano pueda darle mayor legitimidad democrática a una propuesta constitucional. Algunos proponen que, de ganar el Rechazo, sea un comité de expertos el que se aboque a redactar una nueva propuesta, otros hablan de que sea el Congreso. El problema de ambas propuestas es que ninguna tendrá mayor legitimidad democrática que una asamblea compuesta y elegida por la ciudadanía.

Recordemos que estamos en este momento constitucional luego de un estallido social que impugnó al orden constitucional y la configuración de nuestra democracia. Requerimos legitimidad democrática y de una política robusta de reconocimiento que logre comenzar a subsanar las deudas históricas del Estado chileno. La plurinacionalidad, la paridad y el derecho al cuidado, que están en la propuesta constitucional, se hacen cargo de esa necesidad. Alegar por mayor unidad sin contemplar estas políticas, sería solo una ilusión de unidad.